La asociación para la recuperación de la memoria histórica pide al Gobierno socialista que deje de impedir que se juzguen e investiguen los crímenes de la dictadura franquista.
El gobierno español es el único en el mundo que utiliza las subvenciones como respuesta a delitos que, como señala la ONU, “son mucho más que una violación de los derechos humanos”. El Estado, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, no respeta la convención contra las desapariciones forzadas, ratificada por España, cada vez no juzga estos crímenes, no los condena penalmente y no indemniza a las víctimas.
Desde 2011, la ONU conmemora el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recordando a los gobiernos sus obligaciones ante crímenes que Naciones Unidas califica como "mucho más que una violación de los derechos humanos", expresando su "preocupación". sobre la impunidad generalizada para estos crímenes.
En el caso de España, que ratificó la Convención contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias en septiembre de 2009, ninguno de los responsables de los miles de asesinatos y desapariciones de civiles cometidos por las milicias falangistas y las fuerzas de seguridad de la dictadura desde el 18 de julio de 1936 nunca fue probado.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) y nieto de la primera persona desaparecida durante la represión franquista identificada genéticamente, "el homenaje más imprescindible en una democracia a las víctimas de desapariciones forzadas es el reconocimiento judicial investigación de los crímenes, condena de los autores e indemnización de las familias”. En cuanto a las políticas gubernamentales, añade: “Somos el único país del mundo que tiene miles de personas asesinadas y desaparecidas y está tratando de solucionarlo con subsidios.
Fernando Martínez, el Secretario de Estado para la Memoria Democrática sólo habla de subsidios, pero no dice nada de los asesinos de estos miles de civiles, ni de la forma en que se cometieron estos crímenes, ni de la forma en que se aprovecharon. »
Cuando la ONU define la desaparición forzada, describe lo que hicieron los golpistas de 1936, explicando que es "el arresto, la detención o el movimiento de personas contra su voluntad, o su privación de libertad de cualquier forma por parte de funcionarios gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por individuos que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo, autorización o aquiescencia directa o indirecta, y que posteriormente, estas personas son sustraídas de la protección de la ley al negarse a revelar su destino o ubicación, o a reconocer que están privados de su libertad.
La ONU utiliza esta fecha para concienciar a las sociedades sobre la gravedad de las desapariciones forzadas y recordarles que son crímenes permanentes, porque continúan mientras no se encuentre a los desaparecidos. “En España – explica Silva – los representantes del gobierno repiten constantemente las palabras verdad, justicia y reparación, pero no hacen nada para garantizar que los hechos sean juzgados, para informar a la sociedad de los crímenes cometidos y de los criminales, ni para indemnizar a las familias”. Concluye: “Los derechos humanos no están subsidiados, están garantizados, porque las políticas de subsidios crean clientelismo electoral; como no es un derecho, se le dice a la sociedad y a las víctimas en particular que si yo gobierno habrá subsidios, y si no gobierno no los habrá. Y nunca hemos visto que la justicia o la reparación para una víctima del terrorismo dependa del resultado de las elecciones. »
Daniel Pinós
Fuente → memoire-libertaire.org
No hay comentarios
Publicar un comentario