Comunicado del Foro por la Memoria de Guadalajara sobre las declaraciones del Vte de la Junta de C-LM

El Foro por la Memoria de Guadalajara , asociación miembro del Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, desea responder el vicepresidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, respecto a sus declaraciones realizadas en el seno de la reunión del Consejo Asesor de Memoria Democrática  sobre la intención del Gobierno regional de exhumar fosas “de un bando y de otro” . 

El Foro por la Memoria le recuerda al señor vicepresidente que las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana, de lo que él llama “bando” sublevado, ya fueron exhumadas en la postguerra gracias a una orden aprobada por la dictadura franquista en el BOE del 1 de mayo de 1940. El Foro recuerda también que no habia “dos bandos” , porque a un Gobierno Constitucional no se le puede llamar “bando”. En todo caso habia un gobierno, y enfrente, una “banda” de golpistas alzados contra la legalidad.  

Por otra parte, en constestación a la intención del vicepresidente de darle un sentido “apolitico” y sin partidos, a la memoria de la región, recordamos que la memoria democrática, que es, recordemos, la de los que defienden los valores democráticos, no puede ni debe ser “apolítica”, ni puede ser de lo que el vicepresidente llama los “dos bandos”, Porque precisamente las víctimas de la dictadura lo fueron por su compromiso político y con la justicia social, Fueron víctimas por pertenecer a partidos y sindicatos que entonces eran legales, Y ese hecho no puede ser ignorado, No ha lugar por tanto a ninguna “equidistancia”  Además no se debe ignorar que todas las víctimas franquistas fueron exhumadas en la postguerra a cargo del Estado, recibieron pensiones, y recibieron todo tipo de homenajes. Incluso el único enterramiento que quedaba de personas asesinadas en la retaguardia republicana, la fosa de Camuñas (To), ha sido investigada por el CSIC. No nos oponemos a que se intervenga por motivos humanitarios en las fosas de cualquier tipo, pero repetimos que las franquistas han sido todas exhumadas en la inmediata postguerra, E insistimos que considerar que la memoria democrática es ajena a la política es sencillamente un nuevo insulto a las victimas de la dictadura, pues todas ellas sufrieron represión por su compromiso político y social precisamente. Creemos por ello que los partidos y sindicatos a los que pertenecieron deberían poder dar su opinión en un órgano consultor como el Consejo Asesor. Incluso el Consejo Asesor equivalente que existía en Castilla y León, hasta que ha sido eliminado por el actual gobierno regional PP-VOX, incluía a representantes  del sindicato UGT en su seno, cosa que no ocurre en el castellanomanchego. ¿Acaso UGT, organización a la que pertenecían el 60% de las víctimas de la represión franquista, no tiene derecho a tener una opinión sobre la actuación que un Consejo Asesor haga con sus afiliados represaliados por la dictadura? ¿Cuantos muertos deberia tener la UGT, en opinión del señor vicepresidente para poder ser escuchado en materia de memoria?  

No se ha pedido anular sentencias, porque sencillamente, no eran sentencias. 
Ante la petición de la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara de que se incriba la anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática, el vicepresidente ha indicado que es un tema en el que “no está claro desde el punto de vista legal” a quién corresponde la anulación de determinadas decisiones administrativas políticas tomadas durante el régimen franquista. E incluso ha recordado que “la propia comunidad autónoma no existía en ese momento”. Dichos expedientes judiciales están conservados en los archivos históricos provinciales dependientes de la Consejería de Educacion y Cultura de Castlla-La Mancha

Ante estas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha,  el Foro por la Memoria reconoce que ciertamente el gobierno regional no puede anular nada, ni tampoco el gobierno central, ni nadie pretende que lo haga. De hecho la nueva Ley de Memoria no anula nada ni tampoco pretende ni puede anular nada. Lo que recuerda esta asociación es que tal y como dice la propia ley, es que esos documentos, sólo tienen “apariencia judicial” y que nunca fueron verdaderas sentencias, sino “aberraciones jurídicas”, llevadas a cabo sin garantías, sin legitimidad, por organismos que se autoproclamaron Tribunales y que un Estado de derecho moderno no puede seguir convalidando esas condenas como si tuvieran valor jurídico. Nadie tiene que anular esas sentencias, que se anulan por si mismas, porque no fueron verdaderas sentencias. La petición de inscripción en los expedientes sólo significaría simplemente constatar ese hecho. Y tiene valor testimonial, Significa una reparación moral.

El Primer DNI Republicano