Divergencias dentro del anarcosindicalismo
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 de forma pacífica abrió una serie de esperanzas entre diferentes sectores sociales de Cataluña que veían en el nuevo régimen la posibilidad de lograr un cambio político, social y económico. Al legalizarse los sindicatos y despenalizarse la huelga, desapareció gran parte del miedo a los obreros de expresarse libremente, y el marco democrático coincidió con una creciente afiliación sindical, sobre todo en la Confederación Nacional del Trabajo ( CNT). Muchos trabajadores que hasta ahora se habían mantenido al margen del sindicalismo o que habían militado en los Sindicatos Libres ingresaron ahora en el sindicato confederal.
El cambio de una central sindical a otra no era infrecuente en la historia del movimiento obrero, dado que no todos los trabajadores mantenían una ideología determinada. De hecho, lo que los obreros necesitaban, sobre todo en una sociedad que vivía en unas condiciones muy precarias, era una organización que les permitiera defender sus reivindicaciones por encima de tendencias ideológicas. En esa colectividad, el sindicalismo de cualquier signo resultaba ser algo más que una ideología, era el instrumento visto con gran recelo por la patronal y muchas veces incluso perseguido porque, mientras el día a día servía para defender los intereses cotidianos de los trabajadores, era la herramienta mediante la cual se decretaban las huelgas sectoriales y generales. La clase obrera llevaba muchos años luchando por conseguir este elemento de defensa ante unos empresarios que aspiraban a tratar a sus asalariados individualmente y que a menudo negociaban y concedían mejoras por medio de la presión sindical. Por tanto, no es de extrañar que cuando las autoridades encerraban a su sindicato, una parte de los obreros buscara otro bajo el que guarecerse.
Entre la clase obrera, la expectación ante la llegada de la República fue muy intensa. Los anarcosindicalistas aprovecharon las posibilidades que les ofrecía la nueva situación para tratar de conseguir una serie de mejoras, al menos para intentar recuperar las que habían logrado durante los años de lucha anterior a la dictadura. En tiempos del dictador, la situación de la clase obrera catalana empeoró por el hecho de que las huelgas estaban prohibidas y el régimen ejercía una dura represión. Así, cuando se inició la República, las condiciones de vida de los obreros eran deplorables. Ante esta situación, agravada por el paro creciente, los sectores anarquistas más radicales fueron más lejos en sus pretensiones e intentaron poner en marcha la mítica revolución contra un régimen que consideraban burgués, que mantenía los mismos instrumentos de represión que en el período anterior. De hecho, la CNT no cesaba de decir que el sindicato debía sustituir al Estado, y en las fábricas sólo se hablaba de sindicatos, reuniones, política y socialismo.
En junio de 1931 la CNT celebró un congreso en Madrid. Este evento reflejó las divergencias abiertas en el seno de la organización. Los sectores más moderados, más realistas, más sindicalistas y no tanto anarquistas (los trentistas), constituidos generalmente por viejos dirigentes, vieron en la legalidad la posibilidad de llevar a cabo una labor constructiva, la oportunidad de preparar a los trabajadores para afrontar con éxito la revolución social. Por tanto, eran partidarios de colaborar con la República. No es que pensaran que no había motivos para la rebelión, pero opinaban que no era el momento oportuno de realizar la revolución, porque el estado conservaba intactos los mecanismos de coerción. Por el contrario, los sectores más radicales de la CNT, encabezados por la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y hombres de los cuadros de defensa confederales, eran partidarios de acelerar el momento revolucionario abierto con la República para llegar al comunismo libertario.
El manifiesto del grupo llamado de los treinta o los trentistas : “En los camaradas, en los sindicatos, en Todos”, había constituido un intento de evitar que la CNT fuera arrastrada por la FAI, pero los trentistas no lograron sus objetivos. La estrategia sindicalista y gradualista de los militantes trentistas se vio desbordada por la trayectoria de los eventos. Las condiciones políticas, sociales y económicas no hicieron posible que el trentismo pudiera cuajar entre la mayoría de los afiliados de la CNT y, por tanto, fue fácilmente desplazado por la tendencia faísta.
