
Testimonios desgarradores de las víctimas que continúan luchando por verdad y reparación
En Canarias, decenas de familias aún buscan respuestas sobre el destino de sus hijos robados durante décadas de adopciones ilegales. Este crimen, iniciado bajo el franquismo y extendido hasta la democracia, dejó un rastro de sufrimiento e impunidad que persiste en todo el país (...).
Las denuncias de robo de bebés en Canarias comenzaron a ganar visibilidad en la última década, gracias al esfuerzo de asociaciones como Sin Identidad.
Este colectivo, formado por afectados y familiares, trabaja para sacar a la luz casos como el Carlos Santana y Esperanza Regalado. En 2016, Santana, de 35 años, descubrió que era hijo adoptado y comenzó a investigar sus orígenes. Por otro lado, Esperanza Regalado, quien había dado a luz en 1981 en la clínica privada Felipe Coello de Santa Cruz de Tenerife, fue informada de que su hijo había nacido muerto. Gracias a las investigaciones, madre e hijo se reencontraron 35 años después.
Según Begoña Ramos, del Colectivo Sin Identidad de Las Palmas, en 2016 se estimaba que en Canarias podría haber hasta un centenar de casos de niños robados durante la época preconstitucional. Se registraron 28 expedientes en distintos grados de desarrollo, correspondientes principalmente a las décadas de 1960 y 1970, e incluso algunos de los años 80.
Según investigaciones del colectivo Sin Identidad, durante las décadas de los 60, 70 y 80 se produjeron en Canarias decenas de desapariciones de bebés. Muchas madres recuerdan cómo, tras dar a luz, se les informaba que sus hijos habían fallecido, mientras que los certificados médicos presentaban irregularidades o simplemente no existían.
Para Jorge Rodríguez, portavoz de Sin Identidad, "el caso de Canarias demuestra que esta práctica no era un fenómeno aislado, sino parte de un sistema organizado que funcionaba en toda España".
Rodríguez, hijo adoptado en circunstancias sospechosas, lucha no solo por su propia verdad, sino también por la de miles de familias canarias.
La situación en el Estado español
Los crímenes que afectaron a las familias canarias, en efecto, fueron reflejo de una práctica mucho más amplia que se extendió por todo el Estado español. Desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 90, se estima que miles de recién nacidos fueron sustraídos de sus madres y entregados en adopciones ilegales.
Este delito, que comenzó con una motivación ideológica en los años más duros de la dictadura franquista, evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un lucrativo negocio que involucró a médicos, funcionarios y miembros de instituciones religiosas.
En el contexto del nacionalcatolicismo que dominó la España franquista, las madres consideradas "moralmente inadecuadas" –republicanas, solteras, pobres o con otras ideologías contrarias al régimen– eran vistas como una amenaza. Sus hijos eran considerados "salvables" y se entregaban a familias que encajaban con los valores conservadores del régimen.
Entre los casos más emblemáticos de esta trama destaca el del doctor Eduardo Vela, de la Clínica San Ramón en Madrid, quien fue procesado en 2018 por su participación activa en el robo de bebés. Aunque el juicio representó un momento clave para las víctimas, la absolución de Vela por prescripción de los delitos dejó una sensación de impotencia y frustración.
Testimonios que resisten al olvido
Las historias de las víctimas dan rostro a este crimen y permiten comprender el alcance del sufrimiento generado.
Además de los casos de Canarias, destacan testimonios de otras regiones de España, como el de María José Picó, una alicantina que lleva más de seis décadas buscando a su hermana melliza.
"No me rendiré hasta saber qué pasó con ella. Me dijeron que murió al nacer, pero nunca me dejaron verla. Algo no cuadra", afirma.
Entre las afectadas se encuentra incluso una ciudadana británica, Ruth Appleby, que dio a luz en España en 1992 en un hospital de Galicia. A Ruth le informaron que su hija había fallecido al nacer, pero años después descubrió que su bebé nunca estuvo enterrado en el cementerio donde supuestamente había sido sepultado.
"Quiero saber la verdad. No pueden seguir encubriendo esto", declara Appleby, cuyo relato encaja con una posible sustracción de bebé.
En Canarias, testimonios como estos han sido fundamentales para visibilizar la magnitud del problema.
"Muchas familias canarias han vivido décadas de sufrimiento en silencio. Ahora queremos que el mundo sepa lo que ocurrió", asegura Jorge Rodríguez.
Obstáculos para la justicia y el papel de la sociedad civil
A pesar de los testimonios y las investigaciones, los obstáculos para lograr justicia continúan siendo enormes. La falta de registros fiables, la destrucción deliberada de documentos y la complicidad institucional han dificultado enormemente el esclarecimiento de estos crímenes.
En Canarias, como en el resto del Estado, muchas víctimas han tenido que enfrentarse a un sistema judicial que, durante años, ignoró o minimizó sus denuncias.
Sin embargo, avances recientes como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática han supuesto un pequeño paso hacia el reconocimiento de las víctimas. Esta ley, que incluye a los "niños robados" entre las víctimas del franquismo, constituye es un logro, aunque insuficiente para quienes siguen buscando justicia.
El colectivo Sin Identidad, junto con otras asociaciones de España, ha desempeñado un papel crucial en esta lucha. Además de mantener viva la memoria de los crímenes, trabajan para presionar al Estado para que tome medidas efectivas.
En palabras de su portavoz, "nuestro objetivo no es solo que se reconozca el daño, sino que se adopten acciones concretas para reparar lo ocurrido y evitar que algo así vuelva a suceder".
El robo de bebés en España, y particularmente en Canarias, no es solo un capítulo del pasado, sino una herida abierta que sigue afectando a miles de familias. Las víctimas no buscan solamente a sus seres queridos, sino también el reconocimiento y la reparación por los crímenes sufridos.
Fuente → canarias-semanal.org
No hay comentarios
Publicar un comentario