¡Parar a los franquistas!

Unidad de acción de las organizaciones obreras y populares 

La investidura de Pedro Sánchez -que sería su tercera- ha puesto de relieve cómo se han multiplicado y combinado desde las elecciones los elementos de la crisis política y de régimen; de forma que las cañas del consenso se han vuelto lanzas de la lucha política.

Los acuerdos establecidos para permitir la investidura no parecen muy firmes. El debate desarrollado entre Sánchez y los diferentes portavoces no dejó de ponerlo de manifiesto. Las contradicciones entre unos y otros aparecieron de forma expresa. Del discurso de Sánchez se desprende que, pese a la situación de alzamiento que contra su candidatura llevan a cabo las instituciones franquistas nunca depuradas, hay que “levantar un muro contra la derecha” y, por tanto, el primer objetivo político de la investidura y de su futuro gobierno, sería el de “parar a los franquistas” en el más amplio sentido.

Pretender parar a los franquistas con un muro de acuerdos políticos y sociales depende, primero, del cumplimiento del fondo y la forma de los mismos. En particular, de los acuerdos de amnistía (que deberían afectar a todas las víctimas); y ello como acuerdo político destinado a romper con el pasado franquista de imposición y represión. Un acuerdo tan importante, como el de una Ley como la de amnistía, de ninguna manera puede reducirse al hecho de conseguir los votos necesarios que permitan la mayoría del Congreso. Una ley de amnistía general puede ser el punto de partida de un nuevo marco de relaciones políticas para todos o, por el contrario, la Ley se convertirá en una nueva trampa anti democrática como lo fue la amnistía de 1977, que se motivó para poner en libertad a los presos antifranquistas que quedaban en las cárceles, cuando, en realidad, supuso la total impunidad para los crímenes franquistas. Burla que posteriormente se ha tratado de consolidar con las leyes de Memoria de Zapatero y de Sánchez. Y este peligro existe: hay que recordar que fue el mismo Sánchez quien hizo referencia a esta cuestión, asegurando que la amnistía de 2023 es la confirmación de la amnistía de 1977. O lo que es lo mismo, de la impunidad de ayer a la impunidad de hoy.

Las lanzas políticas que han sustituido a las cañas del consenso quebrado, se han visto públicamente en el mismo debate de investidura, y en los múltiples acontecimientos que lo están rodeando, debiendo distinguir varios frentes políticos que se combinan.

El primer frente de ruptura de los consensos es el establecido entre el candidato del PSOE y los franquistas del PP y VOX. Las argumentaciones del enfrentamiento son diversas, y se concentran en la interpretación de la Constitución del 78 y del mismo papel de la Monarquía como herencia de Franco. Para los franquistas, el PSOE no puede ser sino su colaborador político para mantener sus privilegios institucionales, políticos y económicos. Privilegios de todo tipo, que van desde la ocupación familiar de la Jefatura del Estado al financiamiento de la Iglesia; tratando de evitar que se juzguen sus crímenes; y en particular, la necesidad de compartir y/o alternarse en el ejercicio del poder. Para los franquistas la prolongación de Pedro Sánchez en el gobierno es una cuestión en la que no están dispuestos a ceder, por eso aluden, una y mil veces, a que ellos “han ganado las elecciones”, o lo que es lo mismo, que es la hora de la alternancia política, diciendo: ¡Ahora nos toca el gobierno a nosotros, sea como sea!

La primera cuestión del disenso con el PSOE para la derecha, no es la amnistía en sí misma, aunque en toda la campaña de proclamas de tipo golpista (desde las declaraciones de los obispos a los manifiestos de los generales, pasando por los plantones de los jueces) se denuncia en particular “la desigualdad entre españoles”, que vendría a establecerse con la Ley de amnistía. Tampoco lo son las concesiones económicas a las burguesías nacionales, en el terreno de la financiación autonómica, la pretendida segregación de empresas públicas (Renfe) y la desarticulación-privatización de la Seguridad Social y de la caja de pensiones. Lo que se debate, en primer lugar, en la tercera investidura de Sánchez, es simplemente quién debe gobernar, como no se cansan de repetir los franquistas, al margen de lo que dice su misma Constitución. Sostienen que debería gobernar el partido más votado con el apoyo del tercero con más representantes en Cortes, frente a un gobierno de amplia coalición de partidos encabezados por el PSOE, como resultado de una singular acumulación de fuerzas con acuerdos diversos entre fuerzas políticas variopintas; de manera que con ello no se constituye un bloque político con un programa común, sino la multiplicidad de acuerdos distintos y dispares.

La forma en la que se expresan las rupturas de los consensos entre los franquistas y el PSOE, (aunque todos ellos se reclamen, cada uno a su manera, de la Constitución y de la Corona) es la siguiente. Aunque en las manifestaciones diarias ante la sede del PSOE en Madrid se pueden ver múltiples banderas bicolores, de ellas ha desaparecido el escudo monárquico; y por si esto fuera poco, se repiten consignas directas contra el titular de la corona, Felipe VI, acusándole de ser cómplice del PSOE, y de su supuesta condición de masón. También se pueden ver pancartas que cuestionan la Constitución, acusando al texto pactado de “que destruye la nación”. De dicha ruptura, la parte más activa son los franquistas que rezan y gritan ante las Cortes, que han ocupado en estos días de forma permanente la calle de la sede del PSOE en Madrid, a la que se sigue llamando “Casa del Pueblo”, pero que en realidad no es sino la sede física del aparato burocrático de Sánchez. El acoso a las sedes del PSOE y la vandalización de las mismas son una expresión evidente de esta ruptura de pactos y consensos. Para Sánchez su investidura es “el camino más seguro para la unidad de España”, mientras que para Feijóo estamos ante un gran atentado de “corrupción política”.

Los dirigentes del PSOE, que ocupan el primer plano de la crisis política e institucional, aparecen como los primeros defensores de la Ley y el Orden, frente a la movilización general de los franquistas. Y es en ese plano donde surgen los conflictos con los partidos nacionalistas. La portavoz de Junts ha acusado a Sánchez de la posibilidad de que la legislatura no avance sin “un acuerdo que cambie la historia”. ERC también le realizó un primer aviso: “No se la juegue, créame”. Todo está preparado para que Pedro Sánchez sea nombrado presidente, sin un programa claro, más allá de las consabidas privatizaciones y la pérdida de conquistas sociales para los trabajadores programadas desde Bruselas; así como el apoyo oficial a las guerras de Ucrania y Palestina, detrás de los dictados de la OTAN y de la Unión Europea.

Las víctimas del franquismo acumulan experiencia histórica, que nos debe ayudar a entender el momento político. Nuestra legítima propuesta es la lucha contra la impunidad, la república de los pueblos de España; pero debemos saber plasmar esa demanda en relación a las exigencias mayoritarias en busca de la necesaria unidad de acción más general. ¡Nunca es demasiado tarde! Desde luego, hay que parar a los franquistas; pero eso exige contar con la mayoría social, tener su respaldo. Sólo con la mayoría social y con la más amplia unidad de acción se pueden enfrentar los ataques de todo tipo. El apoyo de la mayoría de explotados y oprimidos ha de ganarse en la práctica diaria de la lucha de clases en defensa de sus reivindicaciones. La mayoría obrera y popular es determinante para la lucha política democrática y social. La lucha común de trabajadores y pueblos, y de sus organizaciones es una necesidad y, por tanto, la unidad de acción política y social se constituye en la clave de la situación creada con la tercera investidura de Sánchez.

En consecuencia: ¡Parar a los franquistas, romper con el legado de la dictadura!