En defensa del franquismo

Parecía que al PP isleño no le hacía ninguna gracia que en las Islas Vox siguiera la consigna general de atacar el memorialismo al tiempo que lo hace por todas partes donde puede. Parecía que prefería esperar y no encadenar polémicas. Pero la presión de la extrema derecha ha desvanecido cualquier resistencia de Prohens. Baleares seguirá el camino de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cantabria.

El PP balear ha aceptado, al fin, la presión ultraderechista, también por ese lado. Vox hizo valer los siete votos que el gobierno de Prohens necesita para tener estabilidad. De los 59 diputados que tiene el Parlament balear, el PP dispone de 25; otro —el del diputado único de Formentera— suele alinearse con el Govern, pero no está claro que lo haga siempre a lo largo de la legislatura; después existe un tránsfuga de Vox que también hasta ahora ha apoyado al Gobierno, y, por tanto, le faltan tres o cuatro —en función de lo que haga el formenterero— para llegar a los treinta que marcan la mayoría absoluta.

Vox y la memoria

Con esta aritmética parlamentaria Prohens requiere que los diputados que tiene el partido de ultraderecha le apoyen. Es la única forma de asegurarse de poder aguantar durante todo el mandato presidencial y la legislatura. Si el grupo parlamentario de Vox se rompiera, como ocurrió el pasado enero, al Gobierno le bastaría tener asegurado el voto de tres o cuatro, en función de lo que haga el diputado formenterero. Esa crisis en teoría se había solucionado, pero ahora ha vuelto a estallar.

La situación interna de Vox es de inestabilidad crónica. En noviembre partió al grupo mixto uno de sus ocho diputados electos en mayo. Más tarde, en enero, los otros siete se dividieron entre dos facciones enfrentadas -cinco rebeldes contra dos fieles en la central de Madrid-, pero al fin la intervención de la cúpula española forzó un acuerdo de mínimos entre las partes para disimular e intentar fingir que no había una grave crisis. Ahora ha reavivado la tensión.

La semana pasada, la diputada Idoa Ribas anunciaba que dejaba el cargo de portavoz parlamentaria a su compañera Manuela Cañadas, "con el acuerdo de Madrid y el consenso de todos los electos en el Parlament", según dijo. Es difícil no ver una relación directa con los hechos de enero, cuando ambas partes llegaron incluso a los insultos, pero la nueva portavoz, Cañadas, aseguró que «no estamos ante ninguna (nueva) crisis».

Los siete diputados comparecieron ante los fotógrafos para dar imagen de unidad. A primera vista podría parecer un éxito de la dirección española encabezada por Santiago Abascal, que así parece parecer que controla la situación. Sin embargo, Cañadas es del grupo de los cinco rebeldes que en enero desafiaron a la central de Madrid. Por tanto, las cosas están como estaban entonces.

Por entonces, Prohens y el PP demostraron una clara sintonía con los rebeldes de Vox. Con cinco tránsfugas el Gobierno tendría asegurada con creces la estabilidad para toda la legislatura. Ahora, ante la nueva crisis interna de los ultras, se limitó a decir que "la estabilidad" está "garantizada".

Los rebeldes, por el momento, han aceptado la estrategia española de Vox y han forzado al PP balear a aceptar la derogación inmediata de la Ley de memoria democrática. Prohens huye de cualquier problema de relación con Vox. Cabe recordar que en enero de este año la dirección de Abascal advirtió a Feijóo de que, si en las Islas el Gobierno se atrevía a soportarse sobre el voto de «cinco tránsfugas» —lo que habría dejado en la absoluta irrelevancia a los dos diputados de Vox fieles a Madrid—, lo consideraría «inaceptable». Una amenaza explícita.

Mientras no haya una ruptura definitiva del grupo parlamentario de Vox, el Gobierno de Prohens no tiene margen de maniobra. Menos aún antes de las elecciones europeas. Si en enero la dirección de Feijó no quiso forzar ninguna nueva crisis de relación con la extrema derecha por las Baleares, menos querría hacerlo ahora en plena vorágine electoral.