La FAI, organización revolucionaria peninsular, había sido creada clandestinamente en 1927 por hombres de la CNT que intentaban asegurar el control ácrata del sindicato anarcosindicalista mediante la creación de comités con participación mixta de miembros de la FAI y de la CNT; también se propuso alejar a la CNT de cualquier entendimiento con los grupos políticos republicanos. Como apuntábamos, en algunos lugares de Cataluña la FAI y los grupos de combate cenetistas tuvieron una fuerte influencia en la CNT. En el congreso español de 1931, esta línea cogió un fuerte empuje, y en algunas de las ponencias se afirmó que el mayor peligro para la clase trabajadora era la democracia que llevaba el nuevo régimen. Estas resoluciones debían marcarse el verano de 1931, que se inició con un enfrentamiento entre la CNT y el Gobierno.
1931, un verano caliente
Los conflictos del verano de 1931 fueron muy importantes y empezaron pronto, poco después de proclamarse la República. Ya el 6 de julio, convocada por la CNT, se inició una huelga de empleados de la Telefónica en demanda de un aumento salarial que se prolongó hasta septiembre. La huelga de la Telefónica tuvo repercusiones importantes, porque, con mayor o menor intensidad afectó al conjunto del Estado y se realizaron muchos actos de sabotaje. Muchos obreros fueron despedidos y el servicio telefónico continuó por el colaboracionismo de UGT. Asimismo, se producían conflictos laborales en los sectores del gas y electricidad. Al mismo tiempo, los estibadores del puerto barcelonés, que se oponían a la libre contratación y pretendieron que ésta se realizara por turno riguroso, emprendieron una huelga. La patronal no aceptó la propuesta de sus obreros, y el 6 de julio se detuvieron las tareas. Los días 22 y 23 de julio varios locales de la CNT fueron clausurados y muchos cenetistas fueron despedidos e incluso detenidos.
El conflicto puso de nuevo de manifiesto las divergencias entre UGT y CNT y entre la propia patronal y el presidente de la Generalitat. Los patronos intentaron contratar a trabajadores de UGT para suplir la mano de obra parada, pero Macià se opuso. Por medio de "La Veu de Catalunya", la Liga atacó al gobierno de Catalunya. Ese verano, las clases conservadoras exigieron al gobierno español ya la Generalitat que no concedieran mejoras sociales.
Durante todo este mes, los conflictos en el puerto se multiplicaron. Debido a las huelgas, más del 70% de jornadas no se trabajaron. Pero a pesar de las tensiones, los desacuerdos se mantuvieron dentro de lo que ambas partes consideraban legítimos. Las relaciones enrarecidas de la CNT con UGT que señalaban anteriormente muchas veces eran debidas a que la patronal aprovechaba esta discordia para enfrentar a los obreros entre sí y también empleaba ardillas para romper las huelgas. Los estibadores utilizaban la coacción en contra de las ardillas. Como señalaban, la represión, que entre otras cosas causó la muerte de un trabajador, acabó con este régimen de huelgas, pero volvieron a surgir en otoño.
Otro sector que durante ese verano provocó conflictos fue el del textil, debido a que se negociaba un nuevo convenio. El párrafo del preámbulo que sirvió de presentación en las bases de trabajo que durante julio los obreros presentaron a la patronal del textil no deja duda de la posición de algunos sectores del anarcosindicalismo, y permite hacerse una idea de el miedo a que esta actitud debía inspirar a la patronal del sector:
Nuestra organización sirve para capacitar a la clase asalariada hasta conseguir sustituir el Estado por el Comunismo libertario, el cual, creemos, resolverá la cuestión económica hasta llegar al bienestar de la raza humana. Nuestras aspiraciones les parecerán ingenuas; en realidad no son más que una necesidad imperativa ante la situación precaria y desigual de condiciones en todos sus aspectos.
