VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN PARA COMBATIR EL NEGACIONISMO Y GARANTIZAR LA NO REPETICIÓN
La ley de Memoria Democrática del 19 de octubre de 2022 siguió en gran medida las recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU el 30 de julio de 2014. Constituyó un avance definitivo respecto a la ley anterior del 26 de diciembre de 2007 conocida como Memoria Histórica al declarar nulas todas las condenas. y sanciones adoptadas durante la guerra y la dictadura del régimen de Franco.
Entre sus avances esenciales estuvieron la creación de un banco nacional de datos de ADN y el encargo por parte de la administración general del estado de la búsqueda de personas desaparecidas además del desarrollo de un registro nacional de víctimas de la guerra y la dictadura.
Asimismo, se ha introducido la enseñanza de la Memoria Democrática en los programas escolares con formación específica del profesorado en esta materia.
Esto era ir demasiado lejos para todos aquellos nostálgicos del franquismo que no han dejado de obstaculizar su implantación y aplicación.
Así, tres comunidades autónomas colideradas por el Partido Popular y Vox (Aragón, Castilla y León, Valencia) aprobaron en febrero, marzo y abril de 2024 los llamados proyectos de ley de “concordia”.
Estas leyes no hacen referencia a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Franco. Abordan indiscriminadamente la violencia política supuestamente perpetrada ya en 1931 con la llegada de la República, llegando incluso al proyecto de ley aprobado por la comunidad autónoma de Valencia para incluir al etarra y al terrorismo islámico.
De manera más general, eliminan las instituciones y actividades existentes en su territorio, como centros de investigación, rutas de la memoria, actividades educativas, portales informáticos, mapas de lugares de la memoria o fosas comunes, etc.
Los subsidios asignados a entidades conmemorativas simplemente se eliminan o se someten a condiciones que los hacen completamente aleatorios.
Estas leyes excluyen cualquier participación de estas asociaciones en actividades conmemorativas que la comunidad autónoma pueda realizar, incluso con carácter consultivo.
La gravedad del ataque, así llevada al deber de cualquier Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la preservación histórica de la memoria de las graves violaciones de las que pudieron haber sido objeto, llevó a una nueva intervención de la ONU.
El 30 de abril de 2024, en carta conjunta, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias y el Relator Especial sobre casos extrajudiciales, sumarios y ejecuciones arbitrarias se dirigió al jefe del gobierno español.
Le recordaron que España había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 27 de abril de 1977 y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 24 de septiembre de 2009 y por tanto tenía la obligación de respetar sus términos.
Por ello le pidieron que tome todas las medidas para garantizar el estricto cumplimiento de estas disposiciones protectoras de los derechos humanos, particularmente en términos de preservar la memoria histórica de las graves violaciones que los afectaron, y que les informe.
El Gobierno español ha indicado que tiene previsto consultar con las comunidades autónomas en cuestión para que ajusten su texto a las recomendaciones de la ONU, de lo contrario remitirá el asunto al Tribunal Constitucional.
Aunque el recurso legal siempre es posible y deseable, no puede ser una respuesta suficiente a proyectos de tal gravedad.
Ya en España, y particularmente en las comunidades autónomas afectadas, el movimiento memorialista ha reaccionado con fuerza e indignación y se están llevando a cabo fuertes movilizaciones.
Lo cierto es que, como señalaron los relatores de la ONU, todos los proyectos de ley en disputa conllevan una voluntad negacionista y revisionista que puede facilitar cualquier tipo de manipulación por parte de los culpables de violaciones de los derechos humanos, así como de grupos o intereses políticos que hoy quieren repetir vieja violencia.
Para evitar esta reescritura de la historia y para garantizar la no repetición de los crímenes del franquismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió el 30 de julio de 204 al Estado español que creara "una comisión de expertos independientes responsables de establecer la verdad". sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura franquista, en particular desapariciones forzadas” siguiendo el ejemplo de las comisiones de la verdad creadas en otros países.
Hay que considerar que la ley de Memoria Democrática del 19 de octubre de 2022, a pesar de avances significativos, no atendió este pedido ya que sólo prevé, para el establecimiento de tales violaciones, la apertura de recursos individuales “para la perpetua memoria”. permite que las leyes autónomas continúen hoy la labor de socavar y reescribir la historia.
¡Caminar! 30 Bd Jean Brunhes Bât 6, 31300 Toulouse Courriel : coordination.caminar@gmail.com
Fuente → coordination-caminar.org
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