Bartolomé García Lorenzo, una víctima canaria de la Transición

El MPAIC, Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, fundado en 1964 por el abogado tinerfeño Antonio Cubillo, con el apoyo de Argelia, había conseguido solo cuatro años después de su creación, el respaldo del Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana (OUA), en su causa africanista y descolonizadora, y ya constituía otro de los frentes abiertos del oposición al franquismo, que comenzaba a poner las bases para la sucesión, con el nombramiento del príncipe Juan Carlos, el 21 de julio de 1968, por las cortes franquistas, en las que el Borbón reconoció “la legitimidad surgida el 18 de julio de 1936”, y juró lealtad a los Principios del Movimiento.

Con un régimen en avanzado estado de descomposición, que necesitaba legitimarse para preparar esa Transición, en la que “todo cambiara, para que no cambiara nada”, parte de la oposición, en especial la que había continuado la resistencia en las distintas naciones del estado, se había radicalizado, hasta germinar en distintas expresiones armadas, que apostaban con enfrentar a un régimen que regaba con sangre proletaria las calles y pueblos de aquel país en blanco y negro.

El propio MPAIC iniciaría la actividad armada el 1 de noviembre de 1976, a través de las Fuerzas Armadas Guanches (FAG), siendo objeto de sus acciones, especialmente, el sector turístico. Para entonces ya eran muchos los jóvenes que habían engrosado las filas del independentismo canario, aglutinados en torno a la figura de Antonio Cubillo, que desde su exilio argelino incendiaba las ondas a través de La Voz de Canarias Libre.

Uno de los jóvenes militantes del MPAIC, era Bartolomé García Lorenzo, un estudiante de magisterio de 21 años, deportista, de barba poblada y mirada soñadora, al que la policía tenía en el punto de mira. El 22 de septiembre de 1976, estaba en casa de su prima, en la barriada tinerfeña de Somosierra-García Escámez –nombrada así en honor al golpista gaditano, que colaboraría con el general Mola en la preparación de la sublevación,  y que en 1943 sería nombrado Capitán General de las Canarias-, en aquel momento se encontraba Antonia Lorenzo, su prima, y sus hijos, de tres y quince meses, en la vivienda.

Llaman a la puerta del cuarto piso del bloque Divina Pastora, el de Antonia, y Bartolomé abre la puerta, pero la cierra inmediatamente al encontrarse con un grupo de hombres que le apuntan con sus armas. Sin tiempo a alejarse de ella, los seis policías armados, abren fuego contra la puerta, un total de treinta disparos, que la atraviesan. Cuatro de las balas también atraviesan el cuerpo de Bartolomé. “Las balas perforaron, una el brazo, otra la arteria humeral, y dos el vientre, que le afectaron al hipocondrio, desgarro del hígado, estallidos múltiples en las regiones rectoperitoneal y epigástrica” según el parte médico. Y aunque intentaron salvarle la vida, dos días después fallecía a consecuencia de las heridas.

El gobernador franquista Rafael Mombiedro de la Torre, que sería diputado en las cortes constituyentes por la UCD, apoyó la versión policial que señalaban que Bartolomé estaba armado, y que su muerte se había debido a un enfrentamiento.

Esa misma noche la isla estalló con una manifestación de ira popular, que congregó a más de 3.000 personas, y que fue violentamente reprimida por los “grises”, con abundantes heridos y detenidos, pero no lograron disolver la concentración que en la plaza de Somosierra albergó a muchos vecinos. En los días siguientes se sucedieron las manifestaciones en Santa Cruz de Tenerife, de cuyos balcones pendían crespones negros en señal de luto. Se hizo una llamada a la Huelga General que paralizó la isla, pese a la asfixiante presencia policial en todos los accesos a la capital tinerfeña, y que se salda con 27 detenidos.

A los cuatro días del asesinato del joven militante del MPAIC, los policías implicados en su muerte fueron trasladados a Madrid, y fueron recibidos por más de 200 compañeros en el aeropuerto, para mostrarles su apoyo. Ninguno de ellos pisó la prisión, y solo fueron cesados durante dos años en el cargo, recuperando después sus cargos sin ni tan siquiera perder la antigüedad.

Los nombres de los asesinos que dispararon a Bartolomé cuando abría la puerta  aparecieron claros en la memoria de Manuel. Ninguno conoció prisión por el asesinato. Es más, ante la que se armó en las islas, a los cuatro días de la balacera los trasladaron a Madrid para protegerlos y al aeropuerto fueron a recibirlos más de 200 policías españoles apoyando a los asesinos. Dos años de cese en el cargo pero sin perder la antigüedad y a recuperar sus puestos como si nada hubiera pasado. Más aún, todos ellos fueron recompensados con promociones en su empleo.

El inspector José Antonio del Arco Martín, pese a que, en 1982, es condenado por el homicidio de Bartolomé, a dos años de prisión, no cumple condena, y reaparece como escolta del ministro socialista Ernest Lluch, y después es destinado a la Comisaría General de Seguridad Social, donde es nombrado jefe de Contravigilancia en la Unidad de Protección.

Juan José Merino Antón, también condenado a dos años, por la Audiencia de Tenerife, no cumple su pena, y más tarde es ascendido a subcomisario. Todos siguen con su carrera policial, sin cumplir sus condenas: José María Vicente Toribio, es traslado a Zamora. Ángel Dámaso Estrada es ascendido a inspector y destinado a Madrid. Juan Gregorio Valentín Oramas y Miguel Guillermo López García corren idéntica suerte.

El entierro de Bartolomé García Lorenzo, fue la mayor manifestación popular conocida en Tenerife hasta la fecha, que congregó a más de 25.000 personas, muchos militantes independentistas y de izquierdas, pero también estudiantes, obreros, campesinos, que increparon al alcalde de Santa Cruz, Leoncio Oramas Tolosa –tío de la actual diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas-, y al presidente del Cabildo, Rafael Clavijo, y tuvieron que abandonar el lugar escoltados por la policía tras ser apedreados.

Detrás de la operación contra el pujante movimiento independentista canario estaba el entonces ministro de interior Rodolfo Martín Villa, que ordenaría también el asesinato en Argel del líder del MPAIC, Antonio Cubillo, en abril de 1978, que sobreviviría pero con graves secuelas.

No deja de ser curioso que Ana Oramas, que en 1979 entró en política con el partido de Martín Villa, en la UCD, como concejala de la capital tinerfeña, y que durante estos cuarenta años ha ocupado cargos públicos de forma ininterrumpida, mayormente en la conservadora Coalición Canaria, se atreviera a invocar al partido de Bartolomé García Lorenzo en el Congreso de los diputados:

“No hay trabajo. No hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera a Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos, a Argelia, para que resuelva al drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín. Canarias es un volcán. Canarias es razón de Estado”.