
Una semana después de las elecciones del 23J
no solo sigue abierta la incógnita de cómo decantar la formación de una
mayoría parlamentaria sin tener que convocar nuevas elecciones, sino
que las condiciones para ello se han vuelto más estrictas. El recuento
de los votos de los residentes en el exterior ha desplazado el último
escaño en liza en Madrid del PSOE al PP (1). Sin Coalición Canaria, el
bloque de las derechas extremas cuenta ahora con 172 escaños y el bloque
progresista con 171. Lo que implica que sin los votos a favor de Junts,
no la mera abstención, el bloque progresista no podrá decidir la
presidencia del Congreso de los Diputados el próximo 17 de agosto ni
formar gobierno en la moción de investidura.
Pero el PP, en
ninguno de los escenarios -con la excepción de una inimaginable
abstención del PSOE- puede formar gobierno. Feijoo se ha convertido en
un candidato zombie, condenado a sobrevivir más allá de su fracaso, y
comienza a dar bandazos ideológicos y estratégicos incoherentes con la
única obsesión de fondo de conseguir unos apoyos imposibles. El PP está
aplazando una crisis de liderazgo anunciada, porque el único consenso es
que Feijoo se haga responsable hasta la culminación de su derrota, sin
salpicar a futuros sucesores.
Así que todo el debate gira entorno
al ex-presidente de la Generalitat, Puigdemont, y los siete votos
imprescindibles de Junts. Si la estrategia de “desinflamación” de la
crisis constitucional en Cataluña de Pedro Sánchez - restablecer el
diálogo institucional en el día a día, la “mesa de diálogo”
Gobierno-Generalitat para un horizonte a más largo plazo, y suavizar las
penas de los condenados por el procés con la reforma del código penal-,
fue posible gracias a la hegemonía de ERC del espacio independentista,
ahora el interlocutor principal es Junts y lo que está sobre la mesa es
la propia naturaleza de la crisis constitucional en Cataluña.
Releyendo los datos de las elecciones del 23J en Cataluña
El
punto de partida inevitable es una lectura lo más precisa posible de
los resultados de las elecciones del 23J en Cataluña, donde las
transferencias de votos no tienen parangón con ninguna otra comunidad
autónoma. De entrada, la abstención ha sido 5 puntos mayor, alcanzando
el 35,6%, cuando en el resto del reino de España se ha producido una
mayor participación (4,2% más que en noviembre de 2019), con la única
excepción de Melilla. Según Toni Rodón,
300.000 votantes independentistas han seguido la campaña de voto nulo o
abstención, promovida inicialmente por organizaciones como la Assemblea
Nacional de Catalunya (ANC), aunque finalmente la decisión final fuera otra. De ellos 195.000 votos serían de ERC, 75.000 de Junts y 35.000 de la CUP.
El
trasvase del voto útil ha sido más complicado. Unos 215.000 votos
independentistas habrían ido al PSC y 125.000 a Sumar-Comuns, para parar
a un posible gobierno PP-Vox, cuyo socio menor ya había anunciado una
nueva aplicación del art. 155, pero “esta vez en serio”. A su vez,
Sumar-Comuns habría perdido unos 200.000 votos a favor del PSC en esta
tendencia al voto útil “antifascista”. El resultado final es que el PSC
ha resultado la fuerza política más votada de Cataluña, sumando
1.213.006 votos (34,5%) y supera a todo el voto emitido del espacio
independentista (954.311 votos, 27,2%) . Con Sumar-Comuns (493.548
votos, 14,0%) alcanza el 48,5%, con 1.706.554 votos.
Incluso si
se compara el voto de las fuerzas independentistas emitido sumado a la
abstención supuesta calculada por Toni Rodón (1.294.311 personas,
36,8%), con los datos conjuntos del PSC y Sumar-Comuns, la diferencia es
de 11,7% y más de 400.000 votos a favor de estos. Pero los números se
equilibran si se suman las fuerzas que se han manifestado a favor del
derecho a decidir, de un referéndum (ERC, Junto, CUP, PdCat, Comuns) más
sus hipotéticos abstencionistas: 1.819.546 posibles votos, el 51,75%.
