Diez años pidiendo verdad, justicia y reparación

El 13 de febrero del año siguiente, los 16 guardias civiles fueron llamados a declarar en calidad de presuntos culpables ante el juzgado número 6 de Ceuta. Y esto es lo que sucedió desde entonces

13 febrero de 2015: 16 guardias civiles son citados a declarar.

15 de octubre de 2015: sobreseimiento provisional de la causa La jueza no ve indicios de delito ni de homicidio. Quita importancia a las devoluciones en caliente. Se cierra el caso.

13 de enero de 2017: la Audiencia de Ceuta admite recursos de apelación y se reabre el caso.

27 de enero de 2018: se cierra de nuevo el caso. Las acusaciones denuncian que no se ha escuchado dos testimonios.

31 de agosto de 2018: la Audiencia de Cadiz reabre el caso 6-F. «No se ha realizado el más mínimo intento de escuchar a los testigos», dice la audiencia. 24 de septiembre de 2019: la jueza cita a declarar a los 16 agentes. Una nueva jueza quiere saber si hubo omisión de socorro.

30 DE OCTUBRE DE 2019: SE APLICA LA DOCTRINA BOTIN Y SE CIERRA EL CASO POR ÚLTIMA VEZ. La jueza la aplica al no haber acusación particular A las familias se les ha negado en repetidas ocasiones personarse.

ENERO DE 2022: PROCEDIMIENTO RECURRIDO EN CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

27 DE MAYO DE 2022. EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL RECURSO: considera que no cabe recurso contra el auto de sobreseimiento libre de la Audiencia Provincial de Cádiz, por haberse iniciado el procedimiento antes de la reforma procesal de 2015.

Junio de 2023. se admite a tramite el recurso de amparo contra el archivo fe caso en el Tribunal Constitucional

Este es un claro ejemplo de cómo se construye la impunidad sobre los crímenes en las fronteras y se legitiman las prácticas de racismo institucional.

Algo tremendamente preocupante de estos casos es que reafirma la idea de que migrar es un delito, un crimen, y que toda la violencia recibida en las fronteras es merecida. En el caso de Tarajal la abogada Patricia Fernández declaró que las acusaciones fueron cerradas porque se consideraba que los y las testigas estaban en situación irregular, esto es, que no constaban administrativamente y que por lo tanto no podían declarar. Se les niega la voz, la verdad y la justicia después de someterlas a grandes golpes de violencia. Esta falta de reconocimiento legal y moral a quienes fueron supervivientes de la tragedia vuelve a criminalizar a las personas migrantes, refuerza la idea de que la culpa es de ellas por migrar y les otorga unas condiciones de vida precarias y sobreexplotadas dentro de los marcos de reconocimiento legal administrativo del Estado español.

La frontera Sur española se ha convertido en un no-lugar, un espacio de no-derecho donde se aplican las políticas de matar y dejar morir a las vidas migrantes.

Tras lo ocurrido en Tarajal, el Ministro de Interior Jorge Fernández Diaz declaró que «la geografía da paso a un concepto jurídico» dado que en Ceuta y Melilla «no se puede aplicar la ley como en el resto de España». Con esta afirmación el propio ministro admitió que el territorio fronterizo se constituye como Estado de excepción fuera del marco legal ordinario y reconoció que operativamente las garantías jurídicas de los territorios fronterizos están fuera de la propia ley, constituyendo un campo de batalla, una «guerra de fronteras».

No son tragedias aisladas, forman parte de una dinámica continua, cada vez más arraigada en las políticas de frontera y más impunes dentro de los marcos de legalidad. Hace treinta años conocimos la primera persona muerta intentando llegar a España, y desde entonces, la producción de muerte y miseria por parte del Estado español y Europa Fortaleza no ha cesado.

En otoño del 2005, un grupo de personas migrantes se organizaron para pasar la valla de Ceuta conjuntamente. La respuesta de la Guardia Civil ante esto fue disparar con armas de fuego a los cuerpos. Ese otoño once personas fueron asesinadas por disparos de las fuerzas de seguridad españolas tratando de pasar la valla fronteriza.

El 24 de junio de 2022 en el Barrio Chino de Melilla al menos 40 personas murieron como consecuencia de la actuación de las autoridades españolas y marroquíes y la complicidad de la Unión Europea. En diciembre ese año, la fiscalía cerró la investigación por considerar que no hay indicios de delito en los hechos.

Y muy cerca de nosotras, en la frontera norte, también han perdido la vida personas en las aguas del rio Bidasoa por tratar de cruzar de Irún a Hendaya, asesinadas nuevamente por políticas fronterizas racistas, por lo mismo exigimos que se garantice un tránsito seguro para todas las personas.

Es importante entender cómo esto no deja de ser la expansión de la naturalización de una guerra de colonización que empezó con el régimen de 1492, y que en la actualidad se traduce al control del acceso a su territorio a través de un régimen genocida fronterizo (en gran parte externalizado) que reproduce las jerarquías raciales bajo la falacia de la democracia y los derechos humanos dentro de sus lógicas geopolíticas y capitalistas.

