La Generalitat Valenciana propone para un premio de igualdad a una entidad implicada en bebés robados

 

Antecedentes

Las Casa Cuna Santa Isabel, institución religiosa regentada por las Siervas de la Pasión, funciona en Valencia desde 1935 con la finalidad de atender y orientar a mujeres gestantes con problemas económicos o sin apoyo social y también a madres con niños menores de dos años: Ofrecemos apoyo y acogida a madres gestantes y/o con niños/as menores de 2 años que carecen de recursos económicos, de apoyo familiar o social, señalan en su web.

Su directora en 2015, Sor Aurora Gallego, fue galardonada ese año por Rita Barberá con el título de Hija Adoptiva, cuando ya desde 2014 se habían presentado 21 denuncias contra la Casa Cuna; muchas de las madres que habían dado a luz hace décadas en la Casa Cuna aseguran que fueron coaccionadas por las monjas para entregar a sus hijos en adopción y muchos de esos hijos quieren ahora conocer la identidad de sus madres biológicas por lo que demandaban a la institución que se niega a proporcionar los datos alegando, según declaraciones de sor Aurora Gallego ante el juez de la causa, que no puede aportar datos de las mujeres que dieron a luz en la institución y cuyos hijos dieron posteriormente en adopción, dentro del conocido como caso de bebés robados, porque no los tiene.

Mientras que la denuncia de SOS Bebés Robados, interpuesta por el letrado y presidente de la Asociación Enrique Vila, (nacido en la casa cuna en 1965), “por la negativa de Casa Cuna de darle información sobre madres biológicas y por un supuesto tráfico de bebés en la institución”, fue sobreseída, en 2019 el juzgado de primera instancia número 7 de Valencia ha dictado un auto en el que insta a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia a facilitar información de la madre biológica a un hombre nacido en 1981 en la institución de la capital. La resolución judicial obliga a las religiosas a dar datos al joven para dar con su progenitora, o bien facilitarle el acceso libre a «cualquier archivo que obre en poder de la entidad, a fin de localizar a a la madre». Lo que, al parecer, de momento no se ha lproducido.

Con el título La vida incompleta de los niños robados se hacía eco El Mundo en 2020 del estreno de un documental y un libro que recogían la lucha por conocer sus orígenes de muchos de quienes fueron adoptados en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. El documental, Los que buscamos, dirigido por el Óscar Bernácer, tiene como una de las figuras centrales al abogado y escritor Enrique J. Vila Torres, que tuvo que esperar hasta los 23 años para saber la verdad sobre sus orígenes.

Vila señala como uno de los factores que favoreció el robo de bebés fue el propio marco legal que regía en aquella época, a finales de los años sesenta. “La adopción era privada y el Estado no controlaba el origen del niño. En mi caso, a una monja le habría resultado muy fácil certificar que yo era un bebé abandonado y los poderes públicos no llegarían nunca a investigar si mi madre me entregó o no. Era un negocio: engañar a las madres y luego vender a esos niños”, explica Vila Torres. La escala de ese “negocio” se comprende al conocer las cifras. “Mi familia adoptiva me confirmó que habían pagado un millón de pesetas por mí en 1965. Es mucho dinero, con eso se habrían podido comprar dos pisos”, asegura. “Lo máximo que he escuchado yo es de alguien que dijo hacer pagado tres millones en 1970. ¿Dónde están esas cantidades ingentes de dinero? Porque para las madres no era. Tiene que estar supuestamente en manos de abogados o de órdenes religiosas…

A esta Casa Cuna Santa Isabel es a la que, en noticia firmada por M. Fabra de El País, la Generalitat Valenciana propone para un premio de igualdad.

(El País)

La consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Elisa Núñez, ha propuesto al centro Casa Cuna Santa Isabel como candidato al reconocimiento “Meninas 2023″ que entrega la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana a personas y entidades por sus estrategias, iniciativas o proyectos para combatir la violencia sobre las mujeres y promover la igualdad. La Casa Cuna ha estado implicada en varios casos de bebés robados y sobre la entidad existe una orden judicial para que aporten datos de las madres de más de una veintena de personas. La dirección de la institución mantiene que no guarda esos datos.

Núñez es uno de los tres miembros del Consell elegidos por Vox en el acuerdo de Gobierno con el PP que lidera Carlos Mazón. La directora de la Casa Cuna Santa, Sor Aurora Gallego, ya fue distinguida por los populares en el Ayuntamiento de Valencia, 2011, donde se le distinguió como hija adoptiva “por su defensa de la vida”.

El abogado de varias causas de bebés robados, que además es también afectado, Enrique Vila, ha calificado de “vergonzoso” que se distinga a esta institución que, según sostiene, “mantienen un empecinamiento incomprensible” cuando otros centros, incluso de la misma orden que gestiona el de Valencia, sí han facilitado los datos. Vila reclama ahora al Vaticano que exija a Sor Aurora Gallego que aporte la identidad de las madres, aunque, de momento, no ha obtenido respuesta.

Los premios Meninas son unos galardones que otorgan las delegaciones del Gobierno previa invitación a personas y colectivos, -como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la fiscal superior, fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de mujeres y unidades de violencia sobre la mujer- para que presenten propuestas. En la justificación de la candidatura la consejera destaca que la candidatura es “una oportunidad para mostrar el convencimiento de esta consejería para acabar con la violencia doméstica y en particular, la que afecta a las personas más vulnerables”. Además, resalta “la importante labor y ayuda de este grupo de religiosas a las familias monoparentales con necesidades prioritarias de intervención, que en la actualidad prestan acogida a un total de 22 mujeres y 22 niños en Valencia”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado de que la presentación de la candidatura se ha realizado fuera de plazo, por lo que la propuesta de la Generalitat, que participó en la sesión de debate del jurado, no puede ser tenida en cuenta.

La negativa de la dirección de la entidad, pese a la orden judicial, a facilitar los datos de las madres que, según reiteraron, solo registraron a partir de 1992, llevó a los afectados a presentar una querella, en este caso por la vía penal, que fue archivada. En ese caso, el juez descartó “la existencia de indicios de delito en la negativa de los querellados a entregar los datos requeridos; esto es, ha de descartarse que tal negativa pueda considerarse dolosa y no motivada por la imposibilidad de acceder aquéllos a este requerimiento”.

El Primer DNI Republicano