La justicia española sienta el antifascismo en el banquillo de los acusados

Doscientas diez militantes antifascistas encausadas judicialmente por acciones contra la extrema derecha en los Países Catalanes desde el año 2017 hasta la actualidad. Éste es uno de los datos que revela el informe La represión contra la lucha antifascista , elaborado por la organización antirrepresiva de la izquierda independentista Alerta Solidaria . El estudio, que se ha elaborado en colaboración con grupos de apoyo y abogadas, hace un repaso de casos que a su juicio “muestran la diferencia de trato que recibe el antifascismo respecto del fascismo o de otras causas no politizadas ”. Así pues, reclaman atención social y mediática, "porque vemos que sólo el independentismo cuenta a la hora de denunciar ciertos abusos o de encarar discusiones como la de la amnistía".

Ciertamente, el futuro más inmediato avala su preocupación por la represión contra el movimiento antifascista, puesto que tan sólo entre los meses de octubre y diciembre 23 militantes serán juzgadas por causas que tienen su origen en acciones de protesta contra la extrema derecha . Es el caso de los catorce encausados ​​de Pego (la Marina Alta), que estaba previsto que acudieran a juicio el próximo 17 de octubre en Alicante, pero finalmente se aplazó hasta el 13 y 14 de junio. El motivo: movilizarse contra la presencia de un grupo de neonazis en su pueblo el 18 de octubre de 2020. La Fiscalía les pide penas que lleguen hasta los nueve años y dos meses de cárcel, por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, lesiones leves y amenazas. Uno de los jóvenes, Guillem Sendra, ejemplificaba en una entrevista en la Directa el tratamiento desigual que reciben hechos como éstos por parte de los medios de comunicación y los poderes del Estado: “Se ha intentado crear la imagen del antifascista radical y violento y del neonazi como persona aficionada”.

Desde el movimiento antifascista de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) también han denunciado este proceso de tergiversación, mediante el cual algunos grupos ultras logran ser erróneamente percibidos como pacíficos y democráticos. En los últimos años ha llevado a cabo diversas protestas contra la colocación de carpas informativas de la organización españolista. Se ha terminado en el campus de Bellaterra. Desde la plataforma antifascista de la universidad, han explicado repetidamente el origen de esta escisión de Jóvenes de Sociedad Civil Catalana (JSCC) y afirman que “las raíces de Se ha Acabado son claramente fascistas, por eso no nos cansaremos de decir que no son bienvenidos a ninguna parte”. Fruto de las múltiples acciones contra el grupo en la UAB ha habido varios procedimientos judiciales, como el que este mes de octubre llevará a juicio a un estudiante para quien piden hasta tres años de cárcel.

La problemática con Se ha Acabado, no se circunscribe sólo a la UAB, sino que en otros centros como la Universidad Pompeu Fabra (UPF) también ha habido incidentes que han terminado con el procesamiento de estudiantes antifascistas. El 23 de febrero de 2022 en el Campus Ciutadella de la UPF tenía lugar la muestra de entidades, donde la presencia de Se ha Acabado desató una concentración de rechazo por parte del estudiantado. Meses después cuatro jóvenes recibieron una citación judicial con acusaciones de la Fiscalía de delitos de odio, quienes les acusa de los delitos de coacciones, lesiones leves y del hurto de una bandera española. A esto hay que añadir la petición de la acusación particular, ejercida en representación de Se ha Acabado, que añade los delitos de desórdenes públicos y contra el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación. En total, peticiones de tres años de cárcel en un juicio que está previsto que se celebre en diciembre.

Para el periodista y experto en la extrema derecha, Miquel Ramos, el uso de la legislación de delitos de odio en procedimientos penales contra antifascistas supone “una desnaturalización del origen por el que se tipificaron, que era la defensa de activos que sufrían una discriminación y se veían sometidos a una violencia motivada por prejuicios”. Ramos, que es conocedor de la materia y la ha investigado a fondo en el proyecto Crímenes de Odio , considera que este proceso se ha llevado a cabo “de forma interesada por parte de las autoridades, para disponer de una herramienta más para reprimir la disidencia política, en este caso el antifascismo, así como para proteger a la policía, quien también se ha presentado en ocasiones como víctima del odio”.

