23 disparos, ¿quién mató a García Caparros?

Era un cuatro de diciembre de 1977, y en Málaga el pueblo había ocupado una vez más las calles, cómo venía haciendo de manera continuada en muchos pueblos y ciudades de Andalucía, reclamando un Estatuto de Autonomía, reivindicación central de un andalucismo que ya estaba cuajando en la sociedad, desde que en 1971, todavía durante la dictadura, de la Alianza Socialista de Andalucía, liderada por el abogado hispalense Alejandro Rojas-Marcos, que en 1976, también bajo su dirección, pasaría a llamarse Partido Socialista de Andalucía, germen del Partido Andalucista. El PSA lograría, en las elecciones generales de 1979, cinco diputados en el Congreso español, y en las municipales de ese mismo año, las alcaldías de Sevilla, Jerez de la Frontera y Ronda.

Pero en ese cuatro de diciembre todavía quedaban lejos las victorias del andalucismo, y se reivindicaba una autonomía que no llegaría hasta el referéndum del 28 de abril de 1980. Entonces todavía eran muchas las resistencias de las autoridades ligadas al antiguo régimen, e incluso exhibir la arbonaida, la bandera verdiblanca que había sido ondeaba en un edificio oficial por última vez en el balcón del ayuntamiento de Sevilla, unos días antes del golpe de estado de 1936. La gesta de Juan Manuel Trinidad Berlanga, un joven de Utrera, de tan solo 18 años, escalando la fachada del edificio de la Diputación de Málaga, para colocar la bandera andaluza en la sede de la diputación, presidida por el que había sido subjefe provincial del Movimiento en la provincia, Francisco Cabeza López, enardeció al pueblo malagueño y enfureció al político falangista, que ordenó a la policía cargar contra los manifestantes.

La Policía Armada, que se había desplegado por toda la ciudad desde primeras horas de la mañana, comenzó a cargar con dureza contra el pueblo que demandaba, ahora nos puede parecer increíble, su propio Estatuto de Autonomía, utilizando botes de humo, balas de goma y porras, pero, al verse desbordado por los manifestantes, algunos policías echaron mano a sus armas reglamentarias y efectuaron varios disparos, según la versión oficial al aire, pero en la que resultaron heridos el joven de 14 años, Miguel Jimeno Ruíz, y José Fernández Ponce. Estos heridos se sumarían a otros de distinta consideración como Ángel Álvarez Estévez, a quien una bala de goma le destrozó la mandíbula, o como los que sufrieron traumatismo craneal: Dagmar Foreman, de 25 años, Antonio Legasa, de 21, o Manuel Serrano, de 18 años.

Pero sin duda, ese cuatro de diciembre de 1977 sería recordado porque uno de esos disparos al aire efectuados por la Policía Armada, alcanzó el cuerpo de otro joven de 18 años, Manuel José García Caparros, un trabajador malagueño de la fábrica de Cerveza Victoria y militante de Comisiones Obreras, y acabó con su vida. Un estudiante de medicina, Carlos Carmona, logró meter a García Caparros en el coche de un conductor desconocido, para llevar al joven al hospital e intentar salvarlo, pero no se pudo hacer nada. A la familia de Caparros le dijeron que había muerto en un accidente de tráfico, pero no pudieron ocultar el crimen, y su entierro fue multitudinario, el secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, y diputado por el Partido Comunista de España, fue uno de los que cargó con su féretro e hizo un alegato pidiendo justicia y haciendo un llamamiento a la calma. Sin embargo, esa misma noche hubo violentos disturbios en la ciudad, se hizo un llamamiento a la huelga general, y el gobierno respondió decretando el estado de excepción.

La memoria de Manuel José García Caparros se ha mantenido a lo largo de las décadas, e incluso en sectores del andalucismo se reivindicó que el día de Andalucía debía ser, en realidad, el cuatro de diciembre, reivindicando el día que el pueblo salió a la calle a reivindicar su autonomía, pero, sin duda fueron sus hermanas las que lucharon con más ahínco para que no se olvidara su crimen, otro más de los crímenes de la Transición Sangrienta que quedaron sin castigo.

También personas como la secretaria judicial Rosa Burgos, se interesaron por el caso Caparros, y en su caso, fruto de un extenso trabajo de investigación, publicó dos libros “La muerte de García Caparrós en la Transición política”, (El Observador, 2008), y “Las muertes de García Caparrós”, (Airón Sesenta, 2017). La periodista andaluza Olivia Carballar también lo recordó en su libro «Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la transición» (Atrapasueños, 2018).

Sin duda, uno de los documentos más esclarecedores sobre la muerte del joven andaluz, ha sido el documental dirigido en 2017 por el director y guionista de cine Jorge Laplace, un jerezano que fue uno de los artífices del guion de la notable “30 años de oscuridad”, que fue nominada al Goya como mejor película documental. “23 disparos” es un thriller documental donde se intenta reconstruir el asesinato de García Caparrós, a través de la investigación iniciada por un policía jubilado, Juan Antonio O’Donnell, que estaba en activo en ese momento y lugar preciso, y al que obsesiona descubrir quién fue el autor del disparo que acabó con la vida del joven. Para ello entrevista a participantes de la manifestación del cuatro de diciembre de 1977, y por la pantalla van pasando tanto Carlos Carmona, el último que lo vio con vida, camino del hospital, como varios policías que intervinieron en el operativo, o manifestantes como Francisco Mergal, del PCE, Fernando Arcas, ahora profesor de Historia Contemporánea en la UMA, así como Francisco de la Torre, entonces diputado de la UCD, o periodistas como Rafael Rodríguez, locutor entonces de Radio Juventud, o Rafael Salas, periodista del Sol de España.

El documental también cuenta con el testimonio de Paqui y Loli, las hermanas del joven asesinado, que se encontraron durante todos estos años con la negativa del estado a la Verdad, Justicia y Reparación que siguen demandando, y que siguen decididas a “poner en marcha todas las iniciativas necesarias para conocer qué es lo que pasó, exigir las medidas de reparación que correspondan y de que esa manera se pueda hacer justicia”. En 2017 lograron que la presidenta de Andalucía entonces, la socialista Susana Díaz, se comprometiera a que el Instituto de Memoria Histórica de Andalucía trabajara en su caso, sin conseguir ningún resultado. A finales de 2020 consiguieron, por primera vez, 43 años después de la muerte de su hermano, ser recibidas por el gobierno español, dónde los ministros Alberto Garzón y Pablo Iglesias se interesaron por su caso.

A día de hoy el el Congreso sigue negándose a hacer publicas las actas de la comisión de investigación sobre el asesinato de Manuel José García Caparros, e incluso cuando la diputada andaluza de Unidas Podemos reclamó ver la documentación de la comisión, después de varias negativas solo pudo consultar las actas sin hacer copias y con los nombres que aparecen tachados.

El Primer DNI Republicano