Apoyar la querella criminal contra J. Carlos de Borbón

 

¿Se dispone la Unión Europea a la guerra contra Rusia?

Las víctimas del franquismo exigen justicia, como demanda fundada en el derecho internacional y humanitario, exigiendo verdad, justicia y reparación. Por eso, la clave de dicha exigencia se concreta en la lucha contra la impunidad del Estado, con la que se impide la denuncia judicial de millones de crímenes y torturas, de los centenares de miles de detenciones y encarcelamientos políticos. La Impunidad constituye una de las bases fundamentales del régimen del 78.

En el momento que hemos conocido la posibilidad de unirnos como personas físicas o jurídicas a la querella criminal contra Juan Carlos de Borbón, por delitos agravados contra la Hacienda Pública, hemos entendido que, en tanto que víctimas y por nuestra condición de demócratas-republicanos, debemos apoyar la misma. Por limitada que sea, por entender solo de cinco delitos agravados, ya reconocidos de hecho por el mismo acusado, el respaldo a la misma vendrá a contribuir a la lucha contra la monarquía y, por tanto, a la recomposición del movimiento republicano frente a la corrupción de las altas magistraturas. Ha sido el despacho del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien ha presentado dicha querella en el Tribunal Supremo, con once personas físicas más, entre quienes se encuentran el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el exmagistrado Clemente Auger, los juristas Javier Pérez Royo, José María Mena, Joaquín Pablo Urías y Eduardo Arranz. También los periodistas Pilar del Río, Miguel Mora, Josep Ramoneda, el filósofo Santiago Alba y la profesora de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz.

La querella, como acción popular, se sitúa en el cuadro del incumplimiento de la legalidad fiscal sobre evasores de grandes capitales, constituyendo un pequeño paso frente al permanente abuso de poder de los Borbones. Esta querella debería apoyarse masivamente, como forma de avanzar políticamente, ante la grave situación institucional prolongada   después de muchos años de falsa democracia política, manteniendo una institución contraria a la democracia en el vértice del poder del Estado. Querella que obliga a pronunciarse a los dirigentes de los partidos y sindicatos que se dicen defensores de los intereses de los trabajadores y de la democracia, así como a todo tipo de organizaciones sociales.

El Gobierno de coalición -en buena medida un gobierno del PSOE y del PCE, que llevan más de cuarenta años sosteniendo el régimen de la monarquía- dice estar gobernando de forma progresista. La realidad les pone al descubierto: los banqueros nunca han ganado tanto dinero como con los gobiernos de P. Sánchez; y las rentas del capital aplastan a las del trabajo, por el hecho de que se legisla y gobierna en detrimento de los salarios y las pensiones, en perjuicio de los servicios sociales esenciales que se desmantelan y privatizan. Los valencianos siguen esperando la intervención del Gobierno para acabar con el abandono y la corrupción, para restablecer sus vidas, pero Manzón sigue en su puesto.

 Es hora de que las demandas republicanas no se presenten ajenas a los derechos sociales y democráticos: la lucha por el salario, la pensión, la sanidad y la educación públicas, son demandas republicanas. El movimiento social y reivindicativo se constituye en el verdadero punto de partida de la demanda de soberanía popular. Y el cambio político e institucional que se demanda es imprescindible para la justa transformación política y social, concretada en la demanda de plena soberanía de las Cortes Generales.

Los últimos acontecimientos internacionales apuntan hacia la agravación de las políticas de guerra y austeridad, cuando los EEUU proceden a la constitución de un gobierno de multimillonarios encabezados por el fascista-delincuente Trump, al que los jueces han declarado impune de todos sus graves delitos, como el asalto del Capitolio al perder las elecciones. Los demócratas se comprometen a trabajar, mano a mano con Trump y sus millonarios, para conjuntamente extender la guerra de Oriente Próximo y de Ucrania. Ambos responden a los intereses del imperialismo norteamericano de controlar la economía y los recursos mundiales, al servicio de sus empresas multinacionales. Por ello, entienden que la guerra imperialista es su gran oportunidad de negocio, y que con ella contribuirán al mantenimiento del papel de EE UU como gendarme imperialista mundial.

En Europa preocupa la posible retirada del apoyo financiero y militar norteamericano a la guerra de Ucrania, lo que obligaría a los gobiernos de las distintas burguesías europeas a un nuevo y mayor esfuerzo financiero, pero también a comprometerse con armas y soldados a enfrentarse militarmente a la Federación Rusa. Francia y Gran Bretaña discuten ya acerca de la formación de un ejército aliado en Europa, que responda a esta exigencia inmediata de extensión de la guerra bajo su responsabilidad. Situación, que se mire cómo se mire, se convierte en un verdadero callejón sin salida para la Unión Europea, sometida a la OTAN y a los dictados de los intereses económicos y militares norteamericanos.

Los constantes ataques aéreos israelíes convierten barrios y suburbios en ruinas, como es el caso de Beirut; mientras se ejecuta la matanza y expulsión masiva de la población palestina de Gaza. Israel y Hyzbolá acordaron un alto el fuego el 26 de noviembre, después de dos meses de invasión y guerra que ha causado más de 3.500 muertos y un éxodo de más de 1.000.000 de personas. Acuerdo condicionado por la intervención de EE UU y Francia, estableciendo 60 días para que Israel evacúe el territorio libanés, para ser ocupado por el ejército de este país. No son pocos los partidos de Israel que se oponen al acuerdo y que siguen reclamando las promesas de “victoria total” de Netanyahu. Por parte palestina se esperaba que todos los que hablan en contra del genocidio de Israel se unieran, obligando al agresor a diversificar sus fuerzas en diversos frentes. Hyzbolá, por su parte, prometía no aceptar el alto el fuego hasta que Israel pusiera fin a la masacre en Gaza. Este acuerdo de alto el fuego es muy parecido al que se firmó en 2006, cuando los partidarios de Hyzbolá ocupan casi la mitad del parlamento libanés, siendo muy influyentes en sectores del ejército y de la administración pública.

Las recientes órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel se han traducido en un recrudecimiento de la política de destrucción y ocupación territorial por el Estado de Israel. Y los EE UU, a través del Senado, discute la imposición de sanciones contra el Tribunal, al tiempo que amenaza con represalias militares a países miembros del mismo.

El hundimiento del partido demócrata norteamericano, y su entrega a las exigencias del trumpismo, es un anticipo de la suerte de los partidos progresistas europeos que han abandonado a los trabajadores, sosteniendo planes de guerra y contrarreforma social, votando incluso por candidatos fascistas en la constitución de la todopoderosa Comisión Europea. Son las políticas de derechas de los progresistas las que abren las puertas a los gobiernos parafascistas, como es el caso de Trump.

Reconstruir las organizaciones independientes de los trabajadores contra la guerra, el genocidio y la austeridad se constituye en la principal tarea a escala nacional e internacional.