Me sumo totalmente a la Asamblea Republicana de Vigo que denuncia al rey emérito y a las infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo.
La denuncia recuerda que el emérito realizó una primera regularización fiscal en diciembre de 2020 por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por importe de 4,4 millones de euros para la que, según su testimonio, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos y convenció así a la AEAT de que no le quedaba dinero.
En su acusación recogen numerosas informaciones periodísticas donde se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. Elena “trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300 000 euros anuales” mientras Cristina “ingresa unos 400 000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra”. Se trata de sueldos “considerables”, pero el emérito “teme que pierdan esos empleos cuando él falte”. No es su único ingreso ya que ambas “se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela”.
La fundación, presidida por el Borbón, de 87 años, y con sus hijas en el patronato, funciona así como un “vehículo sucesorio” en el que no ha participado ni figura como futuro beneficiario el rey Felipe VI. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte.
“Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados” que, según recuerda la Asamblea Republicana, se produciría en diciembre de este año y febrero de 2025, respectivamente.
La entidad considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito”, convierte a las infantas en “encubridoras” de uno o varios delitos fiscales y “autoras” de un delito de blanqueo, a lo que se sumaría una infracción tributaria o un delito contra la hacienda pública por percibir sin declarar fondos del extranjero, por cuenta de su padre, para financiar su “alto nivel de vida”.
Fuente → elliberalescandalizado.wordpress.com
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