Familiares de presos de la dictadura franquista que fueron obligados a realizar trabajos forzados para construir la carretera entre Igari-Bidankoze-Erronkari han pedido el apoyo del Parlamento navarro para conseguir «verdad, justicia y reparación».
Apoyo para las víctimas del franquismo obligadas a realizar trabajos
forzados en el herrialde es lo que han solicitado sus familiares en el
Parlamento navarro, ya que son delitos que no prescriben al tratarse de
víctimas de crímenes de lesa humanidad.
En nombre de las 13
familias y de la asociación Memoriaren Bideak que impulsaron una
querella desestimada en primera instancia para que se reconozca a estas
personas como víctimas del franquismo, han defendido su apelación a la
Audiencia de Nafarroa en la que está ahora el trámite.
Sabino
Cuadra y Ana Barrena, de Memoriaren Bideak, han explicado que la
carretera entre los valles de Erronkari y Zaraitzu, abierta entre los
Pirineos con 17 kilómetros, fue construida finalizada la guerra del 36,
entre 1939 y 1941, y en ella trabajaron «unos 2.500 prisioneros
antifascistas de manera esclava», en condiciones «muy duras», viviendo
en tiendas de campaña y barracones, con frío extremo, mal alimentados y
vestidos, y maltratados físicamente.
«Los prisioneros hicieron el
trabajo más duro, de pico y pala» abriendo el trazado, que después
remataron soldados de reemplazo, y hay constancia de que once de los
prisioneros murieron, tres de ellos ejecutados tras ser acusados de
intento de fuga, ha dicho Barrena.
También ha valorado el apoyo de los movimientos sociales que en los últimos años han acompañado la denuncia de los hechos y el homenaje anual que se lleva a cabo en aquella carretera,
un avance que ahora se quiere hacer de forma legal con la vinculación
de la memoria de los trabajos forzados y los derechos humanos.
Por
ello, han lamentado el «vergonzoso e incomprensible» auto de la juez de
Agoitz que desestima admitir a trámite la querella «en solo dos
líneas».
Tras ellos han intervenido tres familiares de víctimas
de aquellos hechos, quienes han refrendado el relato de las duras
condiciones que padecieron, según trasladó Rafael Gorroño a su hija
Agurtzane, quien ha denunciado que el silencio de aquellos hechos
«revictimizó» a su padre.
«Una venganza»
Al
ser hechos posteriores a la guerra, suponen «una venganza» contra
personas que «no eran malhechores, sino ‘desafectos al régimen’. Ese era
su delito», ha dicho Isabel Bóveda.
Ha recordado que al ser
considerados por la justicia internacional «crímenes de lesa humanidad»,
serían hechos que no prescriben y a los que tampoco afecta la Ley de
Amnistía de 1977, al tiempo que han pedido «reconocimiento, justicia,
verdad y reparación».
En el turno de los grupos ha intervenido
PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, quienes han mostrado su
claro apoyo a la reivindicación de los ponentes, mientras que UPN, en
boca de Iñaki Iriarte, también ha condenado aquellos hechos y la
ilegitimidad del régimen franquista, pero ha defendido que la Ley de
Amnistía de 1977 zanjó su posible vía judicial.
«Las amnistías
son muy amargas para las víctimas, pero a veces son el único camino para
avanzar», ha dicho tras añadir que esto no excluye el derecho a la
reparación y a conocer la verdad.
Fuente → naiz.eus
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