La patronal se negó a discutir las bases y, tras reunirse en la sede del FTN, envió una nota a la prensa en la que ponía de manifiesto su actitud frente al conflicto. La citada nota, enviada a la prensa por la Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña, explicaba que las negociaciones no podían empezar porque, como decíamos antes, en el preámbulo introductorio de las bases se explicitaba que lo que se perseguía era la implantación del comunismo libertario. A continuación, enunciaba los 24 artículos del proyecto obrero, en los que se negaba el principio de la libertad de asociación, impidiendo el trabajo en las fábricas a las personas que no vinieran de la Bolsa de Trabajo de la CNT, el desconocimiento de autoridad de los patronos, trasladando al comité de fábrica el derecho de dar trabajo o despedir al personal, y otras medidas que la patronal no estaba dispuesta a aceptar. Los patrones del textil, reunidos en los salones del FTN, rechazaron las bases, negándose a empezar las negociaciones.
En agosto de 1931 la CNT había alcanzado una fuerza incontestable. En el Pleno Regional que celebró en Barcelona los días 2, 3 y 4 de este mes, los delegados que concurrieron representaban oficialmente a 321.394 afiliados. Sin embargo, allí se pusieron de relieve las discrepancias entre los faístas, que iban controlando la dirección de la CNT y los trentistas, que se oponían a los métodos insurreccionales de la FAI.
Convocada también por la CNT, que controlaba prácticamente a todos los trabajadores del ramo, entre el 3 y el 29 de agosto se llevó a cabo la huelga general de los metalúrgicos. El conflicto afectó a todos los establecimientos barceloneses del sector con un total de 42.000 trabajadores. Se calcula una pérdida de jornales de unos 8 millones de pesetas y, para la economía del país, una falta de producción de unos 20 millones. La huelga se planteó después de que los trabajadores presentaran unas bases que los patronos no aceptaron. Ante la falta de trabajo, los patrones sostenían el principio del trabajo a prima ya destajo. La tesis obrera era que habiendo escasez de trabajo debía regirse por el salario fijo, a fin de dar empleo al mayor número de obreros posible.
Pasado el conflicto, la patronal del sector daba su versión de los eventos. Aducía que una de las causas más visibles que hicieron que se alargara la huelga fue la generalidad del movimiento, que no correspondía a la diversidad de industrias ni a las diversas formas de relación entre patrones y obreros que estaban comprendidas en el movimiento . No es lo mismo, afirmaba, un taller de construcción de máquinas de vapor, puentes o grúas, que sufre la competencia del resto de España y del extranjero, que un taller de cerrajería de obras, cuya clientela está en la misma ciudad; ni tampoco es comparable, señalaba, una sociedad por acciones con un gran capital, que da trabajo a 500 obreros, con un modesto taller de reparaciones. Siempre según el punto de vista de la patronal, estas diferencias daban lugar a una confusión que dificultaba una inteligencia entre los miembros de una misma parte, patronal u obrera. Otra circunstancia que dificultó la solución al conflicto tenía unas causas, según la patronal, políticas. El cambio de régimen habría provocado una excitación entre las masas obreras que dificultaba la resolución de los conflictos. Siempre según esta fuente, los intelectuales tendrían mucho que ver en este fenómeno porque buscaron en la clase obrera un apoyo (llamándola a secundar las huelgas generales anteriores a la proclamación de la República) que de momento no encontraban en las clases medias.
El conflicto finalizó después de unas largas negociaciones, como indica la siguiente nota:
Reunidos a las cuatro de la tarde del viernes, día 28, la “Unión Industrial Metalúrgica” y los representantes del estamento obrero y otras entidades patronales, se ha deliberado hasta las diez de la mañana de hoy, día 29, a cuya hora ha quedado solucionado el conflicto obrero metalúrgico.
En las bases aprobadas, la Unión Industrial Metalúrgica, la patronal del metal, reconoció la existencia legal de la organización obrera Sindicato Único de la Metalurgia y se estableció el salario mínimo en el ramo del metal. Las siguientes cifras, que reflejan este salario mínimo, ponen de relieve las diferencias de sueldos que existían entre hombres y mujeres: los peones cobrarían 9 pesetas diarias; los peones especializados, 10; los oficiales de 2ª, 11; los oficiales de 1ª, 12,50. Por su parte, las mujeres percibirían los siguientes jornales: las oficiales, 7 pesetas; las medias oficiales, 6; las oficiales de primera categoría, 6, y las oficiales de 2ª categoría, 5 pesetas diarias.