El año 2023 ha sido el más mortífero en las fronteras españolas según Ca-Minando Fronteras: 6. 618 victimas en las rutas de acceso a España de las cuales 363 eran mujeres y 384 niñas y niños. A esto, hay que sumarle 84 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo.

El derecho a duelo, verdad, justicia, reparación y no repetición

Las desapariciones en los procesos migratorios Sur-Norte son una forma de violencia colonial contra las comunidades de origen que se ven expuestas a constantes duelos abiertos. La necro-política migratoria despoja a las comunidades del Sur de la posibilidad de cerrar duelos dentro de sus cosmovisiones y de sus prácticas de construcción comunitarias, y en congruencia con el resto de los derechos como familiares de víctimas.

Los muertas son de nuestro lado, afirma un líder comunitario camerunés de 46 años. Hay una frontera que determina el límite de las vidas que debe ser cuidada y las vidas que no merecen vivir. Y no es casual. Es completamente estructural, histórico y sistemático. Es colonial y racista. Y viene respaldado por un sinfín de artefactos legales, administrativos, políticos y materiales que reafirman constantemente quién está dentro del marco de reconocimiento de la vida y quién no. Las muertas se quedan en la frontera o en el mar, porque los muros invisibilizan las realidades, evaden de las responsabilidades y protegen el buenismo blanco.

 Hace treinta años apareció el primer cadáver en la frontera del Estado español, y el flujo y la violencia no ha cesado desde entonces. Son incontables el número de personas que han fallecido, y muchas organizaciones afirman que el Mediterráneo es la mayor fosa común del mundo. Una fosa llena de cuerpos, nunca blancos. Treinta años despojando a familias de duelos y cierres comunitarios

El derecho a ser llorada es una condición humana que garantiza la vida. Patricia Fernández Vicens (2021), abogada del caso Tarajal, afirmó que sin capacidad de suscitar condolencia no existe vida alguna. Es una forma de racismo, pensar que hay unas vidas que importan y merecen ser lloradas, y otras, en las que la muerte forma parte de su itinerario vital y no son acreedoras de esa compasión. Para ser llorada, se necesita que se reconozca la muerte y se requiere de un marco social que permita llorar a los seres queridos. El derecho a ser llorada está ligado al derecho a ocupar el espacio público del llanto y la compasión, al marco legal que determina que vidas merecen ser vividas y a los procesos de rescate y recuperación de cuerpos.

Hace 10 años, días más tardes de la tragedia del Tarajal, se realizó la primera Marcha por la Dignidad y hasta la actualidad se han realizado anualmente. Las Marchas por la Dignidad son actos centrados en el recuerdo de todas las personas que murieron aquel día y todas aquellas que siguen muriendo y sufriendo la cruenta realidad de las fronteras y las políticas migratorias europeas. Es un acto de denuncia ante las devoluciones en caliente, devoluciones expres y la vulneración sistemática de Derechos humanos en la Frontera Sur Española. Es un acto que representa los valores de la libertad y la solidaridad y que exige verdad, justicia y reparación a las víctimas y reivindica el derecho de las familias de decidir el destino del cuerpo de sus hijos e hijas.

Las Marchas son un ejemplo de la importancia de las familias (no solo familia de sangre, sino familia de parentesco y cuidado) como agentes protagonistas de los procesos de duelo migratorio, demuestran cómo la colectividad rompe con los marcos de reconocimiento, y la importancia de ocupar el espacio público de manera conjunta para poder incidir sobre las realidades concretas de las migraciones exigiendo verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reivindicamos que las personas muertas y desaparecidas en la frontera Occidental-Euroafricana merecen un duelo propio. Sus familias merecen llorarlas. Las comunidades de origen merecen despedirse bajo sus formas y creencias de vida. Las supervivientes merecen protección y reconocimiento de sus vivencias. Los territorios del Sur merecen ser libres y dejar de ser explotados y masacrados por Occidente. La personas migrantes sean reconocidas en su agencia y capacidad de construir vida y crear constantes estrategias de colectividad, sin victimismos ni criminalizaciones.

E instamos a la sociedad española y vasca, al Estado Español y al Gobierno Vasco junto a sus respectivas instituciones a asumir sus obligaciones, a hacerse cargo de cada vida asesinada en la frontera, de cada familia que pierde a su ser querido intentando llegar a territorio español, de garantizar procesos de verdad donde todas las voces sean reconocidas, realizar ejercicios de justicia y reparación donde se asuman la responsabilidad de los actos y se ofrezcan mecanismos para recuperar los cuerpos y vivir los duelos de forma colectiva; y sobre todo, a cesar de inmediato la violencia contra toda persona migrante.

No hay antirracismo sino tenemos la mira en la frontera sur.

No hay antirracismo sino tenemos en nuestra agenda lo que pasa cotidianamente en la frontera sur.

No hay antirracismo si nuestra agenda no es exclusivamente destinada a denunciar la masacre y las violencias de la frontera sur.

Frente a sus políticas de muerte: hacemos memoria, defendemos la vida y exigimos derechos.