Aunque el bloque de los partidos que apoyaron en su día la aplicación
del art. 155 (PP, Vox, PSOE) sería mayor, con 1.955.146 votos, el 55,6%,
aunque es evidente que ese bloque no existe ya hoy en día, tras la
nueva política del PSOE hacia Cataluña y la actual victoria del PSC el
23J.
La margarita de Puigdemont
Los
primeros análisis interesados de la posible actitud de Junts, una vez
conocida la necesidad de un voto afirmativo por sus diputados, se han
centrado en los efectos negativos de nuevas elecciones. No solo podrían
concentrar el voto útil de las derechas extremas en el PP, a costa de
Vox, sino también en Cataluña a favor del PSC, aumentando el declive de
ERC, de Junts y de la CUP -es decir del bloque independentista- y
reduciendo el margen de las fuerzas que se han manifestado a favor del
derecho a decidir, porque la tendencia al voto útil también podría
afectar, aunque en menor medida a Sumar-Comuns.
No es de extrañar
que la postura de EH Bildu haya sido reiterar su posición de bloquear
sin condiciones las posibilidades de un gobierno PP-Vox. Y que ERC se
haya mostrado más abierta a la negociación de apoyo a la moción de
investidura de Pedro Sánchez, aunque intentando coordinar sus
reivindicaciones en ella con Junts.
Pero todos los anteriores cálculos se basan en hipótesis que, en muchos casos, no van más allá de suposiciones sobre la “decisión racional” óptima
según los intereses a corto y medio plazo atribuidas a las distintas
fuerzas políticas, en especial Junts y el exiliado y perseguido
ex-presidente de la Generalitat y europarlamentario Carles Puigdemont.
Este ha intentado cortar las especulaciones con un twitter:
cualquier negociación -que se debe realizar sin presión ni chantajes-,
debe versar sobre el conflicto catalán y no sobre su situación personal.
Pero hay que dar tiempo para que PP y PSOE se aclaren, porque “en
circunstancias similares prefirieron repetir las elecciones”.
La
primera prueba de este proceso negociador será la elección del
presidente o presidenta del Congreso de los Diputados. Sea cual sea el
sentido del voto de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido,
los 7 votos de Junts serán los decisivos a la hora de que sea para el PP
o para el PSOE (PSC en este caso, al tratarse de Meritxell Batet) la
presidencia. La necesidad de contar con una mayoría progresista en la
mesa del Congreso, para facilitar la formación de los grupos
parlamentarios de ERC y Junts, que se aproximan, pero no alcanzan, las
condiciones prescritas en el reglamento de la cámara (mínimo de 5
diputados, con el 15% de los votos en las circunscripciones con lista o
5% a nivel estatal).
La propuesta inicial de Junts es la amnistía
y la autodeterminación. La segunda requiere una reforma constitucional
que queda lejos de la actual correlación de fuerzas. Pero si habría
margen interpretativo para la celebración de una consulta sobre el
acuerdo de la “mesa de diálogo”. Sobre la primera reivindicación, queda
fuera del alcance de un gobierno en funciones, sin contar con la
posición en contra de un Poder Judicial en manos de las derechas.
Incluso un indulto exigiría la entrega y condena previa de Puigdemont,
que él mismo ha descartado.
Quedan por explorar otras opciones,
desde la correlación de fuerzas actual, aunque la propia situación que
otorga el eje de la balanza a Junts sea considerada “circunstancial” por
Puigdemont. El origen de la crisis constitucional en Cataluña es el
recurso de anticonstitucionalidad del PP ante el tribunal Constitucional
del Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlament, refrendado por el
pueblo de Cataluña y aprobado por el Congreso de los Diputados tras el
conveniente “afeitado”. El Estatuto en vigor hoy es el anterior, al que
tenia que haber sustituido, haciendo de Cataluña la única comunidad
autónoma en esta situación, que Javier Pérez Royo ha calificado de
“crisis constitucional”. ¿Sería posible acordar, de entrada, una vuelta
de Cataluña al plano de igualdad jurídica con el resto de las
comunidades autónomas? ¿Sería posible la elaboración de un nuevo
Estatuto por el Parlament que recogiese las aspiraciones nacionales
democráticas de Cataluña y abrir, en paralelo a la “mesa de diálogo”
entre gobiernos, una negociación democrática entre parlamentos con el
horizonte de una reforma constitucional?
