Mantener su nombre en espacios públicos no solo es una afrenta a la memoria de las víctimas, sino también un incumplimiento flagrante de las leyes de memoria histórica
El 14 de agosto de 1936, Yagüe lideró la toma de Badajoz, donde se produjo una de las masacres más atroces de la Guerra Civil española. Miles de civiles y soldados republicanos fueron ejecutados de manera sumaria en la plaza de toros de la ciudad, en un intento de consolidar el poder franquista a través del terror. Esta acción, considerada por muchos historiadores como un crimen de guerra, consolidó la reputación de Yagüe como símbolo de la brutalidad franquista.
A pesar de este legado, el nombre de Yagüe ha perdurado en Logroño, reflejando la resistencia de ciertos sectores a enfrentar el pasado y reconocer las atrocidades cometidas durante la dictadura franquista. Este es un ejemplo claro de cómo la transición a la democracia en España, debido a la tristemente conocida como ley de amnistía de 1977, no incluyó un proceso exhaustivo de justicia transicional, de tal forma que los que un día se acostaron franquistas, al día siguiente se levantaron demócratas.
La ley de memoria democrática: una obligación Incumplida
Aunque las leyes de memoria democrática son absolutamente timoratas e insuficientes para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación, sí que fueron diseñadas para, al menos, asegurar que los símbolos franquistas sean eliminados del espacio público. Estas leyes establecen obligaciones claras para las administraciones públicas, incluyendo la retirada de cualquier símbolo, monumento o referencia que glorifique la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.
En La Rioja, específicamente en Logroño, el incumplimiento de estas leyes es evidente. A pesar de los mandatos claros, el nombre de Yagüe sigue siendo honrado en varios puntos de la ciudad. Esto no solo refleja una falta de acción por parte de las autoridades locales, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, sino también un desdén por las demandas de justicia y memoria por parte de las víctimas del franquismo.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la perpetuación del nombre de Yagüe en Logroño constituye una forma de violencia hacia las víctimas del franquismo y sus descendientes. Cada día, decenas de vecinos y vecinas suben a un autobús cuyo luminoso indica “Yagüe-Varea”. ¿Se imagina algún demócrata subir a un autobús con el nombre “Hitler-Varea”?.
Los derechos humanos, basados en el respeto a la dignidad humana, exigen que se reconozcan y reparen las injusticias del pasado. Mantener el nombre de un responsable de crímenes de guerra en el espacio público contradice estos principios y perpetúa una cultura de impunidad. El respeto a los derechos humanos también implica una memoria histórica que honre a las víctimas y condene a sus verdugos. En este sentido, la inacción de las autoridades en Logroño no solo es un incumplimiento legal, sino también una traición a los valores éticos fundamentales de una sociedad democrática.
La Transición a la democracia en España se caracterizó por la falta de un proceso adecuado de justicia transicional. Policías, jueces, políticos, etc que habían servido al régimen franquista pasaron a la democracia sin rendir cuentas por sus actos. Esta impunidad permitió que figuras clave de la represión franquista mantuvieran sus posiciones de poder sin enfrentar consecuencias por sus acciones durante la dictadura. Este legado de impunidad no solo ha afectado la capacidad de la sociedad para reconciliarse con su pasado y construir una democracia real, sino que también ha permitido que símbolos como el nombre de Yagüe sigan presentes en el espacio público, desafiando los esfuerzos por construir una memoria histórica justa y equitativa. De aquellos polvos, estos lodos.
La falta de acción envía un mensaje equivocado, sugiriendo que los derechos de las víctimas y el cumplimiento de la ley pueden ser postergados indefinidamente en función de los intereses políticos de los herederos del franquismo. El incumplimiento de las leyes de memoria en Logroño debe ser abordado con urgencia. Las autoridades locales tienen la responsabilidad de cumplir con la ley y liderar un proceso de reflexión y cambio que permita a la ciudad avanzar hacia una verdadera reconciliación con su pasado. Esto incluye la eliminación de todos los vestigios franquistas del espacio público y la promoción de una memoria histórica que honre a las víctimas y fomente una cultura de derechos humanos.
Además, es necesario establecer mecanismos claros de rendición de cuentas para garantizar la aplicación efectiva de las leyes de memoria. Esto debería incluir la creación de comisiones de seguimiento, la implementación de sanciones para el incumplimiento y la promoción de campañas de concienciación pública que destaquen la importancia de la memoria histórica. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera reconciliación con el pasado y construir un futuro basado en la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.
(*) Responsable de Memoria Democrática del PCE de La Rioja
Fuente → mundoobrero.es
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