La amnistía como condición política

Ayudar a desatar el nudo de las principales contradicciones

En este paréntesis entre las elecciones generales y la formación o no de gobierno, asistimos a un carrusel de convocatorias en diferentes ciudades españolas de “cumbres de la Unión Europea”, marcadas por la “otanización” de las instituciones de Bruselas.  Expresión, bajo la Presidencia de Pedro Sánchez, de la forma en la que la Unión Europa se somete a los EEUU.

En Toledo se acaba de proclamar la vigencia de la guerra de Ucrania, que amenaza con extenderse, como eje de todas las políticas, encabezadas por el Sr. Borrell, como agente del imperialismo europeo sometido al norteamericano. En octubre se convoca otra cumbre en Granada. La guerra y la recesión solivianta a los pueblos de Europa, mientras miles de millones se destinan a la financiación de la guerra, y la UE propone su ampliación con el fin declarado de cercar aún más a la Federación Rusa. Para ello, planea integrar a Moldavia y lo que queda de Ucrania; al tiempo que Francia y la misma UE tratan de reunir las condiciones para garantizar el éxito de una intervención militar en África. Tratan de aplastar las rebeliones militares y populares conocidas en diversos pueblos del continente, en exigencia de la libertad nacional efectiva frente a las cadenas imperialistas. En Granada están previstas movilizaciones populares rechazando los planes de la Unión Europea, que trata de imponer un nuevo plan de ajuste y privatizaciones, y especialmente contra la guerra imperialista que se ha convertido en un conflicto de destrucción permanente, de corrupción política, de privatizaciones de los bienes ucranianos. La acción política de los pueblos de Europa contra la guerra y el ajuste que se prepara contra sus conquistas sociales es un factor de gran importancia.   

En otro orden de cosas, el eurodiputado de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha puesto de manifiesto desde el exilio en Bélgica que no dará su apoyo a la investidura de Sánchez sin una previa Ley de Amnistía. Todo ha comenzado a girar en torno a esa exigencia política. Para los franquistas del PP, que niegan la existencia histórica del pueblo catalán como sujeto político, han dicho que no se reunirán con Puigdemont para negociar el voto a la investidura de Feijóo, al tiempo que giran desde sus posiciones de “Una, grande y libre”, para demandar directamente un Pacto de Estado que pueda “buscar un encaje del problema territorial de Cataluña”. Desde el PSOE se admite la necesidad de una solución política a la reiterada represión policial y judicial contra los derechos nacionales, pero buscan la forma de hacerlo sin cuestionar la Constitución a la que aparecen amarrados frente a la tormenta de la crisis. La guinda de la tarta de la crisis política constitucional la aporta el expresidente Felipe González, quien ha pedido a Sánchez, que diga claramente que “la amnistía y la autodeterminación no caben en el Constitución”. Y añade “La amnistía supondría reconoce que los imputados y condenados no cometieron ningún delito, y que fue el régimen español el que los criminalizó injustamente…/…y con ello, se están erosionando los cimientos en los que se fundamenta la convivencia”. González contempla, desde su retiro de privilegios y lujo, las contradicciones de sus políticas contrarias a la democracia, desde el ángulo del partido que promovió, en primer término, los pactos y consensos con los franquistas; partido que se constituye en el centro de todas las tensiones y contradicciones.

Como escribía ayer el catedrático de Ciencia Política, Ignacio Sánchez Cuenca, la cuestión nacional en España aparece condicionada por dos posiciones que se reiteran en el tiempo. De una parte, se dice: “Al fin y al cabo, los nacionalistas vascos y catalanes son minoría en España, no tienen fuerza para desestabilizar o romper el Estado, así que pueden seguir olvidándose de sus reclamaciones; quien tiene la última palabra es el conjunto de los españoles. Y punto, como se dice castizamente”. Pero dice que “cabe otro diagnóstico: cuando un conflicto así se enquista en un país, suele deberse a un ajuste imperfecto entre las instituciones del Estado y la realidad social. Dicho con otras palabras, las instituciones no reflejan adecuadamente la estructura social del país y, por lo tanto, la política no encuentra soluciones efectivas y duraderas a los problemas y conflictos de interés que se plantean”.

Reconocer la plurinacionalidad de España es un ejercicio de reflexión intelectual necesario, pero es políticamente insuficiente. A ello hay que agregar las demandas de las soluciones políticas e institucionales, que pasan por la devolución de la soberanía a los pueblos, para que sean ellos los que puedan decidir libremente sobre su futuro. La demanda de amnistía por los nacionalistas catalanes, como condición de la posible investidura de un nuevo “gobierno progresista”, debe ser tomada por tanto en consideración como solución política que debe poder abrir el melón del cambio necesario. Entendiendo que se trata -según se ha formulado- de una Ley de amnistía antes de la investidura y el nombramiento de mediadores para la negociación de un referéndum posterior.   

Por su parte, el Presidente de Euskadi, Urkullu, solicita que se forme una “convención constitucional» para avanzar en la “plurinacionalidad del Estado”. Efectivamente, de nuevo la cuestión nacional aparece como un gran problema para el poder y todos sus acólitos, pero hay que entenderla como una gran palanca para la acción política para los sectores que aspiran al cambio político y social. Cuestión ésta que se inscribe en la historia misma de la conformación del Estado español, que los diferentes regímenes han sido incapaces de resolver de forma democrática y, en particular, utilizada por el régimen franquista y de la monarquía para reprimir, dividir y enfrentar a los pueblos. Cuestión que vuelve al primer plano, poniendo a prueba la estabilidad del régimen monárquico y clerical. Se trata de una contradicción especifica del Estado español que, como otros estados en el mundo en su desarrollo capitalista, ha sido incapaz de centralizar de forma democrática la actividad económica, política y social de los pueblos que lo componen. Por ello ha optado siempre  por la represión y criminalización como sucedió en la dictadura franquista; cuando, de otra parte, se trata de una gran oportunidad para resolver los principales problemas democráticos y sociales y la misma configuración del Estado, como Estado de la mayoría de trabajadores y pueblos, cuyo punto de partida constituyente es el reconocimiento expreso de la igualdad de los pueblos mediante el ejercicio de su derecho a decidir sobre la forma de Estado y gobierno.

El Primer DNI Republicano