50 años de franquismo coronado

 

      El Gobierno de coalición preparaba cien actos en el 50 aniversario de la muerte del dictador, y se quedó varado en el primero de ellos, el celebrado el 8 de enero en Madrid. El monarca huyó ante la reivindicación republicana de Mauthausen; las comunidades del PP y Vox establecieron “leyes de concordia” contra la demanda de justicia; el Senado prohibió hablar de Franco; la Comunidad de Madrid declaró la guerra a las demandas memorialistas. Partidos e instituciones del régimen expresan sus posiciones franquistas y bendicen la dictadura como “una etapa de progreso y reconciliación”, promotora de la Ley de Sucesión, que “trajo la democracia”.

La campaña de la desmemoria del Gobierno partía de la falsedad histórica de que “hace 50 años que España comenzó a caminar hacia la libertad” (“España en libertad”), a lo que más de una víctima de la represión franquista tuvo a bien responder con los versos finales de los Cantares de Antonio Machado: “Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”.  La fracasada campaña del Gobierno venía a obviar que los planes de la dictadura se impusieron por los pactos y consensos contra los trabajadores y pueblos, frustrando sus aspiraciones de soberanía republicana, escondiendo la existencia misma de la Segunda República y la masacre de la guerra desatada por la alianza militar y criminal de Franco, Hitler, Salazar y Mussolini.

Pretendía la campaña profundizar en la confusión política, tratando de asociar monarquía y democracia, ocultando la existencia de tres millones de víctimas, y el hecho fundamental de haber robado al pueblo la República del 14 de abril. Ni una sola víctima de la guerra, de la dictadura y de la transición monárquica ha conseguido la debida protección política y judicial, en tanto que se han establecido leyes de consenso con los franquistas para prolongar la impunidad. Como es el caso de la Ley de Amnistía de 1977, de la Ley de Secretos Oficiales y de las mismas leyes de Memoria de Zapatero y Sánchez, que han levantado un muro legal de olvido e impunidad de Estado, haciendo suya la sentencia del Tribunal Supremo que apartó a Garzón de la judicatura y condenó a las víctimas del franquismo.  En el acto de campaña celebrado en el Centro de Artes Reina Sofía se llevó a cabo la persistente ocultación de las violaciones y crímenes del franquismo, sin hacer mención alguna de los tres millones de víctimas sin justicia.

La operación política de la Transición (del franquismo al franquismo coronado), diseñada en lo esencial por el Departamento de Estado norteamericano, vino a preservar lo fundamental del Estado de la dictadura y los privilegios de las familias franquistas, reinstaurando el poder y privilegios de los Borbones, que habían sido expulsados en 1931. Se enajenó para ello toda independencia de clase de sindicatos y partidos obreros, con pactos y consensos -como los de la Moncloa-, que permitieron imponer una Constitución contraria a la voluntad popular. Desde entonces, ningún gobierno, sea del color que sea, ha sido capaz de devolver a los pueblos el derecho a decidir sobre sus destinos, con una consulta democrática sobre monarquía o república.

Las reiteradas crisis de corrupción del régimen, que afecta a sus principales partidos e instituciones, se han superpuesto de hecho al fracaso evidente de la campaña de “50 años de la muerte de Franco”, que no pretendía sino falsear la historia, evitando la derogación de las leyes de impunidad y reprimiendo las demandas de justicia y reparación. Y todo para mantener el régimen de la monarquía como si de un régimen democrático se tratara. La monarquía y la corrupción tienen una muy íntima relación histórica. Ya Valle Inclán decía de Alfonso XIII que cayó “más por corrupto que por rey”, como también lo podemos decir de Juan Carlos de Borbón.

En reciente comparecencia pública, el presidente del Gobierno ha realizado balance político del semestre, señalando que “España avanza con fuerza…, pero queremos más impulsó”. Un discurso repleto de datos económicos unilaterales, que sólo hacen referencia interesada a los beneficios de bancos y las grandes empresas, que baten récords, obviando las dificultades diarias de trabajadores y jóvenes, y la pobreza salarial. Sánchez, a preguntas de periodistas, se comprometió a que, después de dos años sin presupuestos, va presentar unas nuevas cuentas generales para el año 2026.

Ante la posibilidad de que el Gobierno presente una nueva Ley de Presupuestos, los partidos aliados le han indicado que lo primero que debe hacer es “cumplir lo acordado”; denunciando que los acuerdos, a los que se compromete el gobierno, son incumplidos reiteradamente. Esa es la posición de fuerza, tanto de Esquerra Republicana (ER) y Junts per Catalunya, como también del PNV. Habría que comenzar por constatar, tanto en referencia a los Presupuestos Generales, como en general a las iniciativas del Gobierno, que le pierde el intento reiterado de dar gato por liebre a todo el mundo. Después de dos años ha logrado romper la mayoría de la investidura lograda el 23-J; mayoría sobre la que se asienta el Gobierno y no parece que pueda recomponer. Buena parte de sus movimientos están agotados; por ello sus aliados le exigen un giro social claro, y otros, un giro político a la izquierda. Lo cierto es que el Gobierno ha perdido la poca iniciativa política que ha tenido, y está metido en una verdadera encrucijada política e institucional, que llena de dudas a los partidos y a los ministros del gobierno, que prefieren dejar todo para septiembre.

Las cosas no se arreglan solas. La financiación singular de Cataluña, y la no efectividad de la amnistía para los promotores del referéndum republicano, incluida la demanda de la vuelta de Puigdemont a Cataluña, aparecen claramente como cuestiones previas a los Presupuestos Generales del Estado. Igual sucede con las exigencias de Podemos, BNG, PNV, Bildu, que demanda la derogación de la Ley mordaza, y otros la ruptura con los planes de rearme y guerra, la salida de la OTAN y otras justas exigencias.

La crisis política e institucional del Gobierno afecta en particular a la cúpula del PSOE, pero paraliza a sus socios de gobierno y de coalición, y por extensión a todos los que le sostienen en el gobierno. También, y de otra parte, a quienes solo pretenden sacarlo de la Moncloa mediante campaña de acoso y derribo, que ahora llevará a los tribunales al fiscal general del Estado, amenazando directamente a Sánchez.

Hay que entender que estamos en presencia de una crisis de régimen de la que no se salva nadie. Tanto sus socios, como quienes sostienen su gobierno de coalición y sus políticas, que tienen su origen en la Unión Europea y en la OTAN, han visto decrecer sus expectativas de voto ante la ofensiva reaccionaria. De este hecho deviene la propuesta de Gabriel Rufián, “acerca de la necesidad de configurar un espacio de izquierdas con carácter plurinacional, puesto que se encuentra huérfano por la debilidad de Unidas Podemos y, después, de Sumar”.

El portavoz de ERC hizo referencia a la coalición en las elecciones al Parlamento Europeo, “Ahora Repúblicas”, una coalición entre ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més, planteando la necesidad de una alianza alternativa. La política de alianzas es una necesidad que va más allá de lo electoral, y se trata de encontrar una salida democrática al régimen del 78, es decir, las formas y contenidos de la ruptura con la Monarquía. Pero las alianzas también incumben a los millones de votantes socialistas.

El reciente acuerdo comercial, por el que la burocracia de Bruselas se somete a los dictados de Trump y a la deriva de la oligarquía norteamericana, va más allá de la   imposición unilateral de aranceles, pretendiendo el vasallaje de los pueblos a la política de rearme, guerra y ajuste económico. Rechazar el vasallaje a Trump es negarse a “respaldar el acuerdo sin ningún entusiasmo”, que Sánchez acaba de admitir.