90º aniversario de la Revolución de Octubre de 1934

El origen del conflicto está ligado a las elecciones generales de noviembre de 1933. La Segunda República, proclamada en 1931, había impulsado importantes reformas sociales, económicas y políticas, respaldadas por fuerzas republicanas y socialistas. Sin embargo, con la llegada al poder del Partido Radical de Alejandro Lerroux, apoyado por la creciente influencia de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil Robles, se desató un temor profundo entre los sectores de izquierda. La CEDA, un partido de corte católico y conservador, rechazaba las reformas republicanas y aspiraba a restaurar el poder de la Iglesia y las clases propietarias. Con una campaña electoral poderosa, especialmente en las zonas rurales, la derecha logró una fuerte representación parlamentaria, lo que la convirtió en el árbitro del poder.

Para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), este ascenso de la derecha fue visto como un ‘peligro mortal’ para los logros de la República y una amenaza de fascismo, al estilo de lo que ya estaba ocurriendo en Italia y Alemania. El PSOE, que había sido un actor clave en la creación de la República, optó por una postura más radical tras las elecciones de 1933. Con Francisco Largo Caballero como figura central, el partido se distanció de los republicanos moderados y se inclinó hacia una estrategia revolucionaria, buscando el apoyo de los sindicatos obreros, especialmente la Unión General de Trabajadores (UGT) y sectores radicales de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Este giro revolucionario no estuvo exento de tensiones internas. Mientras que Largo Caballero impulsaba la idea de una revolución para detener el fascismo, otros líderes socialistas, como Indalecio Prieto, adoptaban una postura más cautelosa. Julián Besteiro, un histórico dirigente del PSOE, se opuso frontalmente a la radicalización del partido y, en enero de 1934, fue apartado de la dirección. Las divisiones dentro del socialismo reflejaban la complejidad del momento, con posturas enfrentadas sobre cómo y cuándo actuar ante la amenaza de la derecha.

El detonante definitivo llegó el 4 de octubre de 1934, cuando Alejandro Lerroux, jefe del gobierno, incorporó a tres ministros de la CEDA en su gabinete. Para la izquierda, esta decisión fue el equivalente a ceder el control del país a sus enemigos, poniendo en riesgo las reformas sociales logradas desde 1931. La CEDA, liderada por Gil Robles, había dejado claro su objetivo de desmontar las políticas republicanas, y la entrada de sus ministros en el gobierno fue vista como una señal inequívoca de que la República estaba en peligro. Ante este escenario, las organizaciones obreras convocaron una huelga general para el 5 de octubre, con el objetivo de frenar lo que consideraban un golpe de Estado encubierto.

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La huelga se extendió rápidamente por todo el país, aunque con distinta intensidad según la región. En las zonas rurales del sur y el centro peninsular, el movimiento no tuvo un gran seguimiento, debido al desgaste acumulado por años de movilizaciones campesinas y la reciente represión de la huelga agraria de junio de 1934, que había dejado miles de detenidos. Sin embargo, en los centros urbanos industriales, la huelga se convirtió rápidamente en un levantamiento revolucionario, especialmente en Asturias, donde el movimiento alcanzó su mayor expresión.

Asturias, una región minera con una larga tradición obrera, fue el epicentro de la insurrección. Allí, la Alianza Obrera, una coalición formada por la UGT y la CNT, tomó el liderazgo del levantamiento. Los mineros asturianos, organizados y armados, llegaron a tomar cuarteles de la Guardia Civil y a controlar importantes ciudades como Oviedo y Gijón. Durante varios días, la región vivió lo que algunos llamaron una “comuna socialista”, en la que se intentaron implementar formas de autogestión y organización obrera.

El gobierno republicano, desbordado por la magnitud del levantamiento, decidió recurrir a medidas extremas para sofocar la rebelión. Lerroux ordenó el envío de las tropas coloniales, conocidas por su brutalidad en las campañas en Marruecos, bajo el mando del general Francisco Franco. La represión en Asturias fue feroz. Las tropas atacaron con artillería y aviación, y el conflicto derivó en una auténtica carnicería. En dos semanas, la revuelta fue sofocada, dejando más de 1.500 muertos y alrededor de 30.000 personas detenidas. Las represalias no se limitaron a los combatientes; también se produjeron ejecuciones sumarias y torturas, lo que dejó una huella imborrable en la población asturiana.

En paralelo a los acontecimientos en Asturias, en Cataluña se vivió un episodio igualmente significativo, aunque de distinta naturaleza. El 6 de octubre, apenas un día después de iniciada la huelga general, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aprovechó el contexto de agitación para proclamar el “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Esta maniobra política respondía no solo a las tensiones internas de Cataluña con el gobierno central, sino también al deseo de Companys de aprovechar la coyuntura revolucionaria para fortalecer las aspiraciones independentistas catalanas.

Sin embargo, el intento de proclamar el Estado Catalán fue rápidamente sofocado. El gobierno de la República envió tropas para reprimir el movimiento, y en menos de 24 horas, la proclamación fue anulada. Companys y otros líderes catalanes fueron arrestados, y la Generalitat quedó intervenida por el gobierno central. Aunque no fue tan violento como el levantamiento en Asturias, el fracaso del movimiento en Cataluña supuso un duro golpe para el nacionalismo catalán y debilitó las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

La Revolución de Octubre de 1934 tuvo consecuencias duraderas y profundas en la historia de España. A corto plazo, el aplastamiento de la rebelión fortaleció a la derecha, especialmente a la CEDA, que continuó minando las reformas republicanas. La represión especialmente en Asturias, aumentó la polarización política del país y radicalizó aún más a los sectores obreros y campesinos, que vieron en la violencia del Estado una señal de que no había margen para el diálogo o la reconciliación. Las esperanzas de una colaboración entre las fuerzas republicanas y socialistas quedaron destruidas, lo que allanó el camino hacia la Guerra Civil que estallaría dos años después.