Tras cinco años de mayoría parlamentaria de izquierdas, la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy frente a una enorme contestación social, ha sobrevivido intacta a la legislatura de Pedro Sánchez. Su derogación llegó a plasmarse como uno de los compromisos del gobierno de coalición progresista que, sin embargo, se ha mostrado incapaz de pactar con los aliados parlamentarios la reforma. ERC, EH Bildu i Junts proponían negociar los cuatro puntos de -desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma y devoluciones en caliente.
La negativa de Pedro Sánchez a incluir esos cuatro puntos en la reforma significó la negativa a modificar los más lesivos de la ley vigente. La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovi Radopca, dejaba claro que la dificultad de recurrir estas sanciones reguladas vía administrativa; la vulneración del derecho de asilo que suponen las devoluciones en caliente; y que, en general, las propuestas no se adaptan a las normas europeas e internacionales de Derechos Humanos en lo que se refiere a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de derecho de asilo y el derecho a la tutela judicial efectiva.
ERC, EH Bildu i Junts dejaron claro que no iban a aceptar una reforma que no aborde lo que consideran los aspectos más lesivos de la ley y no pensaban dar un ‘sí’ a una reforma descafeinada. Jon Iñarritu, de EH Bildu, consideraba que el Gobierno de Coalición era rehén de los sindicatos policiales, que bajo el lema “¡Por una España más segura!”, el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus cuerpos y cercanos a los postulados de Vox, se movilizaron al estimar que la reforma “prevista por el Gobierno y sus socios independentistas, comprometía la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos”. Una interpretación ultraconservadora y que el Ministro del Interior Grande-Marlaska impuso tres líneas rojas en la negociación de la reforma, que coinciden con algunas de las principales demandas de la Policía Nacional y la Guardia Civil y que, en gran medida, han imposibilitado el acuerdo en el Congreso: los retornos en frontera de las personas migrantes (las conocidas como devoluciones en caliente), la presunción de veracidad de los agentes y el material antidisturbios. Los puntos rechazados por los socios de coalición:
Pelotas de goma y devoluciones en caliente, puntos conflictivos
Los dos puntos más conflictivos han sido la prohibición del uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras. Respecto al primer asunto, el PSOE y Unidas Podemos insisten en que no forma parte de esta norma y que debe regularse mediante protocolos para que este material deje de utilizarse, como ya ocurre en Cataluña y el País Vasco.
UP insistía en que esos protocolos son los que deben incluir su prohibición, la aplicación de protocolos internacionales y la obligación de utilizar siempre los elementos que resulten menos lesivos.
Respecto a las devoluciones en caliente, el PSOE y Unidas Podemos ya pactaron al inicio de la tramitación no incluir en la modificación legislativa el tema de las devoluciones en frontera. Lo fiaron a una reforma de la Ley de Extranjería que tampoco se ha materializado, pero se mantuvieron en su decisión de no meterlo en la reforma de la ‘mordaza’.
Desobediencia y faltas de respeto, los otros dos puntos críticos
Y también se mantienen los desacuerdos sobre los artículos 36.6 (desobediencia) y 37.4 (faltas de respeto).
Algunas de las principales organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en el estado español, Amnistía Internacional, Greenpeace, Plataforma por la Libertad de Información, Ecologistas en Acción, Defender a quien defiende y la plataforma No Somos Delito denuncian que el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ha estado seis años de bloqueo parlamentario por falta de interés de modificación por el PSOE.
Desde el 2015 hasta el 2020 se procesaron 397.083, (de un total de 1.155.727) sanciones por resistencia o desobediencia a los agentes de policía (artículo 36.6) y faltas de respeto o consideración a los miembros de las fuerzas de seguridad (artículo 37.4). A este dato habría que añadir las que se han promovido desde las policías autónomas de Catalunya, Euskadi y Navarra. Por la aplicación del artículo 37.4 se ejecutaron 98.586 sanciones fueron por falta de respeto o consideración a policías por un importe de 12.115.337 euros. La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) hace público que uno de los colectivos víctimas de este artículo son periodistas (sobre todo fotógrafos) con un claro impacto negativo en la libertad de prensa.
El artículo 37.4 permite que cualquier policía del Estado Español y del grupo policial al que pertenezca tenga la facultad de sancionar a un ciudadano. Es el segundo precepto de la ley de Seguridad Ciudadana más usado para multar. Dejar en manos de un policía la decisión jurídica de reprimir a cualquier ciudadano en su libertad de expresión, cuando siempre ha sido un juez el encargado de determinar donde finaliza la libertad de expresión y comienza la sanción, es muy grave.
Alrededor de 150 aristas, raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados por delitos de opinión. El rapero Pablo Hasél fue cpondenado a más de dos años de cárcel port enaltecimiento del terrorismo e injurois a la Corona y las instituciones del Estado.
José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real (Cádiz) entre 1999 y 2011, por Izquierda Unida, fue condenado por un delito de injurias graves al rey, al pago de una multa de 6.840 euros, al entender que al calificarlo de corrupto se excedió de la crítica política.
Varios manifestantes detenidos en la acción popular “Rodea al Congreso” del 14 de diciembre de 2013, que se convocó precisamente en protesta contra esta ley. En esta ocasión la restrictiva ley que promulgó el Gobierno de Mariano Rajoy, ha llevado al banquillo de los acusados a nueve personas, en su mayoría jóvenes, que han sido condenados 6 a penas entre tres y seis meses de prisión.
El código penal y la ley de seguridad ciudadana, desde el año 2000 (con Aznar) han sufrido una reversión represora que ha ido avanzado en su objetivo de recortes en la libertad de expresión, pero que ni Zapatero ni posteriores gobiernos han sido capaces de eliminar. Desde una posición de avance en las libertades democráticas, y más cuando lo refrendan los organismos internacionales dedicados a estas cuestiones, ¿por qué en este gobierno de coalición, con PSOE e UP no se ha logrado cambiar esta inercia represiva?.
Aquí queda claro que la posición de los partidos de la investidura han intentado que el final de esta reforma fuera eliminar los aspectos más represivos, pero no ha sido así. Los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL, con la cobertura de VOX, fueron los elementos que consiguieron doblegar al PSOE, mientras sus socios optaron por aceptar esa triste realidad, cuando era un elemento de combate que la izquierda marxista debía haber abanderado al máximo. Que haya ciudadanos españoles en la cárcel por hacer uso de su libertad de expresión es una triste realidad que tenemos en nuestras instituciones. Eso nos debilita enormemente como alternativa de izquierda.
Fuente → paranoolvidarweb.wordpress.com
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