El Gobierno creará el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática que exige la Ley dos años después de aprobarla

En España hay, al menos, 6.000 símbolos contrarios a la memoria democrática. Son ilegales desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, pero ahí siguen: en calles, plazas y monumentos. La cifra se extrae del proyecto DeberíaDesaparecer, puesto en marcha por la Fundación Jesús Pereda (y subvencionado por el Gobierno de España).

En la Fundación explican que la iniciativa comenzó 15 años después de la legislación (en 2022), “y a través de una compleja geolocalización, debido a la falta de catálogos públicos”.

En 2022, la nueva Ley de Memoria Democrática estatuyó la obligación de confeccionar “un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”. Dos años después, el Gobierno de España (por vía de emergencia) lo va a desarrollar.

Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos no cumplen con la ley

El pasado martes, 5 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto “que regula las medidas necesarias para la confección del catálogo, así como la constitución y regulación de las funciones y composición de una comisión técnica a estos efectos”, apuntan en la referencia del Consejo.

En esta explicación, se argumenta que, tras la aprobación de la ley de 2022, la Administración General del Estado procedió a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su ámbito, pero observó que “en el resto de las administraciones territoriales, tanto autonómicas como locales, o en bienes de titularidad privada, siguen existiendo dificultades para el cumplimiento de este mandato legal, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar de manera urgente con el catálogo previsto en la ley”.

Además, el texto del Consejo señala que “la constatación de que existen múltiples casos en los que dichos elementos se encuentran en bienes protegidos por las leyes del patrimonio histórico o cultural, conlleva un especial tratamiento del expediente y la necesidad de que sea una comisión técnica compuesta por personas expertas, con experiencia o conocimientos en la materia, la que determine los elementos contrarios a la memoria democrática a incorporar en el catálogo y, en su caso, sobre su eventual retirada o eliminación”.

El Gobierno acusa a las comunidades del PP de no enviar la información

La Ley de Memoria Democrática indica que la confección de este catálogo debe hacerse “en colaboración con el resto de administraciones públicas”. Y al mismo deberán incorporarse los datos suministrados por éstas.

En declaraciones a La Marea, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que han recibido datos de algunas corporaciones locales, y alguna comunidad autónoma ha anunciado que en su territorio ya no hay símbolos, como es el caso del País Vasco. “Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP no son proclives a enviar este tipo de datos o, al menos, no nos los han enviado”, informan las mismas fuentes.

Ahora con urgencia

¿Por qué ahora? ¿Por qué una tramitación urgente? Textualmente, la referencia del Consejo de Ministros dice: “A fin de evitar que la articulación de políticas en la materia de las distintas administraciones no disponga del mecanismo legalmente previsto para desplegar su mayor eficacia, (…) se considera imperativa la declaración de su tramitación administrativa urgente que, de conformidad con la Ley del Gobierno, implica la reducción a la mitad de los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración, la posibilidad de omisión del trámite de consulta pública y la continuación del procedimiento”.

De fondo están las leyes de concordia (o plan de concordia en el caso de Aragón) que aprobó la Comunidad Valenciana, y que no llegó a buen puerto en el caso de Castilla y León.