En este contexto, cuando Vox exigió hace dos semanas al PP que se aprobara de forma inmediata la derogación de la Ley de memoria democrática en medio de la ofensiva general contra estas normas, el PP de Prohens aceptó la exigencia ultraderechista.

Y para que quedara claro de quién es el protagonismo, el grupo de extrema derecha anunció en solitario la presentación de la proposición de ley derogatoria y sacó pecho porque, a su juicio, es una norma legal «sectaria», según la entonces portavoz Idoia Ribas.

Cabe decir que en Baleares existen dos leyes memorialistas. La citada fue aprobada en 2018. La otra es la de Fosses, de 2016, y ésta no se tocará. En su día salió adelante con el voto del PP. El partido conservador la dejó al margen del pacto de gobernabilidad con Vox, en el que se asegura que ambos partidos garantizarán «la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes intentan utilizarla para dividir a los españoles». La ultraderecha considera que es «dividir a los españoles» honrar la memoria de quienes lucharon por la democracia republicana. Y el PP se lo envía.

El portavoz parlamentario conservador, Sebastià Sagreras, asegura que "la derogación es un acuerdo de investidura que firmó el PP con Vox" y que "lo hemos dicho desde el principio: el Partido Popular cumple con sus acuerdos. Por tanto, nosotros apoyaremos la derogación de la «Ley de memoria democrática» que ha presentado Vox.

Los grupos parlamentarios de la oposición -el PSOE, Más por Mallorca, Más por Menorca y Unidas Podemos- reaccionaron inmediatamente en contra de la iniciativa de la ultraderecha. Acompañada de representantes de la entidad memorialista Memoria de Mallorca, registraron en el Parlament una iniciativa con la que instan al Gobierno a dar «continuidad a las políticas públicas de memoria democrática ya no promover la derogación de la Ley de memoria y reconocimientos democráticos, teniendo en cuenta que fue fruto del amplio consenso social y político».

Asimismo, los partidos izquierdistas acordaron pedir al Gobierno español de Pedro Sánchez que, en cuanto se apruebe la derogación de la citada norma, la recurra ante el Tribunal Constitucional. Y que ponga también la actuación de PP y Vox en conocimiento de las instancias europeas e internacionales. En contraído, pide al Ejecutivo central que recurra a la ONU para que los relatores sobre verdad, justicia y reparación y el relator de ejecuciones extrajudiciales evalúen la conformidad de la derogación de la norma memorialista isleña con los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Omar Lamin, acusa al PP de dejar la fulminación de esta normativa "en manos de los ultras de Vox", pese a que los conservadores fueron "coautores de esta Ley"; no en vano, la izquierda «aceptó más de 100 enmiendas» del PP para ensanchar la mayoría parlamentaria.

Desde Més por Mallorca, la diputada Maria Ramon asevera que «el PP se abraza a las ideas de Vox para poder gobernar en solitario» aunque sea a costa de derogar esta Ley, lo que, a su juicio, «es inaceptable» .

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, resume que con la citada derogación el Gobierno de Marga Prohens demuestra que «la cultura democrática del PP es muy débil» y condena a Baleares a un escenario de «retroceso inconcebible a otros países con una tradición democrática más fuerte».

Cristina Gómez, la única diputada de Unides Podem, destaca que «el PP se arrodilla ante la ultraderecha», tal y como encuentra que lo demuestra el hecho de que la derogación «no estaba prevista en su programa electoral» y que «el partido de la presidenta Prohens fue coautor» durante la pasada legislatura. Lo que hace el PP ahora, apoyando la iniciativa ultraderechista, es, a su juicio, reubicarse «en posiciones extremas y contrarias a las normas de derecho internacional ya resoluciones de la ONU, que indican claramente que sólo puede haber concordia cuando todas las víctimas, no solo las de un bando, han sido reconocidas y reparadas».