Jornadas sobre la represión en el franquismo (1960-1976)

Han tenido lugar las Jornadas sobre la represión en el franquismo en estos días finales de octubre y el resultado no ha podido ser más grato y halagüeño. Un millar de personas han arropado a lo largo de los dos días, con su presencia, el desarrollo de estas. No solo se ha abarrotado el Aula Magna y la sala Pilar Sinués, sino que, el viernes, casi un centenar de personas no podían entrar a causa del aforo pudiendo seguirlo por “streaming”. 

Magnífica la respuesta de una buena parte de la democracia aragonesa volcándose en su afluencia con el esfuerzo de una veintena de organizadores entre los que me cuento con cierto orgullo. Los que ni estaban, ni parecía que se les esperase, eran los habituales: todo el arco parlamentario de derechas que, en el trascurso del tiempo ha pasado a ser de extrema derecha y más allá. La extrema derecha de los del partido heredero de Alianza Popular se han transformado en tristes comparsas del movimiento postfranquista, con pollos imperiales incluidos, los que acompañan la vuelta de brazos alzados en los nuevos fascistas de VOX.

Tampoco los medios que los arropan. Hoy, se ha visto la “independencia” de nuestro primer espada en eso de la comunicación: la mudez más absoluta. Heraldo de Aragón, el periódico “independiente” de la prensa aragonesa, hace mucho que ha dejado esa condición y parece no darse cuenta de que ser “mudo” en estos casos es esperpéntico ante su propio cierre de ojos.

Emotivo el video realizado con los nombres de ciento veinte mujeres y hombres antifranquistas que dieron tiempo, esfuerzos, generosidad, ilusión para acelerar en lo máximo la consecución de los derechos y libertades presas en la dictadura.

Los dos objetivos marcados, los de ser un referente y los de ser, pasadas estas, un arranque, también se han cumplido.

Referente, por la intensidad de los preparativos, la calidad humana y el compromiso de la quincena de ponentes, con Julián Casanova y Nicolás Sartorius a la cabeza y, acompañándolos, trece testimonios en las personas de José Antonio Fatás, Eduardo González, Maribel Martín, Félix Matute, Isabel Montserrat, María José Moreno, Rosa Casas, Fidel Ibáñez, Paco Polo, Floreal Torguet, Félix Tundidor, Miguel Ángel Zamora y José Ignacio Lacasta, todas ellas y ellos, destacados militantes antifranquistas de distintas formaciones a los que la bota franquista torturó y encarceló.

Arranque, porque pensamos que este acto, en unas fechas en las que un postfranquismo, disfrazado de extrema derecha, se asoma con un descaro cada vez más evidente y agresivo, debe de ser soporte de otros nuevos y siguientes que pongan en valor, para las nuevas generaciones de nuestro país, la Historia de los hechos desarrollados de 1936 a 1976; historia que, quienes son herederos de los generales golpistas, quieren, a toda costa, escamotear, enterrar o desfigurar.

Jornadas que enganchan con la declaración del gobierno de la DGA, en manos de la actual extrema derecha con sabor, todavía, a más extrema y rancia, de derogar la Ley de la Memoria Democrática. Ley a la que odian puesto que descubre, día a día, la cara más cierta y trágica de nuestra historia. Ley que invita a la concordia, pero sin olvidar la realidad de la historia. Ley que, al cabo de medio siglo, repara, levemente, las injusticias cometidas en miles de asesinados. La más vergonzosa y rastrera, la de estar anónimos.

Estas Jornadas querían ser un aldabonazo en las conciencias de todas las personas democráticas, conservadores y progresistas, pero, ante todo, demócratas. Un aldabonazo de tal magnitud que resonara en esta comunidad, desde un extremo a otro, advirtiendo del momento. Y aldabonazo que llenara, desbordara la capacidad de Paraninfos y Aulas Magnas existentes. Desde el principio, nos habíamos puesto como objetivo que la afluencia pudiera ser masiva para que, además del propio provecho de las Jornadas por su didactismo, advirtieran al tándem, hoy en el gobierno de la DGA, de la extrema derecha sumada a la derecha nostálgica del franquismo, que la sociedad aragonesa reclama hoy, reclamará en su día, el mantenimiento de la Ley de Memoria Democrática.

No olvido la capacidad didáctica de las Jornadas. Mucho menos con los testimonios de esos quince ponentes. En ese período de 1960 a 1976, el llamado tardo-franquismo disminuyó la ola homicida de los cuarenta y cincuenta realizada, impunemente, al amparo de la contienda mundial tanto como del inicio de la “Guerra Fría”, explotada muy hábilmente por el general golpista. En la década de los sesenta, los ciudadanos de los países democráticos eran vigilantes de los regímenes dictatoriales, entre ellos, España.

