En 1962, elementos franquistas sometieron a una farsa judicial al Dirigente Comunista y Republicano Julián Grimau

Julián Grimau García nació en Madrid en 1911, hijo de Enrique, inspector de policía y dramaturgo, y de María. Afiliado a Izquierda Republicana, al estallar la guerra civil, ingresó en el PCE. Se exilió en América Latina, y posteriormente en Francia. En 1954 fue elegido miembro del comité central del PCE y a partir de 1959 sustituyó a Simón Sánchez Montero, que acababa de ser detenido, en la dirección del Partido «en el interior» donde tuvo que residir clandestinamente varios años. Grimau compartía esa dirección con Jorge Semprún y con Francisco Romero Marín. Su actividad le hizo ser intensamente buscado por la policía franquista.

Grimau profundizó en el llamamiento a las reivindicaciones políticas y económicas, las movilizaciones no violentas, y la denuncia de la dictadura. La Política de Reconciliación Nacional, formulada en 1956, situaba a los comunistas en el centro de la lucha antifranquista proponiendo una vía pacífica para alcanzar la democracia mediante un amplio pacto político y social para romper con el régimen, superando la división de las fuerzas y sectores enfrentados en la guerra civil. Pero el régimen no podía permitir esta actividad antifranquista del PCE, la dictadura mantenía incólumes y activos, y así sucedió hasta el final, sus aparatos represivos, que utilizaron contra Julián Grimau. De hecho, en 1962 la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra presentó un demoledor y crítico informe contra la dictadura franquista , cuya difusión fue prohibida en España por el régimen.

Desde 1957 Grimau combinaba tareas desde Francia con estancias clandestinas en España. Tenía un alto sentido del deber y la lealtad, no se escondía en una cómoda retaguardia ni exponía a los mayores riesgos a sus colaboradores. Grimau fue delatado por un confidente de su propio partido, Francisco Lara que ya había padecido cárcel y represión, siendo detenido en Madrid el 7 de noviembre de 1962. Era una oportunidad de oro para que el régimen mostrara sus colmillos y dar una lección a la oposición antifranquista en un momento de alta conflictividad social y política. Grimau siguió el protocolo correcto, reconocer su personalidad y condición partidaria y negarse a dar más información: «Me llamo Julián Grimau García. Soy miembro del Partido Comunista en España y me encuentro en España cumpliendo una misión de mi Partido», negándose a revelar cualquier dato comprometedor.

En la DGS la policía se ensañó, Grimau fue torturado, el médico-verdugo le preguntaba con sorna, durante los interrogatorios, si prefería que le pegara como policía o como médico. Le arrojaron por una ventana esposado con las manos delante ocasionándole graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau fue acusado por su actividad durante la guerra civil como policía, una actividad calificada de delito de rebelión militar. Pero Grimau no figuraba en el amplio volumen de testimonios de la “causa general”, el corpus documental acusatorio franquista, ni se conocían testigos personales contra él. Las declaraciones de otros testigos eran de dudosa fiabilidad, nunca fueron ratificadas. Las imputaciones no fueron demostradas ni existieron pruebas documentales. Los testigos declararon que conocían las acusaciones «de oídas», a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Solo estaba probado que, efectivamente, fue policía.

Grimau fue la última persona condenada en España como consecuencia de la guerra. Franco ordenó que a Grimau se le acusase de “rebelión militar” mediante un tribunal militar que aplicó la ley de responsabilidades políticas de 1938, creada específicamente para aniquilar a los Republicanos durante los años inmediatamente posteriores a la guerra. El régimen franquista ya había sustituido la legislación represiva de la guerra civil por el tribunal de orden público (TOP), que debía juzgar a Grimau, correspondiéndole pena de prisión. Además el proceso estaba lleno de irregularidades. El fiscal, Manuel Fernández Martín no había estudiado Derecho, había falsificado su título de abogado como se demostró más tarde. Al defensor, el teniente abogado Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, la defensa de Grimau le costó el puesto. El juicio era nulo de pleno derecho, de acuerdo incluso con las leyes franquistas de la época. El fiscal bloqueaba continuamente las declaraciones del acusado y del abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas 5 horas de juicio, sin deliberación, se dictó condena a muerte.