Como el resto de conflictos éste fue reprimido también por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, pero significó un triunfo para los obreros que vieron reconocidas algunas de sus reivindicaciones.
Sin embargo, la huelga tuvo graves consecuencias. Debido a dichos conflictos, en prisión había un número importante de detenidos. De entre éstos, el 30 de agosto, unos cincuenta anarcosindicalistas iniciaron una huelga de hambre y al día siguiente se amotinaron e intentaron prender fuego a la cárcel. Entonces, la fuerza pública entró en el recinto.
En solidaridad con los prisioneros, la noche del 2 de septiembre por la ciudad condal circulaba un manifiesto de la Federación Local de los Sindicatos Únicos de Barcelona. El escrito pedía la dimisión de Anguera de Sojo, la liberación de los presos sociales, el “derecho social” para todos y la justicia y declaraba la huelga general. Empezada al día siguiente, el conflicto se prolongó hasta el día 5 por la noche. La huelga general fue secundada en Barcelona, donde los transportes quedaron paralizados y en otras poblaciones catalanas como Badalona, Manresa, Sabadell y Terrassa. La situación se complicó el día 4, cuando la policía iba a hacer un registro en el local del sindicato del ramo de la construcción y fue recibida a tiros. De entre todos los sublevados hubo varios muertos, muchos heridos y se practicaron numerosas detenciones. Todos los que iban en motocicletas o motos fueron detenidos, pues casi siempre los huelguistas utilizaban esos medios de locomoción para intercambiarse órdenes. También se intentó quemar una iglesia en la barriada de Collblanc. De lo contrario, cuando un grupo de detenidos entraban en la Comisaría Superior de Policía fueron acometidos a tiros; cayeron 5 heridos y 3 muertos. La versión oficial dijo que habían intentado escapar. Anguera de Sojo fue acusado de aplicar la ley de fugas, mientras cientos de trabajadores eran recluidos en dos barcos que habían sido requisados para realizar la función de prisiones.
Desde una de sus publicaciones que tenía sólo un carácter técnico, la patronal del textil se hizo eco del conflicto y de la represión que le siguió. Como siempre, veía la "cuestión social" como un tema de orden público. Así, consideraba inevitable la actuación policial que se llevó a cabo durante la huelga general.
Mientras, el Fomento del Trabajo Nacional del Trabajo (FTN), la gran patronal catalana todavía en vigor, también se involucraba en la cuestión, acordando abrir una suscripción para recoger fondos para las familias de los policías fallecidos y heridos. Las corporaciones que secundaron el gesto y las cantidades recogidas fueron las que se explicitan a continuación (como se puede ver, el FTN fue quien aportó las cifras más altas):
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FTN: 31.835
Cámara Oficial Comercio y Navegación: 25.160
Federación de Bancos y Banqueros: 25.000
Cámara Oficial de Industria: 8.960
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana: 7.040
Unión Industrial Metal·lúrgica: 4.935
Asociación del Mercado Libre de Valores: 2.555
Cambra Mercantil: 1.937
Cámara Nacional de Industrias Químicas: 1.890
MOTIVO: 1.805
totales: 111.117
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La Liga Regionalista, partido catalanista fundado en 1901 como expresión de las clases conservadoras, pidió al gobierno medidas enérgicas, y señalaba que seguir por este camino Cataluña llegaría a ser como la Rusia Soviética.
La conflictividad se hace endémica
Si en teoría existía libertad sindical para los trabajadores, en la práctica las actuaciones de la CNT se vieron limitadas por la legislación republicana. Sobre todo a partir de la Ley de defensa de la República de octubre de 1931, completada más tarde por la de abril de 1932, desde las que todas las acciones confederales, tanto públicas como sindicales, podían quedar fuera de la ley, dejando fuera de juego la estrategia gradualista de los trentistas.
Como decíamos, durante los primeros meses del gobierno republicano, la situación en Cataluña llegó a ser verdaderamente delicada, creando un ambiente de temor entre las clases acomodadas. La siguiente nota, emitida desde la Cámara Mercantil es significativa al respecto:
Los problemas sociales ocupan un primer plano entre los múltiples problemas que la República ha encontrado planteados. Las huelgas y conflictos de todos los tipos que se han producido en estos últimos meses suman un número tan crecido y algunos han sido de tanta gravedad que justificadamente se ha llegado a temer por la subsistencia de la República.
