
Barcelona / Madrid / LondresVismara, Lubina y Benetau. Son los nombres en clave de tres agentes de la Guardia Civil que se infiltraron en un grupo andaluz que introducía hachís en el Estado. El líder acabó condenado a ocho años de cárcel y recurrió a la sentencia diciendo que los agentes habían vulnerado su derecho a la intimidad. Esta historia, que comenzó entre fardos y narcollanchas en las playas de Almería, ha terminado representando el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los agentes encubiertos. Es reciente, de junio del año pasado, y avala esta figura citando la ley allá donde está recogida, la de enjuiciamiento criminal.
Ahora bien, todo esto tiene poco que ver con las infiltraciones de la Policía Nacional en movimientos sociales de los Països Catalans que relata el documentalInfiltrados de 3Cat. Varias fuentes policiales y judiciales consultadas por el ARA diferencian la figura del agente encubierto, que siempre debe autorizar antes a un juez oa un fiscal, y la del infiltrado policial. Estos segundos agentes se encuentran, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en una suerte de limbo legal. Dependen de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, la que también investiga el terrorismo, y es esa misma unidad la que autoriza a las infiltraciones.
¿Con qué normativa? Su interna, que es "confidencial", tal y como explica Arturo González de León, profesor de derecho penal de la Universidad Abat Oliba CEU. Una fuente que ha tenido altas responsabilidades en la Policía Nacional explica que la de Información es la comisaría menos transparente de la policía y que cuesta mucho saber exactamente qué hacen en cada momento. Internamente, se les suele conocer como espías.
Una persona que ha tenido responsabilidades importantes en la Audiencia Nacional narra que estas infiltraciones no se hacen con un "objetivo de investigación". El agente encubierto le autoriza un juez o un fiscal para investigar una causa que se está instruyendo. Sin embargo, el infiltrado "sólo quiere obtener información". "Intentan saber los caldos de cultivo que podrían llegar a conducir a un delito", apuntan fuentes de la Fiscalía de la Audiencia. Es decir, saber hacia dónde sopla el viento.
Esto, a juicio de las mismas fuentes, crea un riesgo: "Puede dar lugar a extralimitaciones". Además, la figura del infiltrado tiene poco recorrido en investigación judicial. Algo que refuerza la idea de que lo que quieren es, sobre todo, tener información: si la infiltración acabara descubriendo un delito, la declaración del agente no sería considerada una prueba válida.
Las mismas fuentes de la Policía Nacional sitúan el origen de los infiltrados en la lucha contra ETA. Entonces, la mayoría de infiltradas eran mujeres. Fuentes judiciales de la Audiencia se atreven a decir que estas infiltraciones son "mecanismos de control del enemigo político" autorizadas por un estado "secreto o clandestino".
También piensa en este sentido el sociólogo Jordi Mir, que cree que detrás está la construcción de un "nosotros", la policía, y un "ellos". "Es no aceptar y controlar la diversidad de ideas", afirma. El sociólogo ve que esta figura tiene unos valores propios de la época franquista. Una penalista que hace muchos años que ejerce también habla de la dictadura: "Yo no era consciente de ello hasta ahora, quizá la gente mayor que vivió la dictadura sí habían visto de todo, pero pensábamos que estas cosas ya no pasaban en democracia".
Los Mossos
Los Mossos d'Esquadra tienen también una Comisaría General de Información, aunque fuentes de la policía catalana aseguran que ellos no tienen una figura como la del agente infiltrado de la Policía Nacional. Los Mossos sí tienen agentes encubiertos, sobre todo en causas por terrorismo y contra el crimen organizado. El agente encubierto, a diferencia del infiltrado, está regulado por ley y delimita su implementación a delitos graves. Varias fuentes policiales y judiciales apuntan a que casi siempre es la policía quien propone utilizarlos y después el juez o el fiscal quien lo autoriza. Uno de los obstáculos, según fuentes de los Mossos, es que a menudo es "complicado" encontrar el perfil.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional explican que existe una plantilla de agentes de los cuerpos estatales que se dedica exclusivamente a ello. Sobre todo, hay agentes encubiertos en investigaciones por drogas y terrorismo. "No se concede alegremente, vamos con cautela", afirman voces del ministerio público. ¿Y funciona? "A veces es muy útil, y enseguida se ve si al sacarme algo".
El período es de seis meses prorrogables y se opta por la infiltración cuando la investigación está atascada. El agente encubierto necesita también cobertura judicial porque podría cometer delitos durante la infiltración. Y últimamente, según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia, están aumentando las peticiones por introducir agentes encubiertos por investigaciones contra el terrorismo. Además, en este ámbito está también al alza la figura del agente encubierto informático, que tiene una identidad falsa en internet.
El ejemplo del Reino Unido
España no es el único país que utiliza estas prácticas. Entre 2010 y 2011, en Reino Unido estalló el llamado "escándalo de relaciones encubiertas". Varios agentes de la Policía Metropolitana (MET) habían mantenido relaciones íntimas con activistas ecologistas, sindicalistas y miembros de movimientos de defensa de la justicia social sin desvelar su identidad. De algunas de estas relaciones –en concreto, al menos en el caso de cuatro agentes– nacieron criaturas.
Cinco años después, el Comisionado de la MET pidió disculpas admitiendo una "violación grave" de los derechos humanos y los efectos nocivos de estas acciones, muchas de las cuales eran ilegales, en tanto que se investigaban actos perfectamente lícitos. Uno de los casos más famosos fue el del agente Mark Kennedy, quien durante años se hizo pasar por un activista ecologista, y que destapó un artículo de The Guardian.
Una investigación oficial ha analizado casos de infiltración de agentes desde 1968 hasta 2010. En este período, más de mil grupos políticos de todo tipo fueron investigados y al menos 139 policías llevaron a cabo estas tareas, que se alargaban habitualmente durante cuatro años. No ha habido en ningún caso sentencias judiciales específicas. Sin embargo, algunas de las víctimas han recibido una indemnización, en algunos casos de seis cifras. Ahora está en marcha una segunda parte de la investigación.
Fuente → es.ara.cat
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