47 años del asesinato de Javier Fernández quesada: la impunidad de una transición nada pacífica

La versión oficial de la historiografía y los medios de comunicación ha insistido durante décadas en presentar este periodo de nuestra historia contemporánea como un "modelo pacífico de cambio", un tránsito ejemplar de la dictadura franquista a la democracia. Sin embargo, la realidad vivida en las calles contradice tajantemente esa narrativa.

La realidad es que la Transición fue un proceso profundamente violento, donde las fuerzas de seguridad, amparadas por el aparato estatal y las instituciones, ejercieron una represión brutal que se cobró la vida de decenas de personas. La impunidad con la que se saldaron la mayoría de estos crímenes constituyó una cara más del pacto de silencio,  contra la justicia y reparación a las víctimas del franquismo, sobre el que se contruyó el Régimen monárquico del 78.

 Un asesinato silenciado

El 12 de diciembre de 1977 Tenerife vivía una jornada de huelga general convocada por los sindicatos y colectivos sociales en respuesta a las precarias condiciones laborales y la represión política que aún perduraban durante la llamada Transición. En ese marco, la Universidad de La Laguna se convirtió en un foco de movilización social, reflejo de un estudiantado comprometido con las reivindicaciones democráticas y los derechos sociales.

En la mañana de ese día, la Guardia Civil, haciendo caso omiso del principio de inviolabilidad universitaria que protegía los campus, irrumpió con violencia en las instalaciones de ULL. Según testimonios recogidos en la época, el clima en el campus era de tensión creciente, pero no de enfrentamiento abierto, ya que muchos de los estudiantes y trabajadores presentes intentaban resguardarse en el interior de los edificios.

Fue en este contexto cuando los agentes de la Guardia Civil abrieron fuego de forma indiscriminada. Javier Fernández Quesada, un estudiante de Biología de 22 años, fue alcanzado por un disparo mortal mientras se encontraba en las escalinatas del edificio central de la universidad. Según los informes, el disparo fue certero, impactándole en el tórax y provocando su muerte casi inmediata. Sus compañeros, aterrorizados y en estado de shock, trataron de socorrerlo, pero no pudieron hacer nada.

La noticia del asesinato de Javier se propagó rápidamente, generando una ola de indignación y dolor entre estudiantes y trabajadore. En las horas y días siguientes, se sucedieron protestas multitudinarias que fueron reprimidas con dureza por las fuerzas del orden. La muerte de Javier simbolizaba la brutalidad de un sistema que aún operaba bajo lógicas represivas heredadas del franquismo.

La maquinaria de la impunidad

La respuesta institucional al asesinato de Javier Fernández Quesada fue un reflejo de cómo el  aparato franquista continuaba operando tras la desaparición de Franco. Ese mismo día, el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna abrió un sumario (número 117/77) para investigar los hechos. Las primeras diligencias señalaron con claridad a la Guardia Civil como responsable de los disparos, al identificar pruebas y testimonios que confirmaban su actuación violenta en el campus. Sin embargo, el caso fue rápidamente transferido a la jurisdicción militar, alegando que los presuntos responsables pertenecían a un cuerpo armado bajo disciplina castrense.

En la práctica, esta decisión significó el inicio del encubrimiento. El proceso judicial, ya bajo control militar, quedó paralizado en un mar de formalismos legales, dilaciones y falta de voluntad política. Como era habitual en estos casos, los responsables directos nunca fueron identificados ni mucho menos juzgados. La bala que mató a Javier fue descrita, en una cínica reconstrucción oficial, como si hubiera caído del cielo, una narrativa absurda que reflejaba el desprecio por la justicia y la verdad.

