Las supervivientes del Patronato de Protección de las mujeres exigen ¡Verdad, Justicia, Reparación!

 

¡Verdad, justicia, reparación! es la reivindicación que las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, y un cada vez más amplio número de personas expertas e investigadoras, vienen formulando ante diferentes instancias, incluida la Secretaría de Memoria Democrática. Y ¡Verdad, justicia, reparación! fue la contestación reivindicativa que durante largos minutos sonó fuerte y clara, en la voz de esas supervivientes, en el acto convocado por la Confederación Española de Religiosos (CONFER), que reúne a las órdenes religiosas de España, entre ellas, las agrupaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección a la Mujer, el pasado 9 de junio, con el propósito de pedir perdón en público.

Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para los muchos miles de mujeres que sufrieron represión en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, puesto en marcha por decreto de 6/11/1941, en funcionamiento hasta su disolución por Real decreto de 1/8/1985, aunque sus competencias fueron transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas entre 1981 y 1986. El Patronato fue un organismo oficial que, durante más de cuarenta años, tuvo la máxima potestad para controlar la sexualidad de las mujeres y para detener y encerrar, sin juicio ni sentencia, a mujeres de entre 16 y 25 años, por comportamientos o situaciones vinculadas a la «moral sexual», que no constituían motivo de persecución para los hombres. Un organismo oficial que ejerció sus funciones a través de una multitud de centros, regentados en su práctica mayoría por diferentes órdenes religiosas.

Las monjas reeducadoras aplicaban una «pedagogía correccional» basada en aislamiento, incomunicación, castigos, humillaciones, trabajo forzado, del que se aprovecharon diferentes empresas

El Patronato de Protección a la Mujer ejerció su función de represión y castigo, en una perfecta alianza entre el régimen franquista, representado por los diferentes miembros de la Junta Nacional y las Juntas Provinciales, presididas por los Gobernadores civiles correspondientes, y la Iglesia católica, a través de las monjas reeducadoras que eran las encargadas directas de aplicar la «pedagogía correccional», basada en aislamiento, incomunicación, castigos, humillaciones, trabajo forzado, del que se aprovecharon diferentes empresas, e imposición de prácticas religiosas.

En los centros maternales del Patronato de Protección a la Mujer, entre los que  destaca la Maternidad de Nuestra Señora de la Almudena, situada en Peña Grande (Madrid), en funcionamiento entre 1955 y 1984, y regentada, primero por las Esclavas de la Virgen Dolorosa (hasta 1972) y posteriormente por las Cruzadas Evangélicas (hasta que fueron sustituidas por personal seglar poco antes de su cierre), se aplicó a las jóvenes solteras embarazadas encerradas en los mismos un maltrato sistemático durante el embarazo y el parto, que podemos calificar de violencia gineco-obstétrica. Además, se procedió a chantajear emocional y psíquicamente a las internas para que aceptaran entregar a sus criaturas en adopción, por lo que estamos hablando de «adopciones forzadas», práctica que ha sido motivo de denuncia en otros países. Y, en aquellos casos en que las jóvenes se resistieron a la entrega de sus criaturas, se practicaron secuestros de bebés, tras decirles que habían fallecido en el parto o inmediatamente después. Un modus operandi similar al utilizado en las sustracciones de bebés que se llevaron a cabo en clínicas y hospitales públicos y privados hasta los noventa.

Las jóvenes solteras embarazadas y encerradas en el Patronato sufrieron un maltrato sistemático durante el embarazo y el parto. Allí se practicaron «adopciones forzadas» y secuestros de bebés

Por todo ello, es preciso afirmar que, en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, organismo oficial del Ministerio de Justicia, regentados por órdenes religiosas, se procedió a una sistemática violación de derechos humanos de las jóvenes internadas y, en el caso de las embarazadas, de sus hijas e hijos.

No basta, pues, con actos simbólicos de petición de perdón. Es exigible la puesta en marcha de un auténtico proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para ejercer justicia y aplicar esquemas de reparación que respondan a las necesidades y derechos de todas las personas afectadas es necesario comenzar con la verdad. Verdad implica justicia epistémica, es decir, escucha atenta y respetuosa a las represaliadas, sin victimizarlas y respetando su intimidad. Verdad implica la puesta en marcha de una comisión de investigación interministerial, oficial e independiente, financiada con fondos públicos, de la que formen parte supervivientes y personas expertas para llevar a cabo una investigación exhaustiva, que requiere la puesta al día de los fondos en todos los archivos públicos y la apertura de los archivos de las órdenes religiosas. Sólo tal investigación exhaustiva podrá conducir a la asunción de responsabilidades y al establecimiento de distintas formas de reparación y mecanismos que faciliten el acceso de las supervivientes (incluidas hijas e hijos u otros familiares afectados) a las mismas.