La situación de los trabajadores españoles en Argelia en la Segunda República

Una de las consecuencias de la visita del presidente del gobierno francés, Édouard Herriot en el otoño de 1932 a España fue la firma de un acuerdo de reciprocidad entre Francia y España para reglamentar las condiciones de trabajo de los trabajadores de ambos países.

De esta manera quedaban igualados en derechos y deberes los trabajadores españoles y franceses, cualquier que fuera de los dos países aquel en el que trabajasen.

Pero los socialistas eran recelosos porque tenían informaciones sobre que este convenio tuviera la debida eficacia, por lo menos en algunas de las regiones francesas. Por nuestra parte, hemos estudiado en este mismo medio algunos casos de denuncias sobre los niños obreros en las fábricas de vidrio en los primeros decenios del siglo XX. Pero ahora el recelo provenía de lo que, al parecer, estaba ocurriendo en Argelia porque no se estaban interpretando debidamente los acuerdos firmados ni los que ya existían.

Por el tratado de reciprocidad existente entre ambos países, los trabajadores de uno y otro estaban exentos del pago de las cartas de identidad que justificaban su residencia. Pero, en realidad, las autoridades en Argelia no se habían debido enterar de esta disposición. Venían cobrando entre ocho y diez francos por carta despachada, pero, luego fueron aumentando la tarifa hasta llegar a exigir entre 40 y 80 francos, según veían la posición económica del demandante. El abuso llevó a que las autoridades consulares españolas intervinieran para recordar a las francesas que no podían cobrar nada.

Después, muchos trabajadores españoles acudieron a renovar sus cartas de identidad, pero muchos otros y, al parecer, las cifras eran altas, de millares, por ignorancia, por apatía o por creer que estaban exentos de renovarla no hicieron el correspondiente trámite. Y ahora se encontraban en un problema porque las autoridades francesas que no querían resignarse a perder una fuente de ingresos querían aplicar la ley a los que consideraban morosos. El problema era que tenían que pagar una multa, y un suplemento de la misma por cada mes transcurrido sin renovar el documento pertinente. Las multas eran elevadas, entre 150 y 500 francos. Pero, además, la falta de pago estaba penada con prisión o expulsión del territorio francés. Al parecer, las autoridades estaban haciendo muchas inspecciones a talleres, posadas y hoteles para hacer efectivas las multas o para proceder contra los que no las pagaban.

Los socialistas se hacían eco de esta situación a través de El Socialista (número del 13 de noviembre de 1932), y solicitaban que se adoptase una solución, que debía partir del Gobierno, ya que también se quejaban de que las autoridades consultares en Argelia no se preocupaban de vigilar la aplicación de los convenios internacionales que favorecían a los trabajadores españoles.