El período legislativo
de cuatro años no ofrece un trayecto demasiado largo, más teniendo en
cuenta los seis años transcurridos tras la crisis del 2017. Pero sí se
podrían abrir caminos y horizontes, que tendrían que ser apoyados por
los resultados de nuevas elecciones en Cataluña y en España.
Mientras
tanto, a la espera de los acontecimientos de las próximas semanas, del
test que supondrá para las fuerzas independentistas la Diada del 11 de
septiembre, creo que se sostiene por el momento la apreciación del editorial de Sin Permiso:
“La capacidad de negociación de Junts es más el resultado de la inestabilidad del conjunto del resultado electoral, de la polarización social izquierda-derechas en todo el reino de España, que el resultado de su propia fuerza o del reflejo de un procés soberanista popular que se encuentra claramente en reflujo y cuya alternativa política en el último período ha sido ERC. El bloqueo de Puigdemont tiene como primer objetivo recuperar la hegemonía que le arrebató ERC, rentabilizar el reflujo del procés, y solo en segundo lugar mejorar su correlación de fuerzas con el gobierno central progresista, porque este no cuenta con la correlación de fuerzas frente a la derecha ni para una reforma constitucional ni para evitar la acción autónoma de un Tribunal Supremo en manos de la derecha contra los exiliados. Dado que la campaña de la derecha extrema contra el “sanchismo” se ha apoyado precisamente en este tema, cabalgando el nacionalismo españolista, el margen de maniobra tanto del PSOE como de Junts, por sus propias razones, es tan estrecho que hace difícil pensar un terreno de acuerdo que no obligue a la repetición de elecciones. Más teniendo en cuenta las últimas actuaciones del juez Llarena del Tribunal Supremo.”
[Primera encuesta el 26 J publicada por Electomanía en caso de repetición de elecciones: el bloque progresista no dependería de los votos parlamentarios de Junts para la investidura de Pedro Sánchez].
Un PP desnortado, con un candidato zombie
El
foco sobre Junts no debe hacer olvidar la crisis abierta en el PP tras
el fracaso de Feijoo. Durante toda la campaña electoral, su estrategia
ha oscilado entre el llamamiento al voto útil y la reconstrucción de la
“casa común” de la derecha en el PP y la alianza estratégica con Vox,
movilizando al conjunto de las derechas extremas. La primera de las
opciones, dada la correlación de fuerzas electoral general y la
consolidación de la extrema derecha, suponía una estrategia de
reconstrucción del bipartidismo dinástico, con el llamamiento al PSOE a
abstenerse para dejar gobernar a la lista más votada.
[El voto en el reino de España según las clases. El PP, pero tambien Vox, capturan el voto en los segmentos mas ricos. Una prueba más de la polarización].
Hemos señalado en otras ocasiones que está primera
opción de reconstrucción doble de la “casa común” de la derecha y del
bipartidismo turnista del régimen del 78, por mucho que haya sido
teóricamente la opción preferida de los poderes fácticos, de la derecha
económica y social, no responde ya a la realidad, en especial por la
transformación del sector servicios y la erosión de la pequeña-burguesía
tradicional, incluidas la asalarización de las llamadas “profesiones
liberales”. El “centro extremo” que representó hasta la crisis política
de 2015 la sucesión en el gobierno del PSOE y del PP ha dado paso, como
consecuencia de los efectos de la Gran Recesión de 2007-2008, a una
creciente polarización social y económica. Esta comenzó a manifestarse
políticamente con la aparición de Podemos tras el movimiento del 15 M,
de Ciudadanos como respuesta al procés catalán y finalmente el
crecimiento de Vox ante la crisis de legitimidad del PP de Rajoy y
Casado. El PP y el PSOE -más tras la crisis interna provocada por su
abstención ante la moción de investidura de Rajoy en 2016- han pasado de
ser los dos extremos del eje de rotación turnista del régimen del 78, a
ser los dos polos de la radicalización que responden a la crisis de
representación y legitimidad de dicho régimen.
