De la muerte de Franco a la conquista de la democracia
De la muerte de Franco a la conquista de la democracia
Gabriel Flores 
 
La historia real de la conquista del sistema democrático frente a la dictadura no casa bien con el cuento de hadas de una transición tranquila con un bonito final fijado de antemano.

La muerte del dictador no supuso el final de la dictadura ni la llegada de la democracia. Y hay que lamentar que no sucediera tal coincidencia, porque si aquel 20 de noviembre de 1975 hubiera marcado la frontera entre dictadura y democracia nos habríamos ahorrado muchas muertes y represión hasta conseguir desarticular la legalidad y la institucionalidad franquistas y alumbrar un sistema democrático. Pero no fue así.

Ningún demócrata cuestionaría la conveniencia de alentar una cultura democrática y un debate público informado sobre las lacras y el carácter criminal de la dictadura franquista. Va de suyo. Más aún en una situación de ascenso global de fuerzas iliberales y posfascistas que mantienen una relación conflictiva con los valores democráticos. Por eso sigue siendo tan conveniente denunciar la violación sistemática de los derechos humanos que protagonizó la dictadura franquista desde sus primeros pasos en 1936, con el golpe militar fascista contra un régimen democrático sustentado en la voluntad libremente expresada por la ciudadanía, hasta sus últimos coletazos criminales, más allá de la muerte del dictador, para impedir la recuperación de la democracia.

Ningún demócrata cuestionaría la conveniencia de alentar una cultura democrática y un debate público informado sobre las lacras y el carácter criminal de la dictadura franquista

En las tareas relacionadas con la defensa de una convivencia democrática pueden darse discrepancias sobre la eficacia y los inconvenientes de tal o cual iniciativa de mejora de la calidad del sistema democrático o de esclarecimiento del carácter antidemocrático del régimen franquista. Esas diferencias forman parte del ser demócratas y de la democracia. Lo que no es admisible es el elogio de la dictadura franquista o su maquillaje, presentándola como una especie de desvío necesario que 40 años después, a la muerte del dictador, permitió la llegada de la democracia.   

En las notas que siguen recordaré las razones y los hechos que cuestionan la identificación de la muerte de Franco con el final de la dictadura o el inicio de la democracia. A continuación, expondré algunas observaciones que me llevan a pensar que la campaña gubernamental España en Libertad puede servir, a poco que se mejore su contenido y presentación, para promover un saludable debate público sobre las lacras y crímenes de la dictadura franquista y para fomentar una ciudadanía más activa en la defensa de sus derechos y libertades.

Muerto el perro no se acabó la rabia

Muerto el dictador, el régimen dictatorial trató de perpetuarse de la única forma que sabía: extendiendo y endureciendo la represión contra la lucha popular y democrática. Así se puede entender la apuesta del régimen franquista por Arias Navarro, quien fue elegido por la libérrima voluntad de Franco como presidente del Gobierno en diciembre de 1973. Y confirmado en su puesto por Juan Carlos I en diciembre de 1975. En ambos casos, de acuerdo a una legislación franquista que seguía plenamente vigente.

El fracaso del proyecto continuista de la dictadura sin Franco que encabezó Arias Navarro no vino del cielo, sino de la mano de una más que notable movilización obrera y popular alentada por las fuerzas democráticas y de izquierdas que, en un ejercicio responsable de agrupamiento de la oposición democrática, mantuvieron el objetivo de la ruptura democrática. La dimisión de Arias Navarro, tras el fracaso del proyecto continuista del régimen franquista, tampoco supuso la llegada de la democracia.

El fracaso del proyecto continuista de la dictadura sin Franco que encabezó Arias Navarro no vino del cielo, sino de la mano de una más que notable movilización obrera y popular alentada por las fuerzas democráticas y de izquierdas

Así se explica que la nominación de Adolfo Suárez en julio de 1976 para sustituir a Arias Navarro como presidente del Gobierno fuera recibida por la oposición democrática con mucho escepticismo. Desconfianza que se trasladó a los precavidos contactos iniciales de Suárez con algunas fuerzas democráticas, más encaminados a obtener un margen de acción política que le permitiera promover un tímido y menguado proceso liberalizador que a cooperar con la oposición democrática en el acabamiento del régimen dictatorial y la construcción de un sistema democrático.

En su despliegue inicial, la marcha a paso de tortuga hacia una democracia tutelada que preconizaban Suárez y Juan Carlos I pasaba por la división y el debilitamiento de Coordinación Democrática, constituida en marzo de 1976 para aglutinar a la mayoría de la oposición democrática en el impulso de la movilización popular por la ruptura democrática. Y requería de la continuidad de la represión contra la movilización popular, con el objetivo de demostrar que el Gobierno Suárez tenía el poder y la voluntad de ejercerlo para asegurar un tránsito ordenado de la dictadura franquista a un nuevo régimen que no pusiera en cuestión el orden económico y social interno, las previsiones sucesorias de Franco, la plena integración económica en el mercado común europeo o el alineamiento militar con EEUU en la Guerra Fría.   

