La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un deber moral inexcusable de nuestra democracia.
Así lo establece de manera taxativa la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por las Cortes Generales, que repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. La Ley declara ilegal el régimen franquista, y establece que la búsqueda de los desaparecidos es una obligación del Estado.
Similares principios se contienen en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017, que fijó tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena.
La Memoria Histórica y Democrática no se debe al deseo de venganza o de “abrir viejas heridas”, que por otra parte nunca fueron cerradas. Es un asunto de Derechos Humanos, de Justicia, de Democracia.
Una democracia verdadera no puede construirse sobre la desmemoria, la mentira, la ocultación de lo que pasó, el olvido y el silenciamiento de los vencidos. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia, al reconocimiento y la reparación moral y económica. Quieren saber dónde están los restos de sus familiares, recuperarlos y darles cumplida sepultura, como hacemos todos con nuestros difuntos.
La democracia española tiene una deuda que aún no está saldada. Es una vergüenza que más de 100.000 víctimas del franquismo (al menos 45.566 en Andalucía, repartidas en 708 fosas comunes) estén aún desaparecidas. Los gobernantes tienen que poner los medios para encontrarlas, devolver la verdad, honrar a quienes lucharon por la libertad en defensa del régimen legítimo de la República y a lo largo de toda la dictadura franquista.
En aplicación de las leyes mencionadas, y atendiendo a las reivindicaciones de las organizaciones memorialistas y ciudadanas, el anterior gobierno municipal de Sevilla llevó adelante políticas activas de Memoria Histórica y Democrática, en colaboración con otras administraciones públicas: inició y llevó a su término las exhumaciones de la gran fosa de Pico Reja, en la que se encontraron restos de 1.786 víctimas, y promovió la construcción del osario-memorial para albergar los restos encontrados; puso en marcha un dispositivo para la recogida de muestras de ADN entre los familiares para la identificación de las víctimas; inició los trabajos para el futuro Centro de la Memoria Histórica de Sevilla en la antigua cárcel de La Ranilla; se reunió con las organizaciones memorialistas, escuchó sus peticiones y las integró en el Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, cuyas sesiones fueron convocadas puntualmente conforme al Reglamento establecido; creó la Oficina de Memoria Histórica municipal, que desarrollaba sus funciones con
regularidad; consignó en sus presupuestos para 2023 una partida de más de 300.000 € para comenzar los trabajos de exhumación de la fosa de Monumento; etc.
El actual Alcalde de Sevilla miente cuando dice que no ha suprimido ninguna de las actuaciones en marcha. La realidad es que ha paralizado por completo todas las políticas públicas en materia de Memoria Histórica y Democrática:
No ha iniciado el proceso de exhumación de la fosa Monumento, pese a disponer de un presupuesto inicial para ello consignado en los presupuestos municipales de 2023.
No ha atendido la solicitud de reunión que le han presentado varias veces las organizaciones memorialistas.
Ha dejado sin actividad la Oficina Municipal de Memoria Histórica.
Desde su constitución en junio de este año, no ha procedido a formar como
es preceptivo el nuevo Consejo Municipal de Memoria Democrática.
Ha anulado el dispositivo establecido para la recogida de muestras de ADN.
No ha dado ni un solo paso para proseguir el proyecto museológico de Ranilla.
Cumplir las leyes es obligación de toda la ciudadanía, pero más aún de los gobernantes. Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. Ningún gobernante puede ampararse en su apoyo electoral para incumplir las leyes, sea por acción o por omisión de su deber de ponerlas en práctica.
Contra este incumplimiento de las leyes, contra esta paralización de las actuaciones en Memoria Histórica y Democrática, para reclamar políticas públicas activas en Memoria democrática, las organizaciones memorialistas convocantes y las entidades ciudadanas, sociales y políticas que nos apoyan, llamamos a toda la ciudadanía de Sevilla a concentrarse en la Plaza Nueva, ante el Ayuntamiento, el sábado, 2 de diciembre, a las 12 h.
¡EXIGIMOS QUE LAS LEYES DE MEMORIA SE CUMPLAN!
¡Reclamamos VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN para las víctimas del franquismo!
¡Declaramos que NOSOTROS NO OLVIDAMOS, y que nuestra lucha será la GARANTÍA DE NO REPETICIÓN de la barbarie!
Fuente → ucarsevilla.wordpress.com
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