La situación se ha vuelto más grave porque la desenfrenada actuación anarcosindicalista desarrollada sin control ni dirección y más orientada a provocar una catástrofe que abriera las puertas del paraíso anarquista que al mejoramiento de la condición del obrero, ha coincidido con una crisis económica profunda y reflejo y efecto en gran parte de la crisis mundial.
Por otra parte, las reformas laborales iniciadas por Largo Caballero no sirvieron para pacificar la situación. Dejaban la CNT en desventaja ante UGT, y durante el primer año de la República la conflictividad social fue muy intensa, como ha quedado patente. Cabe destacar que los sectores más conflictivos fueron el metal, la construcción y el textil, tres de los ramos de la economía catalana del momento. La pugna remitió el segundo año, para volver con un mayor empuje en 1933, el año más conflictivo de todo el período republicano. Además de las anteriormente enunciadas, había otras causas para que esta conflictividad estallara: la crisis económica, la actitud de la CNT, que no aceptaba los mecanismos de negociación, el abandono de UGT de la línea legalista que le marcaba el aparato sindical, y otros. La gran mayoría de huelgas puestas en marcha por la CNT eran ilegales, y este sindicato se negaba a acudir a cualquier mediación conciliatoria. Por otra parte, el gobierno temía detener a los promotores de los conflictos, por miedo a entrar en una guerra con la CNT que tenía afiliada a la mayoría de la clase obrera sindicada de Cataluña. Pero si no respondía con autoridad, se desprestigiaba. De ahí que esta cuestión fuera de difícil resolución.
Según expone un informe de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, durante el segundo semestre de 1931, en Cataluña, se plantearon 313 huelgas, 120 en la ciudad condal y 193 en el resto. Como puede verse, debido a la actitud de la CNT, en los últimos meses de 1931 fueron tiempos muy conflictivos. Además de las huelgas, durante ese tiempo se produjeron atracos, agresiones a mano armada y explosiones de artefactos que causaron una gran alarma social, llegando a producir una reducción de la circulación de automóviles, sobre todo por las noches.
La conflictividad social motivó la creación, en 1931, de una organización patronal de defensa: el Instituto de Orientación de las Cuestiones Sociales, situado en la Ronda Universidad de Barcelona, número 33. Esta voluntad de asumir las funciones de una patronal de defensa se debía a que el FTN no quería hacer esta función, bajo la argumentación de que era un grupo de presión económico. En diciembre de 1932 la entidad estaba presidida por Mariano Vendrell i Sala. La nueva asociación tenía la función de intervenir en las cuestiones sociales que cada rama de industria o comercio planteara.
En cuanto al primer semestre de 1932, el número de paros fue de 98, 17 en la capital y 81 en otros lugares de Cataluña.
A finales de 1932 los obreros plantearon problemas en varios sitios de la provincia de Barcelona. En Arenys de Mar, la CNT intentó emprender una huelga general en el sector del textil, una huelga que pretendía que abarcara toda Catalunya. Mientras, en Torelló, en protesta por el despido de dos obreros, se declaró una huelga general también en el sector del textil. Como respuesta, los patrones amenazaron con un locaut.
El 12 de diciembre, en Terrassa, se inició un conflicto en el ramo de la construcción. Los cenetistas del ramo de la edificación se reunieron en su local para tratar las cuestiones que querían plantear a la patronal: la jornada de seis horas, un jornal mínimo de catorce pesetas, la semana de cinco días y una hora de trabajo diaria menos cuando el trabajo estuviera a más de cuatro kilómetros del centro del pueblo. Además, los patrones estarían obligados a reconocer una bolsa de trabajo controlada por los obreros. Por otro lado, los contratistas que tuvieran los trabajos fuera radio se verían obligados, en primer lugar, a contratar a obreros de Terrassa. Y los patrones estarían obligados a tener en todas las obras y talleres un botiquín quirúrgico.
