La mayoría de los diputados se opuso a que los españoles pudieran conocer aspectos claves de la historia de la Monarquia juancarlista
Casi medio siglo después del intento de golpe de Estado del 23-F, los documentos clasificados sobre el evento siguen siendo un enigma. La reciente negativa del Congreso a desclasificarlos reabre el debate sobre el equilibrio entre transparencia y seguridad en una democracia consolidada. ¿Qué es lo que revelan los archivos clasificados sobre el intento de golpe de 1981?
El Congreso de los Diputados rechazó este mismo jueves una moción presentada por el grupo Podemos para que se procediera a la desclasificación de la documentación que todavía se mantiene en secreto sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La propuesta de Podemos, más que de tratar de arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la Monarquía española, parece haber sido formulada desde el marco de la nueva estrategia de "radicalización" iniciada hace meses por esa formación que trata de hacer esfuerzos denodados por marcar distancias públicas y ostensibles con sus antiguos socios del Gobierno de la llamada coalición más progresista de la historia.
La propuesta fue rechazada, tal y como se preveía, por 291 votos en contra, incluidos los del PSOE, frente a 57 apoyos de la izquierda reformista y del PNV.
En el curso del debate, el diputado Javier Sánchez Serna criticó el hermetismo en torno a estos archivos históricos, apelando a la transparencia democrática:
“La ciudadanía no puede seguir tratada como menores de edad, cuarenta y tres años después” , dijo
En la votación sobre la moción para que fueran desclasificados los referidos documentos, las posiciones de los partidos políticos quedaron claramente divididas:
- El PSOE: votó en bloque contra la propuesta. El Partido Popular rechazó igualmente la iniciativa, defendiendo la necesidad de proteger información delicada para la seguridad del Estado.
- Vox, por su parte, fue rotundo en su argumentación, expresando que "el 23-F ya está suficientemente explicado” y que "desclasificar los documentos era absolutamente innecesario".
Coalición Canaria, así como otros grupos de corte regionalista, se posicionaron igualmente en contra de la desclasificación. Coalición Canaria justificó su voto recurriendo a argumentos que oscilaban entre lo patético y pintoresco. Su portavoz llegó a expresar que la desclasificación de esa documentación secreta podría comprometer gravemente la seguridad nacional y la estabilidad institucional del país. Advirtió, por si fuera poco, que su divulgación podría reabrir heridas del pasado y generar divisiones innecesarias en la sociedad española.
¿QUÉ SECRETOS PODRÍAN CONTENER LOS DOCUMENTOS DEL 23-F?
A casi medio siglo de aquellos acontecimientos, el contenido exacto de los documentos clasificados continúa siendo un misterio, objeto de especulación y cábalas por parte de investigadores propios y foráneos. Diferentes historiadores, analistas y diversas fuentes históricas sugieren que incluyen:
- Grabaciones clave: Registros de comunicaciones entre los golpistas, así como conversaciones de altos mandos militares y políticos durante el intento de golpe.
- Informes de inteligencia: Evaluaciones de los servicios de inteligencia, como el CESID (antecesor del CNI), sobre la planificación y ejecución del golpe.
- Documentación militar: Planes estratégicos y órdenes internas de las Fuerzas Armadas que pudieran comprometer a sectores mucho más amplios de lo que hemos conocido.
- Archivos políticos: Informes confidenciales sobre la reacción del Gobierno, la Casa Real y otros actores políticos, nacionales e internacionales.
- El rol del rey Juan Carlos I: Aunque oficialmente el establishment ha venido presentando al monarca como "defensor de la democracia durante el golpe", la mayoría de los historiadores e investigadores plantean en la actualidad que el monarca no solo estuvo previamente informado de lo que iba a suceder, sino que, además, él mismo urdió aquella operación militar para forzar la constitución de un "gobierno de salvación nacional". El periodista Jesús Palacios, autor de varios libros dedicados al tema, mantiene que la figura del rey pudo tener mas que ver con el desarrollo de los acontecimientos que lo que se ha sido reconocido oficialmente.
- Complicidad militar extendida: El historiador Javier Cercas ha señalado que el apoyo militar al golpe pudo haber sido mayor al documentado oficialmente, y que los archivos clasificados podrían revelar una red militar mucho más amplia de actores involucrados.
- Intereses internacionales: Existe asimismo la sospecha de que países como Estados Unidos podrían haber jugado un papel indirecto en el golpe, ya fuera mediante respaldo tácito o con informes de inteligencia desconocidos.
El principal marco normativo que protege estos documentos es la Ley de Secretos Oficiales de 1968, retocada levemente en 1978 tras la muerte de Franco. Esta legislación clasifica como "secreto" o "reservado" cualquier información que pueda poner en peligro la seguridad del Estado.
La ley, sin embargo, carece de plazos claros para la desclasificación de documentos, lo que ha permitido mantener el hermetismo de archivos sensibles como los del 23-F durante más de 40 años.
En 2022, el Gobierno propuso un anteproyecto de ley para actualizar esta normativa, estableciendo nuevas categorías de clasificación ("alto secreto", "secreto", "confidencial" y "restringido"). con plazos de desclasificación que oscilan entre 4 y 50 años. Sin embargo, esta reforma aún no ha sido aprobada.
TESTIMONIOS EN EL DEBATE
La aplastante negativa del Congreso a desclasificar los documentos ha generado reacciones diversas:
Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, enfatizó en la reciente moción rechazada:
“La ciudadanía española no puede seguir tratada como menores de edad y tiene todo el derecho, cuarenta y tres años después, de conocer toda la información disponible sobre el 23-F y sobre quién está detrás”.
Aitor Esteban, del PNV, criticó la falta de voluntad política para abordar este tema:
“Cuando uno está en el Gobierno, tiene la posibilidad de hacer más que pedir transparencia desde la oposición”.
El Partido Popular, por su parte, argumentó que
la propuesta de desclasificación era una aviesa maniobra política para desviar la atención de otros temas de actualidad.
Por otro lado, otras voces nada sospechosas de radicalismo, como la del periodista Iñaki Gabilondo, han subrayado la importancia de conocer la verdad histórica, expresando que:
“El 23-F no puede seguir siendo un tema tabú; sus documentos clasificados pertenecen al pueblo, no a los gobiernos”.
Fuente → canarias-semanal.org
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