"Fraga no es nuestro hijo": víctimas del franquismo exigen retirar honores al ministro del franquismo

"Fraga no es nuestro hijo": víctimas del franquismo exigen retirar honores al ministro del franquismo / Ernesto Gutiérrez 

"En Galicia sigue librándose una batalla política y simbólica por la memoria" 

Aunque hace más de 40 años que cayó la dictadura franquista, en Galicia se sigue rindiendo homenaje a uno de sus pilares ideológicos: Manuel Fraga. Una nueva campaña promovida por presas políticas y familiares de víctimas exige acabar con esta herencia de impunidad y restaurar la memoria democrática.

En Galicia, medio siglo después del fin de la dictadura franquista, sigue librándose una batalla política y simbólica por la memoria. Un ejemplo de ello es la creciente presión social e institucional para retirar los honores concedidos durante el franquismo al que fuera uno de sus principales ministros y posteriormente presidente fundador del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne.

Galicia ya ha comenzado a eliminar sus distinciones franquistas

Desde 2019, diversos municipios gallegos como Ferrol, Cedeira y Cariño han acordado eliminar distinciones honoríficas otorgadas a Fraga durante su etapa como funcionario clave de la dictadura. El Concello de Ferrol fue el primero en tomar la iniciativa en abril de 2019, revocando el título de Hijo Adoptivo concedido a Fraga en 1965. A esta decisión le siguieron las de Cedeira, que retiró el mismo título en 2020 y renombró la avenida Manuel Fraga como “Fraternidade”, y la de Cariño, que en febrero de 2025 también eliminó su nombre del callejero.

Estos cambios no son fruto de la improvisación. Se enmarcan en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que obliga a todas las instituciones públicas a suprimir símbolos, distinciones y referencias que exalten la dictadura franquista. Según esta ley, ningún representante de ese régimen puede seguir gozando de honores públicos en democracia. 

La Coruña: una deuda pendiente con la verdad histórica

Sin embargo, en A Coruña, donde en mayo de 2019 el Pleno municipal acordó iniciar el expediente para retirar a Fraga el título de Hijo Adoptivo concedido en 1968, la medida sigue sin aplicarse. Seis años después, el título sigue vigente, provocando indignación entre asociaciones memorialistas, víctimas del franquismo y sectores sociales que exigen una verdadera ruptura con el legado simbólico de la dictadura. 

En este contexto, mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el colectivo de presos políticos de Galicia durante el franquismo ha lanzado un nuevo manifiesto titulado "NON QUEREMOS A MANUEL FRAGA COMO FILLO ADOPTIVO". El texto, firmado también por 24 familiares de represaliados tras el golpe militar de 1936 en la comarca de A Coruña y por 77 figuras representativas de la sociedad civil —entre ellas docentes, sindicalistas, periodistas, artistas y profesionales de diversos campos—, exige la culminación del proceso de retirada de honores a Fraga.

Fraga, representante del aparato ideológico de la dictadura 

En el manifiesto se denuncia que Fraga no solo recibió el título de Hijo Adoptivo de A Coruña en plena dictadura, sino también otros reconocimientos institucionales en la provincia: fue nombrado Hijo Adoptivo de la Provincia por la Diputación de A Coruña en 1965, recibió la Medalla de Plata en Betanzos en 1966 y da nombre todavía a una avenida en esa localidad.

El comunicado destaca que Manuel Fraga tuvo una prolongada militancia fascista, afiliándose a la Falange en 1937 y ocupando múltiples cargos durante la dictadura franquista: fue Delegado Nacional de Asociaciones de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, consejero del Movimiento, miembro del Consejo Nacional de la Falange, procurador en Cortes franquistas y ministro de Información y Turismo (1962–1969), cargo desde el que jugó un papel crucial en la censura y represión política. Además, como recuerda el manifiesto, fue uno de los fundadores de Alianza Popular, antecedente directo del Partido Popular.

Los firmantes subrayan que “ningún ministro de Franco puede seguir manteniendo distinciones honoríficas por los servicios prestados a una dictadura criminal, que fue calificada como fascista por la ONU en 1946”. La ofensiva memorialista se produce, además, en un contexto de creciente agresividad ideológica por parte de fuerzas de derecha y ultraderecha que reivindican el legado franquista y atacan las políticas de memoria democrática.

El comunicado hace referencia explícita a este peligro:

Asistimos a unha ofensiva das forzas da dereita e ultradereita, todas con raíces franquistas, que poñen en perigo a democracia e as conquistas sociais”. Frente a esta regresión, el manifiesto se sitúa como una iniciativa de resistencia democrática y una exigencia de justicia histórica.

El control de la memoria como disputa por la hegemonía

 La lucha por la memoria forma parte de la disputa ideológica sobre el relato del pasado y su función en la legitimación del presente. Las clases dominantes siempre han buscado utilizar la historia como un instrumento de reproducción de su hegemonía. Como enseñó Gramsci, quien controla el relato del pasado, controla también las condiciones de posibilidad del futuro.

Manuel Fraga representa, en este sentido, una figura emblemática de la continuidad del aparato de Estado franquista en el régimen del 78. Su papel como puente entre la dictadura y la transición “democrática” no fue una excepción, sino un elemento central en el diseño de una democracia tutelada desde arriba, pactada por las élites y blindada frente a una ruptura real con el franquismo. La permanencia de sus honores es un síntoma de esa continuidad estructural.

Además, no debe olvidarse que durante su etapa como ministro se produjeron asesinatos de estudiantes y manifestantes a manos de las fuerzas del orden, como el caso de Enrique Ruano o los sucesos de Montejurra. Lejos de ser una figura neutral o “tecnócrata”, Fraga fue un pilar ideológico y represivo del régimen franquista.

Por eso, la exigencia de retirar sus honores no es un gesto simbólico sin más, sino una forma concreta de combatir el blanqueamiento del fascismo español y reivindicar una memoria de lucha, dignidad y resistencia. Los colectivos de represaliados, familiares de víctimas y activistas por la memoria reclaman justicia y verdad. 


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