La complicidad de las instituciones no se limitó al ámbito judicial. En el Congreso de los Diputados, los intentos por esclarecer los hechos se convirtieron en una farsa. Declaraciones calculadas, silencios deliberados y una falta absoluta de interés por parte de los principales partidos políticos mostraron que el pacto de la Transición pasaba por proteger a las fuerzas represivas del Estado. Militares procesando a militares, políticos encubriendo a los cuerpos de seguridad: un sistema diseñado para garantizar la continuidad del aparato franquista bajo una nueva fachada democrática.

La Transición: violencia, represión e impunidad

El caso de Javier Fernández Quesada no fue una excepción, sino un ejemplo del modus operandi de un Estado que, lejos de romper con las prácticas represivas del franquismo, las perpetuó bajo un nuevo barniz democrático. A pesar de la imagen idealizada que se construiría posteriormente sobre la Transición, este periodo estuvo marcado por una brutal represión contra movimientos obreros, estudiantiles y populares que luchaban por derechos básicos y libertades democráticas.

1977, el año en que Javier fue asesinado, es particularmente revelador. La lista de jóvenes muertos durante ese año es estremecedora:

• Arturo Ruiz, de 19 años, asesinado por grupos de ultraderecha durante una manifestación proamnistía en Madrid el 23 de enero.
• María Luz Nájera, estudiante de 20 años, falleció un día después tras ser alcanzada por un bote de humo disparado a bocajarro por la policía.
• José Luis Cano Pérez, de 24 años, ejecutado por un disparo en la nuca en una manifestación proamnistía en Pamplona, el 11 de mayo.
• Miquel Grau, de 20 años, asesinado en Alicante el 6 de octubre por un fascista mientras pegaba carteles en favor de la Diada del País Valencià.
• Manuel José García Caparrós, de 19 años, asesinado por la policía durante una manifestación por la autonomía andaluza en Málaga el 4 de diciembre.

 

Estas muertes, sumadas a las de otros manifestantes en el País Vasco, Cataluña y el resto del Estado, demuestran que la Transición estuvo lejos de ser pacífica. Las fuerzas del orden público, con el respaldo del Estado, actuaron con total impunidad, mientras los grupos de ultraderecha operaban beneficiándose de la protección y complicidad policial.

 

Documentales como los de la periodista Victoria Prego, artículos e incluso series de televisión de éxito como Cuéntame han contribuido a crear y recrear esta interesada narrativa durante casi 50 años, ocultando el papel de la violencia estatal y de los movimientos populares que enfrentaron al régimen y su continuidad después de 1975.

El fallecido periodista Alfredo Grimaldos, en obras como La sombra de Franco en la Transición, se encargó de desmontar este mito, señalando que el proceso fue diseñado para garantizar la continuidad del aparato franquista bajo una nueva fachada democrática, así como la influencia de las familias de la burguesía y la aristocracia que se habían enriquecido al amparo de la dictadura.     Según demostraron Grimaldos y otros investigadores, basándose en documentos desclasificados, la Transición fue supervisada por la CIA y el CESID (los servicios secretos españoles), en un intento por asegurar una transformación controlada que preservara los intereses de estas élites económicas y militares del franquismo.

El resultado fue un régimen monárquico con fachada democrática y pretensiones de modernidad "europeista", donde los crímenes del pasado quedaron impunes y los responsables de la represión continuaron ocupando posiciones de poder.

Una realidad que se tradujo en un pacto de silencio que lastró la capacidad de las clases trabajadoras del Estado español para entender su pasado y, en consecuencia, también para defender organizadamente, y de forma independiente, sus propios intereses. 

El caso de Javier Fernández Quesada y de los otros jóvenes asesinados durante la Transición no es solo, por tanto, una cuestión de memoria histórica y la impunidad de estos crímenes no es un problema del pasado, sino una herida abierta que nos sigue afectando. Recordar estos asesinatos y no cejar en la reclamación de justicia es también un acto de resistencia contra al olvido con el que se ha pretendido evitar la recuperación del hilo rojo de las luchas populares que fue sangrientamente cortado por la dictadura franquista.