Económicamente, además, en 1959 España estaba al borde del abismo. Se necesitaba “blanquear” un mínimo para finiquitar las políticas autárquicas e intervencionistas. Necesitaba el régimen la inversión extranjera, sanear la balanza de pagos, estabilizar los precios y la peseta. El gobierno tecnócrata del Opus consiguió estos objetivos gracias a un aparente enjalbegado, suficiente para gobiernos europeos y mundiales y que dieran luz verde a inversiones. Y, sobre todo, gracias al aumento de las divisas por turismo en esa década y a las remesas de divisas por parte de dos millones de trabajadores en Europa. El turismo pasó de seis millones de extranjeros en 1960 a 34 en el año de 1973. Y las remesas de los inmigrantes ascendieron a más de seis mil millones de dólares de los de entonces (alrededor de un billón de pesetas españolas).

Esa leve apertura en lo económico, trajo dos consecuencias. Por un lado, el mayor nivel de conflicto social y político tanto a nivel laboral (en el ’62 comienza la huelga minera asturiana y nacen las CCOO) como a nivel estudiantil. Sectores católicos progresistas se unen en peticiones de derechos sociales. El régimen está, cada vez, más arrinconado con la mayor participación de militantes antifranquistas encuadrados, sobre todo, en el PCE.

Franco reacciona creando el TOP (Tribunal de Orden Público). Elimina de la jurisdicción militar los delitos sociales y políticos intentando dar una falsa mejora ante el mundo y, al tiempo, se garantiza judicializar la represión de los cinco grandes apartados que instruirá el TOP: <<asociación ilícita>>, <<propaganda ilegal>>, <<manifestación ilegal>>, <<reunión ilegal>> o <<desórdenes públicos>>, delitos que eran, en realidad, faltas de derechos democráticos. En catorce años de existencia, este tribunal fascista ni siquiera disfrazado de blanca paloma, afectó a 9.146 procesados y 3.890 sentencias dictadas con 11.958 años de condenas. Entre otros procesos, el de la caída del PCE en Zaragoza en 1962 y el 1.001 de CCOO de 1973.

En este período que las Jornadas intentan estudiar, hubo cinco estados de excepción. Estados que dejaban al ciudadano desnudo por completo de derechos, siquiera los más básicos (correo, teléfono, prisión aleatoria) por el tiempo de promulgación. El estado de excepción de mayo del ’62 para Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa fue el primero, después, abril del ’67, agosto del ’68, enero del ’69 −en esta ocasión el ámbito fue para todo el país− y, el último, con un pie de Franco en el ataúd, en abril de ’75.

Evidentemente, el aumento de las luchas antifranquistas, la debilidad del régimen, la irrupción de las fuerzas del trabajo y la cultura en el proceso de acabar con la dictadura, logró frenar, casi al completo, en ese período, lo irremediable: las muertes, los asesinatos. Pese a ello, sobresalieron algunos: el de Grimau en 1963, el intento de seis penas de muerte en el llamado “juicio de Burgos”, conmutadas por el dictador a tenor de la presión interior y exterior por manifestaciones; en Zaragoza, el suicidio-asesinato de Antonio López, los cinco asesinatos, con los dos pies en el ataúd, de Franco de dos militantes de ETA y tres del FRAP, el garrote vil de Puig Antich, incluso los cinco muertos de Vitoria, responsabilidad de aquel franquista que dijo que la calle era suya y cuyo nombre era el de Manuel Fraga.

La represión, afortunadamente muchísimo menor en asesinatos irreparables que en las anteriores décadas, aumentó en el número de represaliados de toda índole: mediante el TOP, encierros aleatorios en comisarías en los estados de excepción, palizas arbitrarias, retención de pasaportes sine die, mayor dureza en el servicio militar, seguimiento de la BPS en los empleos de destacados antifranquistas con el objeto de la pérdida del trabajo, etc. Baste decir que, a finales del franquismo, el número de policías de la Brigada Político Social era de más de 20.000 individuos. Policías que, en la transición, se incluirían todos con manchas de sangre, torturas, medallas y ascensos, en el cuerpo de la policía nacional.

Este es el período, duro, conflictivo y en el que se arrinconó al régimen, que denuncia las Jornadas. Los testimonios directos interpretarán y pondrán a la luz historias y recovecos de una dictadura que sufrimos y que, deseamos, nunca vuelva. Para ello, es imprescindible que las nuevas generaciones conozcan de primera mano, en sus institutos, la historia de este período de nuestro devenir. No solo el período que estudiamos aquí, sino el completo: el que abarca desde el advenimiento de la Segunda República en 1931 hasta el año 1977, año que comienza la llamada Transición. Y que ese estudio se pueda hacer con dos premisas: veracidad y durabilidad. Veracidad que atienda a las investigaciones de docenas de historiadores con sus trabajos en la calle, uno de ellos es el aragonés que tenemos el honor de que sea quien abra las Jornadas: Julián Casanova. La durabilidad exige que ese período tratado por los profesores de Historia Moderna se haga con suficiente tiempo y medios. De análoga manera a lo que se hace en Alemania o Austria estudiando el período nazi. Es otro de los objetivos más ambiciosos de estas Jornadas. Esperemos que sean un humilde, pero importante hito, para la pequeña historia aragonesa.