Cuando el PP llama
a abstenerse ante la lista más votada no solo pretende excluir a la
gran mayoría de los ciudadanos de su ejercicio de la soberanía
constitucional, sino que reduce la representación por un gobierno
monocolor de esta en un tercio de los votantes y en menos de una cuarta
parte de los registrados en el censo electoral. Se trata en la practica
de un ejercicio de apartheid, en la que la igualdad jurídica de los
ciudadanos deja de reflejarse en su igualdad política, creando
ciudadanos de primera y de segunda.
La estrategia de alianza con
Vox para conformar un bloque de gobierno de las derechas extremas, el
"gobierno Nosferatu" (2), es la que más ha sufrido en esta campaña.
Basta con ver la entrevista de Abascal con OK diario tras las elecciones para comprender toda la amargura de una extrema derecha convertida en pañuelo de usar y tirar.
El
llamamiento de Feijoo primero al PNV, rechazado sin contemplaciones, y
más tarde al PSOE, respondido con el silencio administrativo y la
indignación de los barones señalados como “socialistas buenos”, para no
hablar del globo sonda a Puigdemont,
situaba a Vox en el mejor de los casos como un acompañante demasiado
molesto por necesario de la moción de investidura. La movilización
“antifascista” de las izquierdas se ha achacado por el PP a la crudeza
de la campaña de Vox. Pero también las reacciones en la Unión Europea
ante el peligro de desestabilización de un flanco sur mediterráneo que,
junto a Polonia, Hungría, Bálticos y Nórdicos, se convertía en un
eslabón más de un cerco a los valores y principios de los Tratados
Europeos, del Consenso de Bruselas y del BCE, amenazando con romper y
polarizar el eje franco-alemán.
La vuelta a la estrategia
bipartidista, aunque no tenga eco en el PSOE por las razones explicadas,
permite adecuar la narrativa de la derrota de Feijoo a las necesidades
de la derecha económica y social, que aún necesita gestionar con el
gobierno en funciones PSOE-UP las ayudas europeas, que están pendientes
en más de un 65% antes de que en 2024 se inicien las presiones de ajuste
fiscal de la Comisión europea. Una parte de los beneficios
extraordinarios dependen de esas ayudas y la posibilidad de mantener a
flote a una parte significativa de las empresas zombie, incapaces de
hacer frente al servicio de su deuda con la subida de los tipos de
interés del BCE al 4,5%.
Feijoo por tanto está condenado a ser él
mismo un zombie. A presentarse y fracasar en la moción de investidura
como principal partido votado; a escuchar las amargas críticas de sus
aliados de Vox, a soportar el desdén del resto de la cámara. A la espera
de la moción de investidura de Sánchez, sea para constituir un nuevo
gobierno progresista, con una propuesta de negociación para resolver la
crisis constitucional catalana, o para convertirla en el primer debate
de la campaña para unas nuevas elecciones en diciembre. En cualquier
caso Feijoo tendrá que estar ahí, a la espera de una crisis del bloque
progresista que pueda aprovechar como un mal menor, más inestable e
inseguro en sus apoyos que Sánchez, pero con 177-179 votos en contra
asegurados; o para ser el candidato de nuevo de las derechas extremas,
con la única alternativa de una coalición con Vox o seguir llamando
melancólicamente a la puerta del PSOE para reconstruir con su abstención
una alternancia bipartidista funcionalmente acabada.
Hasta que acaben con su sufrimiento Isabel Días Ayuso, presidenta de Madrid, o Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía.
Notas:
1: El PSOE ha solicitado hoy domingo la revisión en Madrid de 30.000 votos declarados nulos por la Junta electoral. Solo necesita 1.323 votos para recuperar el escaño perdido por los votos de los residentes en el exterior (CERA).
2: Dada la continuidad de la metáfora sobre las películas de terror (Frankstein, Nosferatu, Zombies...) quizás no esté de más dar una referencia sobre su lugar en la cultura de masas del capitalismo tardío: Evan Calder Williams, Combined and Uneven Apocalypse, Zero Books 2010.
Fuente → sinpermiso.info
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