Una de las estrellas de la legislatura es el proyecto de ley de memoria democrática de Cataluña. De hecho, todavía es un anteproyecto que está sometido a los trabajos parlamentarios y de negociación, con un mamotreto de documentación e informes de las entidades y los actores afectados aportada por el Gobierno. El proyecto depende directamente de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart. Ahora bien, a medida que avanzan los trabajos y las negociaciones, algunas de las cuestiones del articulado despierta recelos por parte de algunas de las entidades, expertos y activistas de la memoria histórica, porque consideran que es poco osada en algunos aspectos.
Tanto es así que un verdadero tótem de la memoria histórica como el abogado Josep Cruanyes ha propuesto que la ley regule la participación de una unidad específica de los Mossos d’Esquadra para investigar crímenes del franquismo, como por ejemplo niños desaparecidos, torturas a la comisaría de la vía Laietana o confiscaciones de propiedades y documentación. Así lo ha expresado uno de los principales impulsores de la Comisión por la Dignidad en el curso Derechos, crisis y valores, que coordina el exdegà de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra Josep Maria Vilajosana, en la 55.ª edición de la Universidad Catalana de Verano, que se celebra esta semana en Prada (Conflent), en la Cataluña Norte.
Hechos delictivos y el acceso a la información
Cruanyes, en su conferencia titulada Relevancia democrática de la memoria histórica – La regulación de la memoria histórica a los Países Catalanes, ha repasado la historia más reciente de la batalla jurídica de la memoria histórica y su aplicación por parte de la Generalitat de Cataluña, dentro de su competencia, así como en las Islas, en el País Valenciano y en la Cataluña Norte. En cuanto al que depende de la Generalitat, Cruanyes se ha mostrado muy duro con la ejecución de las políticas de memoria por parte de la administración catalana. En este sentido, los ha reprochado que hayan derivado toda su gestión a una dirección general que cada vez que cambia de titular cambia de protocolos, objetivos, procedimientos y sistemas de trabajo.
Por otro lado, el abogado también ha criticado que la legislación actual de la memoria histórica, aprobada por el Parlamento en varios textos, no garantiza el blindaje de los archivos documentales o registros, demora la puesta en marcha del banco de ADN, que finalmente ha sido impulsado por una asociación junto con la Universitat de Barcelona, y no resuelve los problemas de acceso a la información y los datos solicitados por entidades o particulares. Unos problemas que Cruanyes voz que se repiten en el actual proyecto de ley. En esta línea, el jurista e historiador reclama que se rectifiquen estos defectos del texto. Pero ha dado un paso más, una petición por tal que la ley incluya los Mossos d’Esquadra y los obligue a crear una unidad específica de investigación de los crímenes del franquismo.
En este sentido, la idea propuesta es que la policía de la Generalitat pueda investigar las vulneraciones de derechos perpetradas en el marco del franquismo. En concreto, serían casos como por ejemplo las desapariciones forzadas, las muertes, las secuelas producidas por la represión franquista, la investigación de archivos, registros y bienes en reclamaciones por confiscaciones o requisas durante el franquismo, o incluso, torturas realizadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el franquismo, como las perpetradas a la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía de vía Laietana. «Por qué no lo pueden investigar? Son hechos delictivos! Imaginamos que puede dar el nombre de un policía!», detalló Cruanyes. La intención de la medida propuesta es hacer una unidad específica para tener protocolos de investigación especializados en este tipo de pesquisas.
Fuente → elmon.cat
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