Suárez tenía que disipar los temores que despertaba en las filas franquistas su plan de reforma gradual del régimen dictatorial y, al tiempo, convencer a fuerzas de la oposición democrática para que le permitieran desarrollar sus propuestas de reforma limitada y controlada. Objetivos de enorme dificultad, ya que la huella franquista en el aparato de Estado era muy profunda y, desde el otro lado, Coordinación Democrática acababa de demostrar su capacidad para derrotar el proyecto de continuidad del franquismo sin Franco que abanderaba el Gobierno Arias Navarro. 

Suárez tenía que disipar los temores que despertaba en las filas franquistas y al tiempo convencer a fuerzas de la oposición para que le permitieran desarrollar sus propuestas

Suárez comenzó a lograr sus objetivos el 19 de noviembre de 1976, cuando las Cortes franquistas aprobaron por amplia mayoría (425 de sus 531 procuradores) el Proyecto de Ley para la Reforma Política, que fue aprobado en el Referéndum del 15 de diciembre de ese mismo año por una mayoría increíble del 94,2% de los votos (con una participación del 77,7%, a pesar de que la mayoría de la oposición democrática preconizó la abstención). Resultados inquietantes que expresaban la utilización por parte del Gobierno Suárez del aparato de Estado y la legalidad franquista para ganar ese referéndum e imponer las condiciones en las que se desarrollaría el juego político hasta la instauración en una fecha indeterminada de un sistema democrático demediado.   

A partir de la promulgación el 4 de enero de 1977 de la Ley para la Reforma Política, fragmentada la oposición democrática y recuperada por Suárez la iniciativa política, comenzó la sinuosa desarticulación de las estructuras de la dictadura franquista desde el punto de vista jurídico. Pero no fue todavía la llegada de la democracia ni el final de la Transición. De hecho, el asesinato de los abogados de Atocha por pistoleros fascistas arropados y teledirigidos por jefes policiales, jerarcas del sindicato vertical y miembros destacados del régimen franquista mostró que una parte del régimen franquista había elegido una estrategia de provocación y tensión política que no sólo se dirigía contra la oposición democrática, sino también contra la reforma política que pretendía el Gobierno Suárez. Muchos de estos personajes que conspiraban contra una democracia que aún no había nacido se volverán a encontrar en diversas intentonas golpistas anticonstitucionales y antidemocráticas, incluida la del 23 de febrero de 1981.

Para poder hablar con propiedad de la existencia de un sistema democrático, sin entrar aquí en el legítimo y muy interesante debate sobre su calidad o insuficiencias, hay que esperar a la aprobación de la Constitución Española, que entra en vigor el 29 de diciembre de 1978, más de 3 años después de la muerte de Franco, y que supone una nueva estructura legal democrática que ya no compartirá vigencia con los restos de las leyes fundamentales del régimen franquista, que fueron abolidos por la Disposición Derogatoria de la Constitución.   

La potente organización y movilización obrera y popular fue, antes y después de la muerte de Franco, el auténtico motor que permitió alumbrar el nuevo sistema democrático

Esta sucinta secuencia de fechas y hechos sustenta la idea de la transición democrática como una compleja obra de ingeniería política y jurídica y una potente organización y movilización obrera y popular que fue, antes y después de la muerte de Franco, el auténtico motor que permitió alumbrar el nuevo sistema democrático. La Transición fue un largo y abierto proceso de lucha entre proyectos políticos que contó con muchos actores principales y estrategias enfrentadas que se entrecruzaron a lo largo de varios años, antes y después del 20 de noviembre de 1975. En esa pugna no había ningún guion acabado ni un final predeterminado.

Pese a la represión ejercida y los crímenes cometidos en el periodo de transición por el aparato policial y judicial del régimen franquista, que también utilizó a bandas fascistas y organizaciones franquistas en las tareas represivas, la movilización popular logró desanudar lo que Franco había atado. Finalmente, más de 3 años después de la muerte de Franco, se consiguió dejar atrás el régimen dictatorial, aunque no a muchos de sus servidores, que siguieron en puestos relevantes, y constituir un sistema democrático homologable al de los países de nuestro entorno que, pese a sus insuficiencias y los residuos franquistas que incorporó al nuevo Estado democrático, supuso un éxito de la movilización popular y una demostración de la fuerza de las ideas democráticas. 

Unas notas de confianza en los valores y sistemas democráticos

La siniestra dictadura franquista fue derrotada y desarticulada. Vivimos ahora otros tiempos que plantean nuevos riesgos e incertidumbres y exigen nuevos afanes y proyectos. El mundo se ha desordenado, los viejos modelos de capitalismo y globalización neoliberales están en decadencia y se está produciendo una intensa pugna por marcar los rasgos de los nuevos modelos, prioridades y jerarquías del orden mundial que acabará imperando y de la posición de las grandes potencias globales y sus aliados en ese nuevo orden internacional.  

