El caos seudo-parlamentario del régimen
La herencia política y dineraria de la Casa de Borbón
Las manifestaciones del 11 de Septiembre en Cataluña han vuelto a reiterarse en las demandas democráticas y nacionales históricas, pero con menos participación, y ello frente al dictado de un régimen que niega de raíz el derecho de los pueblos a decidir sobre sus destinos. Se conmemora con la Diada la fecha histórica de la caída de Barcelona por el acoso de las tropas borbónicas en 1714.
El sistema constitucional de la Transición fue quebrado por el referéndum ilegalizado del 1 de Octubre de 2017, convocado desde el Parlament y el Gobierno de la Generalitat. Referéndum que fue reprimido y aún colea la exigencia de justicia. Por ello y en continuidad, en la manifestación de ayer en Barcelona se gritaba: “¡1-O, ni olvido ni perdón!”. El pronunciamiento soberanista y republicano sigue siendo -pese a los retrocesos habidos- el eje de todas las demandas democráticas y sociales, de la vivienda, los transportes, la sanidad y el agua.
A través de una Ley parcial de Amnistía -que para más inri está siendo saboteada por la cúpula judicial- se ha intentado volver a la política de pactos y consensos, para imponer unas instituciones que en Cataluña han venido impuestas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Ley de Amnistía se ha convertido mayoritariamente en la amnistía de la violencia policial y judicial, mientras que se niega sus efectos a dirigentes soberanistas condenados o exiliados por convocar el referéndum en el curso del “procés” que siguió al rechazo del nuevo Estatuto aprobado en Cataluña, y que fue amputado por las Cortes Generales.
Hace muy poco, el PSOE y el PP volvían a pactar el reparto partidista de los altos tribunales y magistraturas, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Constitucional y otras altas magistraturas, atalayas del poder desde donde se boicotea ahora la aplicación de la Amnistía a aquellas personas que mantienen sus demandas políticas republicanas y soberanistas. El Tribunal Supremo ha decidido llevar la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional y aconseja a los jueces que tienen que aplicar dicha ley que, para alargar y obstaculizar los posibles beneficios de su aplicación, recurran ante al tribunal de la Unión Europea.
A la Ley frustrada de Amnistía parcial se suma ahora un pacto de financiación autonómica establecido entre el PSC y Esquerra Republicana, tendente a desnaturalizar las exigencias de autodeterminación del pueblo de Cataluña con migajas financieras, que enriquecen en cada autonomía a las familias franquistas y contribuyen a la corrupción política. Se trata de asegurar la desigualdad y la división en los presupuestos que deberían financiar la sanidad, la educación, los transportes…
El fondo de la cuestión es la falta de finanzas públicas, que son desviadas a la Corona, a la Iglesia, a las guerras de la OTAN, lo que afecta a la financiación de todas las autonomías y con ello solo se logra dividir a trabajadores y pueblos. En Cataluña, donde el Estado ha impuesto importantes privatizaciones en la sanidad, la educación…, se ha obligado a la Generalitat a elevar en un 32% la deuda de “facturas impagadas”. Y ahora se busca un trampantojo de acuerdo fiscal que no resuelve los problemas sociales, y que no puede sino redundar en la división y enfrentamiento entre pueblos. La llamada “financiación singular”, cuyo contenido se mantiene en secreto por los firmantes, cuenta hasta con la oposición de sectores del PSOE. Los barones territoriales entienden que Sánchez no hace otra cosa que comprar la complicidad de algunos soberanistas para así poder establecer el gobierno “españolista” de Salvador Illa en Cataluña, donde ha vuelto a ondear la bandera monárquica y a los Borbones se le vuelve a recibir con todos los honores. Estos, y no otros, han sido los grandes avances políticos en Cataluña, fruto de una Ley incompleta y de un pacto de “financiación singular” frustrado.
De todo esto tratan de sacar réditos los franquistas del PP, especialistas en sabotear leyes. Y es que el gobierno progresista, con su disciplina a la OTAN y a la UE, se lo pone más fácil cada día. Las políticas antisociales de Sánchez, de guerra y sumisión a la OTAN, es lo que necesitan los franquistas del PP para chapotear más en el barro y la corrupción política oficial, tratando de ocupar la calle y dominar el relato político con el respaldo de grandes medios de comunicación.
Sánchez califica acertadamente la política de Feijoó y su equipo en dos palabras: “la nada y el lodo”, pero oculta sus propias complicidades para que esta estrategia pueda tener tanto éxito. Estrategia que va dando facilidades a los franquistas, que ya dominan la mayoría del sistema autonómico y municipal, y que desde las elecciones generales han bloqueado todas las iniciativas del Gobierno. Están generando un verdadero caos pseudo-parlamentario en el seno del régimen monárquico, que unos y otros venden como la mayor democracia.
La Monarquía no puede imponer sus planes de privilegio y corrupción sin enfrentar y dividir a los trabajadores y pueblos. Lo pactado en Cataluña para modificar la fiscalidad, lo llamen como lo llamen, es la negación de los pueblos a decidir y a financiar dignamente sus servicios públicos, que son destruidos y privatizados por el Gobierno de turno. Pacto que tiene que ser aprobado por unas Cortes donde, en medio del caos político, el gobierno de Sánchez ha perdido la exigua mayoría de la que ha gozado; de forma que no puede gobernar sin mayoría en Cortes, sin Presupuestos y en medio de la corrupción política, esperando la ocasión para convocar por sorpresa elecciones generales.
La herencia de Juan Carlos de Borbón, fugado a los Emiratos Árabes, está en estos días en plena ebullición, siguiendo su proceso de “modernización”, que comenzó con la designación del “atado” del dictador. Hablando de herencia, a veces olvidamos que la parte principal de la herencia del Emérito ya está ejecutada con la subida al trono de su hijo en junio de 2014, al que ha dejado una gran finca que se llama España, donde se mantienen los mismos modos y maneras que estableció el reinado de su padre, es decir, los de la impunidad, los privilegios y la corrupción.
Las cuentas de palacio siguen siendo un enigma, cuando recibe una suntuosa financiación pública y privada, de la que no da cuenta ante ninguna institución. La propaganda oficial ha tratado de separar al heredero del padre, como si fueran cosas distintas, cuando forman parte del mismo poder. Ahora la herencia dineraria de Juan Carlos se abre para toda la familia Borbón, un inmenso botín amasado desde el abuso de poder político, con la complicidad de los gobiernos de turno. Herencia que se prepara con completa opacidad en uno de los paraísos fiscales del mundo. Las fundaciones multimillonarias de los borbones existentes en Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales, se van a fusionar en una gran fundación que formalmente constituyen Juan Carlos y sus hijas, pero que no dejará nunca de ser el botín unificado de la Casa de Borbón. Tanto el Gobierno de Sánchez como el sistema político del consenso son cómplices de esta herencia, a la que hay que exigir luz y taquígrafos.
Las Cortes, metidas en el barro del consenso, acaban de aprobar un acuerdo promovido por el PP, instando al Gobierno al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que el mismo Gobierno español ha traído como refugiado a Madrid en un avión militar. En respuesta, Venezuela amenaza con la ruptura de todo tipo de relaciones.
Frente al caos, los privilegios y la corrupción, contra los pactos y consensos con los franquistas, frente a los privilegios y la corrupción de la Casa de Borbón, demandamos la devolución de la soberanía a los pueblos: un referéndum vinculante sobre monarquía o república, que permita a los pueblos de España poder decidir libremente sobre sus asuntos y destinos.
Fuente → elespacioindependiente.wordpress.com
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