
Firman un manifiesto contra las declaraciones del PP sobre la isla durante la dictadura | Urgen su declaración como lugar de memoria democrática
El 15 de enero, Ferro afirmó en una comisión del Parlamento gallego que «no hay constancia» de muertes en la isla. Ante la polémica generada, días más tarde Rueda fue preguntado al respecto, y respondió que el «debate» sobre las muertes «hay que dejarlos a los historiadores». Finalmente, el 23 de enero, Ferro se disculpó por el «malentendido».
El manifiesto que firman doce historiadores, autores, periodistas y divulgadores censuran que las palabras de los populares suponen negar la «verdad histórica» y «banalizar» lo ocurrido en «una de las más duras y crueles prisiones franquistas». Al presidente de la Xunta le señalan que «la verdad de los hechos no se discute ni se debate».
«Está más que acreditada y demostrada la represión extrema, la crueldad, las torturas, los trabajos forzados, las extorsiones, el terror que sufrieron los presos de la Isla de San Simón y del barco ‘Upo Mendi’», añade el manifiesto, que cita diferentes estudios para demostrar que en la isla hubo cientos de fallecidos.
Así, explica que un libro de los investigadores redondelanos Gonzalo Amoedo y Roberto Gil recoge los nombres de 482 muertos en este enclave de la Ría, especialmente entre 1940 y 1942, mientras que el historiador Xoán Carlos Abad Gallego incrementa las víctimas a 517 entre 1936 y 1943. «Y esta cifra no recoge la totalidad, ya que la documentación que existe es incompleta o de difícil acceso», advierten los expertos.
Además, el proyecto ‘Nomes e Voces’ recoge casos de reos que murieron en San Simón por las condiciones de la cárcel, por hambre y enfermedades: «La inmensa mayoría fueron enterrados en los cementerios de Pereiró y Vigo, y a consecuencia de la dictadura y de la desmemoria que caracterizó la ‘Transición’, aún hoy hay numerosas familias que no pudieron localizar y recuperar sus restos». Por ello, el grupo urge que la isla sea declarada como un lugar de memoria al amparo de la ley estatal y que se elabore «un plan de usos» como bien de interés cultural (BIC).
Fuente → farodevigo.es
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