Los cambios globales en marcha son profundos, irán a más en los próximos años y afectarán a todos los órdenes de la vida

Los cambios globales en marcha son profundos, irán a más en los próximos años y afectarán a todos los órdenes de la vida. Y, entre ellos, a los principios y valores democráticos, que están siendo cuestionados, y a las fuerzas políticas de extrema derecha y los regímenes, líderes políticos y poderes económicos iliberales y autoritarios que están en ascenso y dispuestos a imponerse a la mayoría de sus compatriotas y a los países que consideren parte de su zona de poder, influencia o interés.

También España está inserta en esa ola global de cambios. También sufrimos una ofensiva reaccionaria que adopta la forma de acoso político, mediático y judicial orquestado por la derecha del PP y las extremas derechas contra un Gobierno de coalición progresista legítimo y legalmente constituido que expresa la voluntad y las preferencias políticas que la mayoría social ha mostrado, con todas las garantías democráticas, en las urnas y en el Parlamento. Lo que no exime al Gobierno de coalición progresista ni a los miembros de los partidos que lo sustentan de la depuración de responsabilidades políticas y, en su caso, penales por los casos de corrupción u otros ilícitos penales en los que estén implicados. 

En tal situación, existen razones para pensar que la iniciativa del Gobierno Sánchez de conmemorar al tiempo los 50 años de la muerte de Franco y del inicio de la democracia a lo largo de 2025 puede contribuir, pese a las disonancias de su enunciado, a desarrollar una conversación pública que celebre la democracia y arroje luz, sin tratar de vender una memoria o un relato simplificadores, sobre un proceso histórico de tanta complejidad y ángulos ciegos como el que hemos acabado denominando transición democrática. Celebración y reafirmación del compromiso de la ciudadanía con los valores democráticos que exigen el obligado recuerdo y homenaje y la debida reparación a las víctimas de la dictadura franquista, antes y después de la muerte de Franco, hasta la conquista de la democracia. 

Los chirridos producidos por los primeros balbuceos en la comunicación política de esta iniciativa gubernamental mostraban, en mi opinión, una campaña excesivamente vinculada a la polarización política, además de reflejar cierta desorientación en la comprensión del largo y difícil proceso de pugnas políticas y movilización popular que se desarrolló tras la muerte de Franco para conquistar un sistema democrático. En la intervención del presidente Sánchez en el primero de los actos de España en Libertad, celebrado en el Museo Reina Sofía el pasado 8 de enero, el contenido y los objetivos de la iniciativa se habían pulido, eran más respetuosos con los hechos históricos y se abrían a la participación de otras fuerzas democráticas.

La historia real de la conquista del sistema democrático frente a la dictadura no casa bien con el cuento de hadas de una transición tranquila con un bonito final fijado de antemano

Así ha de ser y así hay que tratar que sean esta campaña y las iniciativas más descentralizadas y próximas a las preocupaciones y reivindicaciones de los sectores populares que puedan surgir al calor de esta iniciativa gubernamental de celebración de la vida en democracia, que no está nunca asegurado del todo y que requiere de la defensa activa de una gran mayoría social y, especialmente, de las generaciones que no tuvieron la oportunidad de participar en la lucha antifranquista por la democracia y que no conocieron directamente la podredumbre y los desmanes de la dictadura.     

En la acción política democrática las buenas intenciones no son suficientes. Ni es bastante una campaña propagandística imprecisa que se sustente en demasía en una comunicación o un argumentario cambiantes que adapten su contenido al público en presencia o parezca dirigida a obtener algún tipo de rédito partidista. No se trata de darle a esta campaña mayor dureza, sino mayor finura. No puede centrarse en trazar nuevas líneas de demarcación y hostilidad con las derechas, sino en renovar el compromiso de la mayoría social con los valores democráticos y concretar ese compromiso en medidas legislativas y regulatorias y en movilización de la ciudadanía a favor de una mejora de la calidad del sistema democrático y de una convivencia que facilite el desarrollo de formas de ciudadanía inclusivas y plurales, tolerantes con las discrepancias, firmes en la defensa de derechos y libertades y confiadas en que el diálogo respetuoso y la democracia son las mejores formas de conseguirlo.

La historia real de la conquista del sistema democrático frente a la dictadura no casa bien con el cuento de hadas de una transición tranquila con un bonito final fijado de antemano, en el que las estructuras de poder oligárquico y criminal del régimen franquista se transformaron de la noche a la mañana en democráticas, a causa de la muerte de Franco o por obra y gracia de algunos esclarecidos personajes surgidos de la legalidad y las instituciones franquistas. Ese relato es incierto y excesivamente simplificador. Y no sirve para nada que no sea enredar, confundir y dar bazas a la extrema derecha.


(*) Sesión Solemne de apertura de la Legislatura Constituyente 22 de julio de 1977. Imagen: Congreso de los Diputados


Fuente → nuevatribuna.es

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