La patronal: entre el gobierno central y la Generalitat
Las relaciones establecidas entre el gobierno catalán y la CNT eran tensas pero no abiertamente enfrentadas. En Cataluña, a pesar de la represión empleada por el gobierno republicano contra los anarcosindicalistas, gracias a la actitud de Macià ésta no adquirió las proporciones de otros lugares del Estado. Esto multiplicó la disparidad entre el ministerio de Gobernación, representado por el gobernador civil y la Generalitat, puso de manifiesto las diferencias en el seno del ERC en cuanto al tipo de tratamiento que debía darse a la CNT y fue utilizado por las derechas catalanas para poner en duda la capacidad de este partido para dirigir la futura Cataluña autónoma una vez aprobado el estatuto.
Aunque la CNT era hostil en la Generalitat había cierta distensión. Los cenetistas tenían en cuenta la falta de poder de las instituciones catalanas, sobre todo en el terreno del orden público, que no fue traspasado al gobierno catalán hasta noviembre de 1933. El ERC se encontraba atrapada entre la ya citada incapacidad por actuar, la voluntad de conservar la alianza con la CNT y los compromisos con los republicanos del Estado.
Ante este estado de cosas el FTN intervino de nuevo. Los dirigentes de la entidad consideraban que el hecho de que ambos gobiernos actuaran en el tema de la conflictividad social era una fuente de problemas. Para tratar del asunto convocaron una reunión a la que asistieron más de 200 representantes de distintas entidades. Se llegó a la conclusión de que los conflictos sociales llevaban al país a la ruina. Los reunidos decidieron negarse a cualquier nueva petición que formularan los delegados obreros, siempre que ésta se saliera de la ley, sobre todo a lo que cuestionara la autoridad de la dirección de la empresa. De lo contrario, y oponiéndose a la Generalidad, se acordó que, ante la dualidad de poderes, sólo deberían cumplirse las resoluciones tomadas por el poder central, obviando la Generalidad:
Considerando la Asamblea que la supuesta dualidad de atribuciones entre la representación del Gobierno y la Generalidad de Cataluña ha comprometido en algunos casos la gestión de solución de conflictos sociales, por no definirse bien la competencia respectiva de aquellas autoridades, declara que, hoy por hoy, dentro de las leyes vigentes, y sin prejuzgar lo que en el futuro pueda legislarse a este respecto, no puede reconocerse ahora otra autoridad para intervenir en tales conflictos que la que deriva del Gobierno central y por consiguiente acordaron visitar colectivamente al señor Gobernador Civil de la Provincia, como autoridad máxima de aquella autoridad, para hacerle presente el estado de inquietud de la clase patronal, su decisión de no consentir otras vulneraciones de las leyes estatuidas y su ruego de que por parte del Gobierno y de sus representantes se despliegue la energía necesaria para que aquella leyes se cumplan por todos, acabando con la tiranía de organizaciones subversivas, cuya visible finalidad es conducir al país a la anarquía y al aniquilamiento de sus fuentes de riqueza.
Y se añadía lo siguiente:
Las entidades económicas ratifican su adhesión a los poderes constituidos -reiteradamente manifestada de forma bien ostensible- e invocan una vez más el principio de autoridad para gobernar los conflictos entre el capital y el trabajo encaminándolos por las normas jurídicas que en todo país civilizado son respetadas como única regulación de todas las relaciones sociales.
Enfrentándose abiertamente a las injerencias de la Generalitat en la cuestión de los conflictos sociales, los patronos afirmaban que no reconocían ninguna otra autoridad para intervenir en estos problemas que la que derivaba del gobierno central y, por tanto, acordaron visitar colectivamente al gobernador civil como representante máximo de esa autoridad.
El 28 de julio los directivos del FTN entregaron a la prensa una nota en la que se explicaba que en la pasada asamblea se había acordado nombrar una ponencia integrada por representantes de los sectores agrícola, industrial y comercial, que actuaría con carácter permanente y tendría a su cargo la realización de varios objetivos, entre los que se pueden destacar dos: por un lado, el que hacía referencia a que la comisión recogería todos los datos referentes a los conflictos sociales para informar a las autoridades y al público en general. Por otra parte, que la mencionada ponencia o comisión procuraría orientar a las empresas afectadas por los conflictos unificando los criterios a seguir. Con esto se trataba de evitar que si en un local se producía una huelga el patrón cediera sin consultarle con los compañeros del ramo.
