El acceso de las víctimas de ‘bebés robados’ al banco estatal de ADN

Banco de ADN. La norma recoge la creación del banco estatal de ADN como una base de datos que tendrá por finalidad “la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares” para “comparar dichos perfiles genéticos con vistas a la identificación” de estos damnificados.

El escollo. Actualmente, se necesita que la denuncia “haya sido admitida” para que la toma de muestras para secuenciar el ADN de las víctimas puedan integrarse en dicho banco estatal. Con ello, Soledad Luque Delgado, víctima del ‘robo de bebés’ y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, apuesta por el cambio de ‘denuncia admitida’ por ‘denuncia interpuesta’ –es decir, que bastara con la presentación de esta– debido a la “dificultad” que tienen las personas afectadas por el ‘robo de bebés’ para que sus denuncias sean admitidas.

Más de 30.000 niños. Según calcula el auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008, al que ha tenido acceso Newtral.es, un total de 30.960 niños y niñas fueron apartados de sus madres entre los años 1944 y 1954. El ingreso de estos menores en centros religiosos y en seminarios fue gestionado por el Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia de aquel entonces.

Un poco de contexto. La sustracción de bebés fue una práctica que comenzó en la posguerra española, aunque también hubo casos durante en la Guerra Civil, y se alargó hasta los primeros años de nuestra reciente democracia, indica Luque Delgado a Newtral.es. No fue hasta 1987 cuando se modificaron algunos aspectos de la adopción en España. La norma explica en su preámbulo que “esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación, y daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes”.

La ley de memoria democrática establece la creación de un banco estatal de ADN para identificar los restos de las víctimas de la Guerra Civil española y de la posterior Dictadura, incluidas las personas afectadas por un caso de ‘bebés robados’. Eso sí, siempre y cuando la denuncia haya sido admitida.

[Cómo funcionan los bancos de ADN para la memoria democrática en los que el Gobierno se podría inspirar para crear uno estatal]

Artículo 23.4. “Las personas afectadas por una posible sustracción de un niño o de una niña cuya denuncia haya sido admitida (…) podrán solicitar que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en la base de datos”.

Con restos post mortem. Pilar Llop, exministra de Justicia, señaló que el software Bonaparte “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos post mortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, durante el periodo de la Guerra Civil y de la Dictadura, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.

Con esta base, la norma prevé incluir en este banco estatal los perfiles de ADN de las personas afectadas por una probable sustracción de menores, como los casos de ‘bebés robados’. No obstante, la denuncia previa para solicitar la toma de muestras debe haber sido admitida, algo que podría dificultar que los damnificados puedan encontrar a sus familiares.

El quid de la cuestión. Como explica Luque Delgado, el hecho de que sea necesario que la denuncia “haya sido admitida” para que la huella genética de las personas víctimas del ‘robo de bebés’ pueda ser integrada en el banco estatal de ADN supone “uno de los grandes impedimentos para acceder a este”. Esto se debe, principalmente, al “archivo sistemático de las denuncias presentadas, en la mayoría de las ocasiones sin haber realizado las investigaciones necesarias”.

Se aboga por una ‘denuncia interpuesta’. Teniendo en cuenta la dificultad que tienen las víctimas de estos crímenes para que sus denuncias sean admitidas, la asociación Todos los niños robados son también mis niños propone el cambio de ‘denuncia admitida’ por ‘denuncia interpuesta’ en la norma. Es decir, que bastara la presentación de la denuncia para poder acceder al banco estatal de ADN y que no sea condición la admisión de esta.

• Petición rechazada. Sin embargo, dicha aportación no fue tenida en cuenta en el periodo de aportaciones de la sociedad civil previo a la aprobación de la ley de memoria democrática, tal y como se puede observar en el actual texto legislativo.

Sin una respuesta “adecuada”. El informe Tiempo de verdad y de justicia: Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de ‘bebés robados’, publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2021, ya advertía de que “las denuncias por hechos relativos a la posible sustracción de menores para su posterior entrega a familias distintas de las suyas no han contado con una respuesta adecuada y suficiente, tanto por parte de las fiscalías, así como de los órganos jurisdiccionales”.

• Investigaciones sin éxito. La Fiscalía General del Estado emprendió 2.138 diligencias de investigación por casos de ‘bebés robados’ desde el año 2011 hasta marzo de 2021, según se desprende del citado informe de dicha organización. Sin embargo, muchas de ellas se cerraron por la imposibilidad de localizar documentación, por el fallecimiento de testigos, por la dificultad técnica que requieren las exhumaciones o por la falta de muestras válidas para el cotejo de ADN.

Sin cumplir con las recomendaciones. En septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada reclamó a España “crear a la mayor brevedad un banco estatal de ADN que centralice todas las muestras genéticas de las víctimas de los casos denunciados (de ‘bebés robados’) por vía administrativa o judicial, en el que se puedan aportar muestras de forma gratuita, voluntaria y sin necesidad de contar con una orden judicial”.

En la legislatura pasada, PSOE, ERC, EH Bildu, BNG, Compromís, la CUP y Más País registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre ‘bebés robados’ que creaba un banco único estatal y gratuito de ADN. En este, se conservarían las muestras de restos óseos de las diferentes exhumaciones para que las víctimas puedan comparar su material genético. No obstante, el texto decayó debido a la convocatoria anticipada de elecciones generales del 23-J.