Juan Carlos I creó una fundación en Abu Dabi para reunir su fortuna repartida por varios paraísos fiscales, escapando así del control de la justicia y la fiscalidad española. A modo de cortina de humo, difundió sus memorias en las que reconocía su participación en el frustrado golpe de Estado del 23 de marzo de 1981.
O arquivamento das investigações contra o rei emérito pela Procuradoria Anti-Corrupção e pela Procuradoria do Cantão de Genebra (Suíça) foi o tiro de partida para Juan Carlos I criar uma fundação com o objetivo de reunir a sua fortuna dispersa em vários paraísos fiscais e que a revista El archivo de las investigaciones contra el rey emérito por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza) fue el pistoletazo de salida para que Juan Carlos I creara una fundación con el objetivo de reunir su fortuna dispersa en varios paraísos fiscales y que la revista Forbes cifra en unos 2.000 millones de euros. Una fundación con sede en Abu Dhabi, un lugar con una tributación casi nula y que permite la confidencialidad de las reglas de funcionamiento y la verdadera propiedad de los activos, escapando así al control de la justicia y la fiscalidad española.
El nuevo fraude del emérito con la fundación de preservar el botín acumulado por este cleptómano del erario público a lo largo de su vida puede implicar varios delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Por tanto, era imprescindible una cortina de humo, una nueva campaña publicitaria que aprovechara el poco crédito público que le quedaba al juancarlismo [1]. Y qué mejor manera de hacerlo que decidir publicar sus memorias con el sugerente título de Reconciliación, aunque, una vez más, los escándalos acechan al emérito.
Quizás lo más relevante, en esta ocasión, fue escuchar al amigo de las petrodictaduras árabes reconocer su participación directa en el frustrado golpe de Estado del 23 de marzo de 1981. Así lo demuestra la censura que hace hacia su exjefe de la Casa Real. en su momento, Sabino Fernández Campos, por haber dicho demasiado, al tiempo que agradece el silencio del general Alfonso Armada, coprotagonista de este intento de golpe. Aunque la Ley de Secretos Oficiales impide conocer toda la documentación necesaria sobre los antecedentes, desarrollo y consecuencias de aquel día, ya sabemos lo suficiente para reafirmar su participación directa en el mismo, aunque no acabó como él y Armada pretendían.
Declaraciones que deberían conducir a la reapertura del caso 23F, pues no fue casualidad, como recordó recientemente Carlos Fonseca [2], que el Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los golpistas negó, entre otras pruebas, la comparecencia de Sabino Fernández. Campos en la audiencia oral, ya que su testimonio podría destruir el mito que se construyó a partir de entonces de Juan Carlos I como salvador de la democracia . Un mito que pasó a asociarse estrechamente al de la Inmaculada Transición , y que sirvió de coartada a un amplio grupo de izquierdas, con el PSOE de Felipe González y el PCE de Carrillo a la cabeza, para justificar su conversión juancarlista. En realidad, era una forma de pretender ser monárquicos de boca pequeña, sin tener que reconocer públicamente que aceptaban la legitimidad franquista de la monarquía borbónica.
Estas conversaciones revelaron una vez más, salvo para aquellos que no quieren preservar su propia mitificación (como en el caso de Felipe González), que la monarquía borbónica no jugó ningún papel como motor de la democratización en aquellos años decisivos, sino que más bien fue un freno permanente. Cabe recordar, de hecho, que Juan Carlos I juró las Leyes Fundamentales de Franco, mientras que nunca juró la Constitución de 1978, queriendo demostrar así que el principio monárquico que representaba -y sus funciones de garantizar la unidad de España , el liderazgo- de las Fuerzas Armadas y el respeto a los privilegios de la Iglesia Católica- quedarían incluso fuera de cualquier tipo de control parlamentario. Así, logró trazar algunas líneas rojas para el presunto poder constituyente de las Cortes elegidas en junio de 1977, y la aceptación de los contenidos básicos de la Ley de Reforma Política aprobada durante la dictadura en diciembre de 1976, junto con el Decreto-Ley Electoral de Marzo de 1977. 1977, aún vigente, en el nuevo texto constitucional. A pesar de ello, más tarde optó por confiar en el general Armada para intentar un golpe de Estado. sin contratiempos en el 23F, a través de la llamada Operación De Gaulle –para la que también contó con la complicidad de líderes del PSOE y del PCE–, con el firme propósito de frenar los primeros derrames del consenso de la Transición que asomaban en el horizonte, particularmente en el proceso autónomo [3].
Sin embargo, tras este nuevo episodio, no debemos contentarnos con decir que sobran motivos para enterrar definitivamente el mito del juancarlismo, por mucho que algunos como Felipe González y Alfonso Guerra se empeñen en revivirlo. Hay que ir más allá y denunciar también el permanente blanqueo de Felipe VI al que se han dedicado los partidos del régimen y la gran mayoría de los medios de comunicación a lo largo de los diez años de su reinado. Porque no podemos olvidar que el actual monarca es heredero de una corona que tiene su origen y su única legitimidad en el franquismo, que fue cómplice y se benefició de su larga historia de corrupción, que seguirá disfrutando de la misma impunidad y, sobre todo, todo, que comparte la misma ideología reaccionaria y neocolonial. Esta última parte quedó muy clara recientemente con su irrespeto al pedido de perdón de México y ahora lo vemos con motivo de la celebración del funesto 12 de octubre como Fiesta Nacional . Por eso, como dijo el entonces diputado Sabino Cuadra en las Cortes españolas, el 11 de junio de 2014, en respuesta a la abdicación de Juan Carlos I, lo que queremos es: “No cambiar reyes, pero no tener ninguno: ni el padre , ni el hijo, ni el espíritu franquista que anida en ambos” [4].
Por todo ello, y aunque los tiempos que vivimos no son los mejores para forzar un cambio radical de rumbo, el rechazo a la monarquía, máxima institución al frente del régimen del 78, y la apuesta por un republicanismo confederal de libertad La membresía y el anticapitalismo deben ser signos fundamentales de identidad de una izquierda alternativa. En este camino, debemos esforzarnos en impulsar iniciativas que contribuyan a la movilización unitaria de un amplio bloque de fuerzas sociales y políticas a favor del referéndum sobre la monarquía, que Adolfo Suárez (otro mito revivido) impidió durante la mitificada Transición, con la objetivo de volver a poner en el centro de la agenda política la necesidad de una ruptura democrática que permita la apertura de nuevos procesos constituyentes.
Jaime Pastor y Miguel Urbán forman parte de la dirección de la revista viento sur, son militantes de Anticapitalistas y editores de ¡Abajo el rey! Repúblicas
Notas:
1- “ El juancarlismo fue la gran operación de marketing del régimen del 78 para justificar el relato oficial de la transición y la instauración de la monarquía parlamentaria sin referéndum popular ”, como resumieron Teresa Rodríguez y Miguel Urbán en el libro colectivo ¡Abajo el rey! Repúblicas (2020: 71).
2- “ Los secretos de alcoba del 23F ", eldiario.es , 4/10/24.
3- Jaime Pastor, “El 23F, Juan Carlos I y su golpe de timón a estribor”, en Jaime Pastor y Miguel Urbán (2020), pp. 47-53.
4- “De Juan Carlos I a la Euskal Errepublika pasando por Felipe VI”, Sabino Cuadra, en Jaime Pastor y Miguel Urbán, 2020, p. 91.
Fuente → esquerda.net
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