Apoyo de la patronal al gobernador civil
Siguiendo con esta actitud de acercamiento al gobierno central, durante los días de huelga general, desde la sede del FTN los directivos de la entidad estuvieron en continuo contacto con el gobernador civil, al que felicitaban por su actitud. Pasado el conflicto, decían lo siguiente:
El Gobernador Civil, señor Anguera de Sojo, actuó con tanta serenidad que no utilizó más que la energía estrictamente necesaria y contado con unas fuerzas disciplinadas y heroicas, las de los Cuerpos de Seguridad y Guardia Civil, sofocó el movimiento, haciéndolo abortar con el más absoluto fracaso para los dirigentes, que hubieron de levantar la orden de huelga sin condiciones, retirándose castigados por su temeridad al desafiar tan inútilmente a la Ciudad.
Por otro lado, desde el 5 de octubre se habían reproducido y agudizado los conflictos del puerto de Barcelona, donde los carreteros de la CNT y los descargadores de UGT mantenían un fuerte litigio jurisdiccional. Ambas fuerzas sindicales pretendían representar al conjunto de los trabajadores portuarios. El conflicto llevará casi un mes, hasta el 29 de octubre. En solidaridad con esta huelga, el día 28 hubo paros en los ramos de la construcción, productos químicos, madera y transportes. La situación de conflictividad continuó hasta el 2 de noviembre.
A consecuencia de las presiones de la Generalitat, que consideraba que la actitud del gobernador había sido desproporcionada, Anguera de Sojo presentó su dimisión. Esa decisión generó una respuesta entre algunas entidades económicas. Los socios del FTN, reunidos, acordaron enviar telegramas al ministro de la gobernación, exponiendo la alarma que estaba produciendo la decisión de Anguera, visitar al propio gobernador y al propio Macià. Pese a estas presiones, forzado por la Generalitat, que consideraba que la acción del gobernador durante la huelga general había sido desproporcionada, en diciembre Anguera de Sojo dimitió. La respuesta de la patronal fue rápida: los dirigentes de las corporaciones económicas más importantes de Catalunya se reunieron en los salones del FTN y tomaron el acuerdo de comunicar su más sincera adhesión a Anguera, decidiendo rogarle que retirara la su dimisión. El gobernador ya había tomado la decisión y siguió firme en su posición. Unos meses después, el FTN, agradecido, le preparó un banquete de homenaje.
El recelo de los patrones catalanes hacia la Generalitat fue en aumento a medida que pasaban los meses, sobre todo desde que la Consejería de Trabajo de la Generalitat asumió las competencias en septiembre de 1933. A partir de ese momento, mantuvo siempre una política claramente intervencionista en la conflictividad laboral que se estaba llevando a cabo, combinando la fuerza moral y el prestigio de que gozaba la Generalitat y su presidente “el abuelo Macià”, con fuertes dosis de presión sobre la patronal, utilizando la fuerza de forma dosificada y con decretos que favorecían a los trabajadores, obligando prácticamente al pacto. Mediante una política positiva de la Generalitat para con las clases trabajadoras, se esperaba que los esfuerzos revolucionarios se difuminarían. Sin embargo, esta posición tolerante variaba cuando los conflictos se planteaban con connotaciones políticas dirigidas contra el poder establecido. Este tipo de política se mantuvo hasta la suspensión del Estatuto de Autonomía con motivo de los Hechos de Octubre de 1934, aunque acentuando sus características, tanto las represivas como las intervencionistas.
Bengoechea, Soledad, Reacción en tiempo de cambios. La patronal catalana ante la República (1831-1936), Sociedad Catalana de Estudios Históricos, Institut d'Estudis Catalans, 2005.
Soledad Bengoechea es doctora en historia, miembro grupo de investigación consolidado “Trabajo, Instituciones y Género” y de Tot Història, asociación cultural.
Fuente → serhistorico.net
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