Solo la movilización logrará las demandas de la mayoría social

Solo la movilización logrará las demandas de la mayoría social

Lugares de Memoria e impunidad

El momento político vuelve a constituirse, una vez más, en el hecho de que el Gobierno de coalición salva por los pelos parte de sus decretos, evidenciando su debilidad: un Gobierno de naturaleza monárquica, que sostiene las guerras de la OTAN y el ajuste permanente, pero que se reclama de los derechos democráticos y sociales. Contradicción latente que hace que la revalorización de las pensiones y de los salarios no alcance las subidas necesarias para hacer frente al costo de la vida. Las medidas que se presentan como medidas sociales para salvar de la miseria a millones de personas no logran resolver sus necesidades más inmediatas de vivienda, trabajo, estudios y promoción social…

Sólo con la abstención de los nacionalistas catalanes de Junts, acordada a última hora con el PSOE, y la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podía poner en peligro la misma ley de Amnistía, y otras muchas concesiones, han podido aprobarse -por muy poca diferencia de votos- los decretos del Gobierno.

Las enmiendas de los franquistas del PP y Vox, pretendían un texto alternativo que impedía la amnistía negociada con Junts, proponiendo la ilegalización de los partidos que demandan la modificación de la Constitución, por un supuesto delito inexistente de “deslealtad constitucional”; o que simplemente promuevan referéndums para llevar a cabo posibles cambios políticos e institucionales. Evidentemente, los franquistas no pretenden en el fondo otra cosa que la dictadura política y económica contra trabajadores y pueblos; y ello contra el pluralismo político y las formas de democracia existentes, en un movimiento de verdadera involución al pasado.

Con todas las dificultades, y amplias concesiones a Junts a cambio de su abstención, el Gobierno ha logrado salvar dos de los tres decretos por la mínima (172 votos a favor y 171 en contra). El tercer decreto, el de los subsidios y la conciliación familiar, del Ministerio de Trabajo, ha sido derrotado por el voto en contra de PP, Vox y Podemos que, desde que lo sacaron del gobierno, cambió de posición y su apoyo incondicional. Sumar, uno de los principales apoyos de la coalición de gobierno, ha mostrado ser la formación políticamente más debilitada por la nueva actitud de Podemos, que con sólo cinco diputados, lograba la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028. El grupo parlamentario de Podemos ya lo había anunciado, apoyando la reivindicación sindical de la CGT, y las demandas de los colectivos de pensionistas: “no aprobaría el recorte en las bases de cotización de los desempleados de más de 52 años, una rebaja de la base, progresiva, desde el índice actual del 125% al 100% de la base mínima, lo que afectaría a las pensiones de cientos de miles de trabajadores”. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba al respecto: “Es muy difícil gobernar así”.

Si Junts, de una parte, y Podemos, de otra, con tan escasa representación en Cortes, son capaces de hacer girar el contenido de los decretos del Gobierno, que impiden el debate parlamentario, qué no lograría conquistar la movilización social, saboteada desde hace tanto tiempo con los consensos y pactos sociales permanentes. Aún más, una movilización general con referencias y apoyos políticos en las instituciones. Gobernar por decreto, o paquetes de decretos, es contrario a la democracia. De la misma forma que los decretos del Gobierno no resuelven los principales problemas sociales y políticos, sus leyes nos mantienen en el pasado, tal es el sentido de las dos Leyes de Memoria “Histórica” y “Democrática”.

En muchas localidades donde aún existen antiguos edificios de detención y tortura se está reclamando su transformación en lugares de Memoria. Los que ya existen en el País Vasco sólo sirven para mantener la impunidad y el olvido, y en el resto de territorios simplemente no existe. Ni el Gobierno, ni los de las Comunidades Autónomas, muestran interés alguno en reconocer y mostrar la violencia y el terror al que estuvo largamente sometida la población. Por lo que la cuestión de los “lugares de Memoria” se constituye en una demanda democrática esencial, directamente relacionada con la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos: por la verdad, la justicia y la reparación.

La experiencia nos dice que con más de cuarenta años de “democracia”, y con dos leyes de Memoria vigentes, se mantienen la mayoría de expresiones de la simbología franquista en el espacio público, expresiones que son un insulto permanente para las víctimas y para todos cuantos respetan los derechos humanos y democráticos. La simple permanencia de la simbología de la dictadura en el régimen de la monarquía pone en cuestión los supuestos cambios democráticos operados desde la muerte del dictador. Cambios de maquillaje para mantener unos mismos privilegios e intereses, sin que la justicia haya sido puesta al servicio de las demandas de millones de víctimas de la guerra y la represión.

La cuestión de la Memoria Histórica no puede quedar reducida a alegatos históricos, ya que se trata de una cuestión de muchas otras cuestiones, que sólo puede ser resuelta de manera integral, y no con retóricas continuistas. Para la desmemoria oficial del régimen, los lugares de Memoria deben ser borrados o destruidos, tal y como pasa en Madrid con las antiguas cárceles, en particular la de Carabanchel, o con los cuartelillos y comisarías, de manera singular con la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Pero ello se extiende a lo largo y ancho de toda la geografía española, desde los lugares de detención y tortura a los lugares de exterminio y los lugares irregulares de enterramiento, manteniendo aún miles de fosas comunes en todas las carreteras del país. A los miles de comisarías y cuartelillos, hay que unir más de 200 cárceles y 190 campos de concentración, 217 batallones de trabajos forzados y 87 batallones disciplinarios, donde se cometieron todo tipo de delitos, desde la tortura, a la violación y al robo, hasta el secuestro de decenas de miles de niños.

Los informes y estudios realizados (en muchos casos con subvenciones oficiales) cuentan las desdichas de las víctimas, pero sistemáticamente oculta los verdugos. En muchos casos la documentación de los centros de detención, tortura y asesinato ha desparecido. La Transición fue el espacio ideal para destruir memoria, dejando por lo general sin constancia documental los crímenes cometidos. Se conoce parte de las víctimas, pero se ha destruido la identidad de verdugos y ejecutores. Solo la Memoria transmitida de forma oral arroja algo de luz sobre la masacre practicada. Desde 2011 se ha abandonado la elaboración del mapa de fosas que albergan muchos restos de víctimas, tanto colectivas como individuales.

Desde hace catorce años, la Ronda de la Dignidad de las Víctimas del Franquismo, se realiza todos los jueves del año en la Puerta del Sol, ante la antigua Dirección General de Seguridad, donde fueron detenidos, torturados y asesinados miles de luchadores. Igual sucede en otras muchas capitales, como es el caso de las concentraciones en Barcelona ante la Comisaría de la Vía Layetana. En todos los casos, se reclama que dichos recintos se conviertan en lugares de la Memoria, y no como lo que son en la actualidad: lugares en los que se la niega, cuando siguen siendo locales que contienen un carácter emblemático y representativo de la lucha por la verdad.

El Caserón de Correos de la Puerta del Sol de Madrid debe convertirse en la Casa de la Memoria Histórica, contra la impunidad de los crímenes del franquismo y de la dictadura, hasta nuestros días.

La política de la Memoria de las víctimas debe ser expresada.

El Primer DNI Republicano