La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau, hubo manifestaciones multitudinarias en capitales de todo el mundo. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid denunciando el juicio farsa. Tras la sentencia, numerosos jefes de Estado pidieron la conmutación de la pena de muerte, entre ellos el papa Juan XXIII, el líder soviético Nikita Jrushchov, el líder del Partido laborista británico, Harold Wilson, y el arzobispo de Milán, cardenal Montini después papa Pablo VI. Pero el consejo de ministros presidido por franco decidió por unanimidad asesinar a Grimau. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril de 1963, Julián Grimau García, 52 años, fue trasladado al campo de tiro de Carabanchel (Madrid). Los mandos de la guardia civil se negaron a formar el pelotón de fusilamiento, y el capitán general de Madrid también rehusó. Fue franco quien ordenó formar un pelotón con soldados de reemplazo. Los faros de 3 vehículos iluminaban en semicírculo el macabro escenario, los jóvenes, asustados, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. El teniente que mandaba el pelotón remató a Grimau de 2 tiros en la cabeza, un acto que le persiguió durante toda su vida acabando sus días en un psiquiátrico. Semprún y Carrillo se acusaron mutuamente, el primero denunció el desinterés del secretario general, y el segundo sugirió que Semprún expuso a Grimau al salir antes de tiempo de España por petición de su esposa. El auténtico dolor fue el de la viuda de Grimau, Ángela Martínez Campillo.

Un inmenso clamor de consternación y cólera se extendió por el mundo. En Francia, los monumentos a los caídos en la guerra se llenaron de flores por Grimau. Calles y colegios de diversos países adoptaron su nombre, y Violeta Parra concluía su invocación inicial: «¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma / que le están degollando a su paloma?». Las demandas franquistas de integración en Europa sufrieron un nuevo parón. Sin embargo Santiago Carrillo aseguró que había que entenderse con algunos ministros franquistas para facilitar el cambio en el país. Al llegar la «transición» la ley de amnistía total de 1977, apoyada por la inmensa mayoría de los grupos políticos (incluido el PCE), supuso una ley de punto final, que olvidaba los crímenes franquistas enterrando definitivamente la memoria de la República y la guerra.

En 2002 y en 2012, Izquierda Unida presentó en el Congreso Proposiciones no de Ley para la Rehabilitación Pública de la figura de Grimau: «sería duro que, cuando tenemos democracia, uno de los verdugos esté rehabilitado y la victima no», en referencia a Manuel Fraga, pero el rodillo parlamentario del PP rechazó la iniciativa, de nuevo los franquistas hacían un uso espurio de la idea de reconciliación bloqueando un posible juicio histórico contra un «padre de la Constitución», lo que revisaría la “transición democrática”.

La sangre de Grimau no fue la última derramada por la dictadura. Pocos meses después eran condenados a muerte y ejecutados los anarquistas Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez en una nueva farsa judicial. Ese mismo año, la policía franquista asesinó de un paliza al anarquista Vicente Lertxundi Mayoz, en Donostia. Y al año siguiente el franquismo torturó, y también arrojó por una ventana, al escritor comunista Manuel Moreno Barranco, siendo después fusilado en Jerez. Y en Madrid, en 1969, asesinos de la policía franquista balearon y arrojaron por una ventana con resultado de muerte al estudiante Enrique Ruano Casanova. La represión, detenciones, palizas, torturas, prisión y crímenes continuaron los años siguientes. La sangre de luchadores antifranquistas siguió siendo «legalmente» derramada hasta antes y después de la muerte del dictador, y la violencia policial y parapolicial continuó generando víctimas hasta bien entrados los años 80. Fue la política de la “reconciliación” de esa «transición» la que forzó el olvido de quienes pagaron el precio más duro por su compromiso.

En el homenaje del PCE a los 60 años de su muerte, Lola Grimau Martínez, una de las 2 hijas de Julián Grimau, recuerda la vergonzosa cicatería del partido con su madre, en el exilio y luego durante la «transición» , así como los 4 intentos fallidos de rehabilitación moral y revisión del proceso, llevados a cabo por la familia, y que resultan esclarecedores de muchas de las lógicas de nuestra historia reciente.