La crisis de principios de Octubre de 1934
Eduardo Montagut
Antes de reunirse las Cortes la CEDA anunció públicamente que retiraba su apoyo al Gobierno radical de Ricardo Samper, exigiendo la entrada en el ejecutivo. El 1 de octubre se abrió el período de sesiones, y Samper intentó defender la gestión de su gobierno, llegando a anuncia que había llegado a una especie de solución o acuerdo en relación con el conflicto sobre la Ley de Contratos de Cultivo en Cataluña. Recordemos que aquella Ley, favorable a los agricultores frente a los propietarios, fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, y recurrida en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero la CEDA se mantuvo firme en su postura de dejar de sostener parlamentariamente a los radicales, y Samper, ante la falta de una mayoría estable, dimitió.
El problema era mayúsculo porque todo el republicanismo de izquierdas, es decir, la recién fundada Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, presionaron al presidente Alcalá-Zamora para que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones porque consideraban que no se podía entregar el poder a los enemigos de la República, a los que negaban los principios que habían nacido el 14 de abril. Alcalá-Zamora, en realidad, no era muy partidario de Gil Robles, compartiendo las desconfianzas de los republicanos de izquierdas, pero tampoco contempló la disolución, por lo que propuso a Alejandro Lerroux nuevamente como presidente del Gobierno, pero esta vez en el mismo entrarían tres ministros de la CEDA, lo que no había pasado desde las elecciones de 1933 que habían dado la victoria al centro y la derecha. Esos ministros serían Manuel Giménez Fernández en Agricultura, José Oriol Anguera de Sojo en la cartera de Trabajo y Rafael Aizpún Santafé en Justicia. No eran departamentos secundarios ni mucho menos, porque los dos primeros tenían una evidente dimensión social que podía generar tensión con los socialistas, ya de por sí, muy radicalizados desde el otoño de 1933, y de todo el movimiento obrero. Justicia, por su parte, tenía relación con otro tema de especial polémica, ya que tenía competencias en las cuestiones religiosas, punto de especial fricción entre las derechas y las izquierdas.
La composición del nuevo Gobierno se hizo pública el día 4. La prensa de izquierdas, como el Heraldo de Madrid, arremetió contra el mismo, y hasta hubo algún radical, como el que había sido ministro de Obras Públicas, Rafael Guerra del Río, que planteó que había que exigir a la CEDA una declaración pública de fidelidad o acatamiento al régimen republicano para que pudiera entrar en el Gobierno. La CEDA nunca hizo esa declaración durante su existencia como formación política, a pesar de que fue el partido más posibilista del universo de la derecha.
Por su parte, los socialistas fueron aún más contundentes y avisaron que irían a la revolución si entraban ministros de la CEDA en el Gobierno. Fue el momento de la convocatoria de la huelga general revolucionaria, y que debía comenzar en la medianoche del 5 de octubre.
Terminadas las vacaciones del verano de 1934 la vida política española entró en una dinámica vertiginosa que llegaría a su culmen con la Revolución de Octubre.
Antes de reunirse las Cortes la CEDA anunció públicamente que retiraba su apoyo al Gobierno radical de Ricardo Samper, exigiendo la entrada en el ejecutivo. El 1 de octubre se abrió el período de sesiones, y Samper intentó defender la gestión de su gobierno, llegando a anuncia que había llegado a una especie de solución o acuerdo en relación con el conflicto sobre la Ley de Contratos de Cultivo en Cataluña. Recordemos que aquella Ley, favorable a los agricultores frente a los propietarios, fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, y recurrida en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero la CEDA se mantuvo firme en su postura de dejar de sostener parlamentariamente a los radicales, y Samper, ante la falta de una mayoría estable, dimitió.
El problema era mayúsculo porque todo el republicanismo de izquierdas, es decir, la recién fundada Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, presionaron al presidente Alcalá-Zamora para que disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones porque consideraban que no se podía entregar el poder a los enemigos de la República, a los que negaban los principios que habían nacido el 14 de abril. Alcalá-Zamora, en realidad, no era muy partidario de Gil Robles, compartiendo las desconfianzas de los republicanos de izquierdas, pero tampoco contempló la disolución, por lo que propuso a Alejandro Lerroux nuevamente como presidente del Gobierno, pero esta vez en el mismo entrarían tres ministros de la CEDA, lo que no había pasado desde las elecciones de 1933 que habían dado la victoria al centro y la derecha. Esos ministros serían Manuel Giménez Fernández en Agricultura, José Oriol Anguera de Sojo en la cartera de Trabajo y Rafael Aizpún Santafé en Justicia. No eran departamentos secundarios ni mucho menos, porque los dos primeros tenían una evidente dimensión social que podía generar tensión con los socialistas, ya de por sí, muy radicalizados desde el otoño de 1933, y de todo el movimiento obrero. Justicia, por su parte, tenía relación con otro tema de especial polémica, ya que tenía competencias en las cuestiones religiosas, punto de especial fricción entre las derechas y las izquierdas.
La composición del nuevo Gobierno se hizo pública el día 4. La prensa de izquierdas, como el Heraldo de Madrid, arremetió contra el mismo, y hasta hubo algún radical, como el que había sido ministro de Obras Públicas, Rafael Guerra del Río, que planteó que había que exigir a la CEDA una declaración pública de fidelidad o acatamiento al régimen republicano para que pudiera entrar en el Gobierno. La CEDA nunca hizo esa declaración durante su existencia como formación política, a pesar de que fue el partido más posibilista del universo de la derecha.
Por su parte, los socialistas fueron aún más contundentes y avisaron que irían a la revolución si entraban ministros de la CEDA en el Gobierno. Fue el momento de la convocatoria de la huelga general revolucionaria, y que debía comenzar en la medianoche del 5 de octubre.
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