El cementerio de Pereiró, en Vigo, acogió este jueves otro homenaje al último fusilado de Franco : Xosé Humberto Baena Alonso , Xosé Luís Sánchez-Bravo Solla , Ramón García Sanz , Ángel Otaegui Etxebarría y Juan Paredes Txiki . Baena y Sánchez-Bravo, ambos nacidos en Vigo, fueron ejecutados hace 48 años en la última etapa de la dictadura franquista, tras ser sometidos a juicios arbitrarios e injustos.
En este sentido, Alberto Estévez , portavoz de Amnistía Internacional Vigo, valoró "positivamente" la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 "tras una intensa campaña de Amnistía Internacional y organizaciones memorialistas". "Sin embargo", ha añadido, "lamentamos que la ley no garantice el acceso a la justicia a las víctimas, al omitir medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado".
En la misma línea, en una carta dirigida este jueves a la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, Flor Baena , hermana de Xosé Humberto Baena, recuerda que el artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática establece la declaración de nulidad de sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos durante la Guerra Civil.
Teniendo esto en cuenta, Flor Baena pregunta qué medidas va a tomar el Gobierno para que esta nulidad sea efectiva en el caso de su hermano y del resto de víctimas de juicios injustos. "Casi un año después de la entrada en vigor de esta Ley, no he recibido ninguna comunicación [...] para que, 48 años después, pueda limpiar de una vez por todas el nombre de mi hermano", se queja en la carta.
Cambio de opinión de la Fiscalía: ¿se juzgarán los crímenes del franquismo?
46 años después de la aprobación de una ley de amnistía (1977) que impedía la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, la Fiscalía de Barcelona dio la vuelta la semana pasada al guion que podría sentar un precedente al apoyar la admisión a trámite de una demanda por la tortura de un sindicalista en la comisaría de policía. Se trata de Carles Vallejo , detenido y torturado en la comisaría de Barcelona de la Vía Laietana en 1970.
La citada Ley de la Memoria impone al Estado el "deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura franquista" y la obligación de "garantizar no sólo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y reparación de las víctimas". En ese precepto la Fiscalía se blinda de admitir la denuncia presentada por una decena de entidades memorialistas por crímenes de lesa humanidad.
Fuente → nosdiario.gal
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