Los poderes públicos y el abandono de las cuestiones sociales

El fuego arrasa miles de hectáreas en la mayoría de las Comunidades, poniendo de manifiesto el abandono del campo, determinado en sus líneas más generales por las medidas reaccionarias de la Política Agraria Común, que financia a los terratenientes contra los derechos de quienes trabajan en el campo.

El abandono estructural del campo, las altas temperaturas, la falta de retenes forestales y bomberos rurales, la falta de limpieza y cortafuegos, los incendios provocados por intereses especulativos…, todo ello se combina para que el fuego descontrolado arrase ya, en estos momentos, más de 60.000 hectáreas. Allí donde el abandono rural es mayor, el desastre es más importante; y ese es el caso de Castilla y León. Un bombero leonés expresaba así su indignación: “No se da abasto, no hay suficientes cuadrillas para tantísimos fuegos”.

El desastre viene planificado por políticas de la Unión Europea y de Estado, que abandonan la defensa del campo en beneficio de gastos militares. Los trabajadores del sector, a los que se expone al fuego sin los medios necesarios y sin el personal adecuado, insisten en la necesidad de que haya un operativo trabajando todo el año para prevenir las catástrofes de los meses de julio y agosto de todos los años.

El abandono planificado del campo tiene consecuencias catastróficas, a lo que hay que añadir el abandono de todo lo social, ocultado con un falso debate acerca de qué administración del Estado es la competente para tal o cual asunto. Eso viene sucediendo con el tema de los inmigrantes, y con mayor incidencia con los menores no acompañados. Hasta el Tribunal Supremo terminó ordenando al gobierno la adopción de medidas urgentes para la protección de esos menores y la ilegalidad de las devoluciones en caliente.

El tema de las personas sin hogar, de quienes malviven en las calles, ha crecido y se ha multiplicado a falta de políticas sociales. Conocemos el reciente conflicto de competencias entre instituciones acerca de las personas que pernoctan en aeropuertos, como es el caso del aeropuerto de Madrid-Barajas. El presidente de Aena, entidad del Ministerio de Transportes, se dirigió al Ayuntamiento de Madrid para que “como administración pública competente”, atienda a las personas sin techo que viven o pernoctan en las instalaciones del aeropuerto de Barajas. Mientras, el Ayuntamiento de Madrid se quitaba el problema de encima, diciendo que “lo que está pasando depende de varios ministerios, de Interior y de Migraciones”. La división de competencias entre administraciones no puede ser entendida en ningún caso como una excusa para violar derechos fundamentales de la población. Tanto las administraciones locales, como regionales y estatales, tienen competencias para impedir que más de 60.000 personas vivan en las calles. Y esas competencias deberían coordinarse a partir de la administración central del Estado, del que depende la coordinación institucional: Ministerios de Derechos Sociales, Inclusión, Política Territorial. De manera que las competencias de las administraciones del Estado, establecidas por las leyes, no se conviertan en obstáculo insalvable a la hora de violar impunemente derechos reconocidos.

La situación política internacional depende en buena medida de los acontecimientos de la antigua Palestina, donde las políticas de hambre y bloqueo del Estado de Israel se combinan con los ataques armados a la población indefensa. Por ello, acabar con el bloqueo se ha convertido en la cuestión de cuestiones de la solidaridad internacional con Gaza. Para intentar frenar los crímenes de Netanyahu, se presentaron demandas contra él y sus principales colaboradores ante la Corte Penal Internacional, por presuntos crímenes de lesa humanidad, bajo el principio de justicia universal. Y ha sido la CPI quien ha dictado orden internacional de arresto, que hasta ahora no ha tenido efecto, sobre todo, por el apoyo de EEUU y otras potencias al régimen israelí. En el momento en el que Israel se propone lanzar la ofensiva definitiva de deportación de toda la población de Gaza, la cuestión del bloqueo y la progresión de las denuncias presentadas adquieren su mayor importancia.

La justicia israelí tiene imputado a Netanyahu por delitos de soborno, fraude y abuso de confianza sobre asuntos internos de la política israelí; pero se niega a colaborar con los procedimientos de justicia internacional por graves delitos de guerra y genocidio, y no reconoce la jurisdicción del CPI al no ser Israel parte del Estatuto de Roma; por lo cual ha establecido la total impunidad de los jefes políticos y militares, que tienen cientos de graves denuncias. En el primer año de guerra, sólo unos 15 soldados fueron acusados de “crímenes en el campo de batalla”. La pasividad y la complicidad de la Fiscal General y del Mecanismo de Búsqueda de Hechos y Evaluación -organismo destinado a la investigación judicial- ha puesto de relieve que la justicia israelí permite actuar criminalmente al gobierno Netanyahu. Además de la ausencia total de justicia, el ataque de las tropas israelíes contra el pueblo palestino, se ha cobrado el asesinato de cerca de 250 periodistas desde octubre de 2023, poniendo de relieve su intento de evitar el ejercicio de la libertad de prensa. El uso de chalecos y vehículos identificados como “press”, lejos de garantizar la protección de los periodistas, les convierte en un verdadero objetivo de las fuerzas israelíes. Los periodistas independientes y “freelances” son objetivo especial al no contar con protección alguna de algún gran medio. Los ataques criminales contra periodistas tratan de impedir que se conozca la verdad, reprimiendo criminalmente el derecho a la libertad de expresión.

Ante la eventual visita de Netanyahu a Argentina, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, han presentado denuncia judicial para solicitar la detención del primer ministro israelí, sustentada en la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) el 31 de noviembre 2024. Los denunciantes exigen que se aplique el principio de extraditar o juzgar, para que sea entregado a la CPI o juzgado en Argentina por los delitos imputados; destacando que la denuncia reafirma “el compromiso con la justicia internacional y el cese de la impunidad frente a violaciones masivas de derechos humanos”.

En todas partes la lucha contra la guerra y el genocidio se reafirma en sus objetivos generales; y se concreta en la necesidad internacional de romper el bloqueo del pueblo palestino por el Estado de Israel y sus cómplices. Millones de trabajadores y jóvenes a lo largo del mundo se han puesto en pie para defender al pueblo palestino y los pueblos de Oriente Próximo, sometidos al sionismo y el imperialismo. Ahora toca frenar a Netanyahu y Trump, y su intención de deportación masiva de la población de Gaza. Toca mantener la movilización hasta el fin de la guerra, apoyar la flotilla de barcos de apoyo que saldrán el próximo día 31 desde puertos españoles, que cruzarán el Mediterráneo en dirección a Gaza. Y, sobre todo, es hora del boicot a las armas y productos israelíes; y nada mejor que la huelga de puertos y aeropuertos, como ya ha sucedido de manera puntual en Grecia, en Italia, en España…

Las organizaciones sociales y democráticas, que desde el primer día de la guerra se han movilizado en solidaridad con el pueblo palestino en Gran Bretaña, se han destacado por su masividad, por la ayuda prestada a cientos de miles de manifestantes a tomar las calles. Su demanda principal, ¡Políticas sociales, no políticas de guerra!, ha prendido en el ánimo de la población que, pese a la represión, sigue llenando las manifestaciones.

Organizaciones como “Momentum”, y dirigentes sociales y políticos, como los diputados Jeremy Corbyn y Zarah Sultana y otros muchos, contribuyen a expresar políticamente la necesaria reorganización sobre bases independientes, mediante la proclamación el próximo mes de noviembre de un nuevo partido socialista en Gran Bretaña, que aborde la lucha contra la guerra y la crisis financiera mundial.