Emilio Hellín, retrato de un asesino

El 1 de febrero de 1980, por orden de David Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva, llevaron a cabo el secuestro y posterior asesinato de la militante del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Yolanda González, de solo 19 años de edad, a la que el Grupo 41 había identificado como militante de ETA, a pesar de que la joven no tenía ningún vínculo con esa organización. Hellín y Abad la sacaron del piso de estudiantes donde vivía, en el barrio madrileño de Aluche, mientras en el exterior vigilaba el policía nacional Juan Carlos Rodas. La llevaron a un descampado, interrogándola y maltratándola por el camino, y finalmente fue asesinada por Emilio Hellín, con dos disparos en la cabeza, siendo rematada por su cómplice, Ignacio Abad. La abandonaron en un camino rural entre Alcorcón y Valdeiglesias, en las afueras de Madrid, y ese mismo día dejaron un comunicado en una cafetería de la gran vía, en la que asumían el crimen en nombre del Batallón Vasco Español, una de las muchas siglas que usaban los terroristas de extrema derecha para firmar sus crímenes:

«El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!»

Denunciados por Juan Carlos Rodas, que había participado en el secuestro, Hellín y Abad fueron detenidos unos días más tarde, comenzando una instrucción que estuvo viciada desde el primer momento, intentando tapar las conexiones del Grupo 41 con los servicios secretos del estado y la implicación de responsables de la organización ultraderechista en el asesinato. Carlos Fonseca, autor del libro “No te olvides de mí: Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición”, apunta en este extenso trabajo, que detrás del asesinato estaba el mismo Blas Piñar.

Poco antes del juicio, Emilio Hellín incluso protagonizó un rocambolesco intento de fuga de la prisión de Alcalá de Henares, donde estaba recluido, armado con una pistola. Finalmente, en junio de 1982 se hizo pública la sentencia y Hellín fue condenado a 43 años de prisión, Ignacio Abad a 28 años, mientras que los otros miembros del Grupo 41, Félix Pérez Ajero, José Ricardo Prieto y David Martínez Loza, fueron condenados a seis años.

En febrero de 1987, aprovechando un permiso penitenciario, Hellín se fugó con su familia a Paraguay, donde recibió la protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó. Paraguay era uno de los países más implicados en la Operación Condor, creada para eliminar a militantes de izquierda en todo el cono sur,  y había dado cobijo a muchos criminales de guerra nazis, por lo que era un refugio natural para los criminales de extrema derecha como él. Además, en la capital, Asunción, existía entonces una delegación de Fuerza Nueva. Con la buena sintonía con el régimen y sus contactos enseguida abrió una empresa de informática, donde preparaba a cuerpos técnicos de la policía, el ejército y la administración del estado paraguayo.

Dos años más tarde, en febrero de 1989, Stroessner, sufre un golpe de estado por parte de su general Andrés Rodríguez, y tiene que abandonar el poder, después de casi 35 años, y el país. ““Hellín decide continuar en Asunción porque sus contactos lo permiten y porque algunos de esos contactos escalan con el nuevo régimen”, según Carlos Fonseca, hasta que un periodista de Interviú lo descubre, lo que propicia la petición de extradición por parte de España y su detención en julio del 89, en la frontera entre Paraguay y Argentina. Después de ocho meses en una prisión paraguaya, el nuevo régimen de Andrés Rodríguez, que intenta lavar su cara y deshacerse del legado fascista, concede la extradición y lo envía de regreso a España, para que cumpla lo que le resta de pena.

No estuvo en prisión más que cinco años más, ya que en julio de 1995, le dan el tercer grado, teniendo que acudir a la cárcel solo a dormir, y al año siguiente le conceden la prisión provisional. En total solo había cumplido 15 años, de los 43 a los que había sido condenado por el asesinato de Yolanda González. Una vez en libertad, no tardó en retomar sus contactos, y comenzó a trabajar impartiendo cursos de seguridad informática, técnicas de espionaje, rastreo informático y en dispositivos móviles, a agentes de las fuerzas de seguridad del estado, y participando en juicios como perito, algo que fue destapado en 2013 por el periodista José María Irujo.

Desde entonces, pese al inicial escándalo, con varias preguntas parlamentarias sobre el tema al entonces ministro del interior Jorge Fernández Díaz, Hellín ha trabajado como perito en numerosos casos en los que estaban implicado cargos del PP, como en 2017, cuando fue contratado por el cuñado de Rita Barberá, como perito en el caso Taula.

Ahora mismo, cuando se cumplen 41 años del brutal asesinato de Yolanda González, su verdugo sigue siendo noticia, por su participación como perito en el juicio contra Cristina Cifuentes, por el caso Máster, en el que se le acusa de falsificación de documento público, donde Emilio Hellín sigue presentándose como “Instructor de los cuerpos policiales en materia de investigación de delitos y análisis de comunicaciones”.

Algo sigue oliendo mal en esta “democracia” que ampara a personajes como Emilio Hellín, y como tantos otros que han seguido amparados por esas oscuras redes de ultraderecha que se han mantenido intactas desde la transición, en muchos de los pilares de este estado. Mientras tanto la placa instalada en un parque de Aluche en la memoria de la joven asesinada ha sido atacada hasta en cuatro ocasiones, pintando esvásticas y hasta arrancándola, como si quieran arrancan también su memoria. Pero no conseguirán que olvidemos tu nombre, Yolanda, ni tampoco que dejemos de señalar a tus verdugos.