La trampa de Vox

Otro de los casos que llegarán a juicio en los próximos meses es el del asalto racista a un centro de menores tutelados de El Masnou (Maresme) en julio de 2019, donde pesa sobre los hombros de dos antifascistas una petición fiscal de dos años y dos meses de prisión. Ambos están acusados ​​de insultar y agredir a un mosso que formaba parte del cordón policial que separaba la concentración vecinal de apoyo a los jóvenes migrantes de la que formaban parte, de la turba xenófoba que quería agredirles. La paradoja llega hasta el punto de que los dos activistas antirracistas serán juzgados, también este mes de diciembre, en el mismo juicio en el que siete de los ultraderechistas atacantes están acusados ​​de delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, resistencia y atentado contra el autoridad, daños y lesiones leves.

En este último caso, uno de los siete encausados ​​por “fomentar, promover o incitar al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional”, según la propia fiscalía, es Jordi de la Fuente. Se trata de un conocido neonazi que ha sido líder del extinto Movimiento Social Republicano (MSR), miembro de Plataforma per Catalunya (PxC) y ahora diputado del partido de ultraderecha Vox en la Diputación de Barcelona y concejal de Sant Adrià de Besòs. Este dato es destacable si tenemos en cuenta que uno de los principales impulsores de procesos judiciales contra activistas antifascistas es justamente el partido liderado por Santiago Abascal, que utiliza sus servicios jurídicos para denunciar por delitos de odio cualquier acción en su contra, amparándolo en el derecho a la libertad de expresión ya la participación política. "Su táctica consiste en parar una trampa constante al antifascismo: conseguir unas imputaciones que a las afectadas ya los grupos de apoyo les suponen invertir tiempo y dinero, así como de rebote victimizarse ante la opinión pública", reflexiona Miquel Ramos.

La estrategia de acoso judicial del antifascismo por parte de Vox se ha hecho evidente en las múltiples denuncias que han presentado contra personas que protestaban contra la instalación de carpas informativas por parte del partido en muchos municipios. Un ejemplo es el juicio por delitos leves que se celebrará este mes de noviembre contra un vecino de Badia del Vallès (el Vallès Occidental) por oponerse a un acto propagandístico de este tipo, donde el partido de extrema derecha difundía entre el vecindario su ideario excluyente. El mismo mes, pero en esta ocasión en Castellón (la Plana Alta), se celebrará otro juicio contra una miembro de la asamblea feminista anticapitalista no mixta Subversivas. Vox presentó una querella porque aparecieron pintadas de la cara de Abascal con un punto rojo en la frente y consideran que los hechos son constitutivos de un delito de odio. Por eso piden tres años de cárcel, la imposición de una multa y la suspensión de las actividades para el colectivo, además de una indemnización de mil euros.

Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidaria, corrobora que las últimas campañas electorales en las que Vox ha organizado actos y montado paradas en la vía pública han sido “los episodios detonantes de posteriores operaciones represivas, y eso es lo que explica el aumento de antifascistas represaliadas”. A su vez, Majoral asegura que contra el antifascismo “se invierten muchos recursos, se hacen investigaciones que van hasta el fondo y logran identificar a mucha gente, buscarla en su casa y procesarla, con calificaciones de hechos y valoraciones de penas muy duras”. En cambio, sobre el trato policial y judicial que recibe la extrema derecha, cree que “no existe la misma intensidad de medios para investigarlos en la fase policial y para instruir las causas en la fase judicial. A pesar de capítulos de violencia muy graves, no existe la misma severidad por parte de la fiscalía”, concluye.

En total, veintitrés militantes antifascistas serán juzgadas antes de finales de año en los Països Catalans. De estos y otros casos pendientes de juicio como el de los 9 de Olot o el de Raval Vs Vox se hablará en las presentaciones del informe de Alerta Solidaria que se celebrarán el jueves 19 de octubre en el Antigua Massana de Barcelona y en el Centro Social Tierra de la ciudad de Valencia. Pese a los golpes, el movimiento antifascista en su amplitud y heterogeneidad volverá a tomar las calles este 12 de octubre, para gritar una vez más que no hay “nada que celebrar”.

El Primer DNI Republicano