Una víctima del franquismo consigue otra oportunidad para declarar en los juzgados

Este jueves, mes y medio después de esa decisión, la jueza titular, Ana María Iguácel Pérez, ha dado un volantazo y ha vuelto a citar a Pacheco y a García —como víctima y testigo— para que declaren el próximo 15 de septiembre en dicho juzgado a las 10 horas. Una decisión que las entidades memorialistas y defensoras de derechos humanos Ceaqua, Irìdia, Centro Sira y Amnistía Internacional, celebran en un comunicado. Esperan que esta vez sí que tenga lugar la toma de declaraciones, que podría desencadenar en una investigación pionera en el Estado.

“La toma de declaración nuevamente señalada pone de manifiesto la irregularidad manifiesta que supuso su anterior suspensión”, señalan las entidades sobre esta causa, la primera admitida a trámite de una tanda de querellas presentadas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, y que denuncia a cuatro miembros de la Brigada Político Social, uno de ellos el excomisario Villarejo, tal y como se refleja en el auto al que ha tenido acceso El Salto.

Junto a él aparece Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, este último hasta hace poco comisario de Leganés. Reglero fue relegado de su cargo poco después de que la Querella Argentina comenzara a andar y las protestas vecinales pusieran su nombre, que aparecía en el sumario, en tela de juicio.

Cambio de criterio

Las entidades firmantes del comunicado señalan que, con la admisión a trámite de esta querella, la jueza titular cumple con las observaciones emitidas reiteradamente por diferentes comités de Naciones Unidas, entre ellos el Comité contra la Tortura. “Constatamos, una vez más, que a diferencia de lo que sucede en el Estado español, en otros Estados se investiga judicialmente y se condena a los responsables de crímenes de derecho internacional cometidos durante el período en el que sufrieron regímenes dictatoriales. La última de las sentencias relevantes dictadas en ese sentido es la de la Corte Suprema de Chile como consecuencia del asesinato de Víctor Jara en 1973”, añaden.

A día de hoy, el criterio de la judicatura en España se ha caracterizado por repetir que los crímenes cometidos durante el franquismo están prescritos. Las organizaciones firmantes del comunicado esperan que esta querella admitida se integre en un “cambio de criterio” en el poder judicial que facilite la investigación penal de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista. Más de un centenar de querellas han sido archivadas en el Estado, las dos últimas tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática.