La semejanza más clara entre la Gestapo y la BPS era su completa ideologización. Ambas estaban al servicio de Hitler y Franco

Pablo Alcántara (1992, Avilés) es un joven y prometedor historiador asturiano. Es doctor cum laude en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, y trabaja investigando al régimen franquista y sus opositores. Ha colaborado en medios de comunicación como elDiario.es o El Salto, y ha publicado un ensayo sobre el papel de la policía política dentro del régimen: La Secreta de Franco. La Brigada Político-Social durante la dictadura (2022, Espasa). Charlamos con él sobre su nuevo trabajo.

La Secreta de Franco. La Brigada Político-Social durante la dictadura es la primera obra historiográfica que estudia en profundidad las estructuras y el funcionamiento del órgano policial encargado de reprimir a la oposición política del franquismo. ¿Qué te impulsó a escribirlo?

En primer lugar, una cuestión familiar, porque mi bisabuelo fue alcalde del Frente Popular en un pueblo de Málaga y tuvo que exiliarse tras la derrota del bando republicano en la Guerra Civil (1936-1939).

Por otra parte, mi interés por los hechos ocurridos en el pasado me hizo estudiar la carrera de Historia en la Universidad de Oviedo, que luego complementé cursando un máster en la Universidad Autónoma de Madrid.

Y, gracias a este último, empecé a conocer a gente de una asociación formada por represaliados del franquismo que se llama La Comuna. Muchos de ellos habían sido torturados por la Brigada Político-Social (BPS) y, por las historias que me contaron, me enteré de que la organización no había sido analizada en ningún trabajo académico. Eso fue lo que me motivó a meterme en este embrollo.

De hecho, este ensayo vio la luz gracias a tu tesis doctoral…

Sí. Se llama El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid (1956-1976). Cuando la publiqué, un amigo periodista que trabaja en elDiario.es me hizo una entrevista en la que explicó que yo había realizado el primer trabajo académico serio sobre la BPS.

A raíz de ello, la editorial Espasa se interesó por el tema. Y a mí me pareció que su oferta de publicar un libro sobre el tema era una buena forma de difundir la información que conservamos sobre la Brigada Político-Social, ya que siempre he entendido que el debate de la memoria histórica no solo tiene un componente historiográfico, sino de actualidad política y social.

En el primer capítulo, afirmas que la base de este cuerpo se formó con agentes que ya habían realizado labores similares durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y la II República (1931-1939). Aun así, explicas que el marco legal bajo el que actuaron en tiempos del régimen franquista era muy distinto. ¿Por qué?

En los últimos años, algunos historiadores han abierto un debate muy interesante sobre el origen de la política de represión del franquismo. Unos dicen que era parecida a las de épocas anteriores. Otros piensan que estaba caracterizada por nuevos rasgos copiados de los fascismos europeos. Desde mi punto de vista, era una especie de híbrido.

Hubo muchos agentes franquistas que ya estaban encuadrados en los aparatos policiales de la dictadura de Primo de Rivera y de la II República y que tenían experiencia luchando contra el movimiento obrero. Pero el estallido del golpe de Estado en julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil marcaron un punto de inflexión en la historia de las fuerzas de seguridad españolas.

Una gran cantidad de falangistas y miembros de la Quinta Columna se integraron en los organismos policiales franquistas y ejecutaron acciones represoras brutales. De hecho, el historiador Julián Casanova demostró que el nuevo régimen español asesinó a más disidentes políticos que la Alemania nazi o la Italia fascista antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Solo entre 1939 y 1952, sus autoridades ordenaron el fusilamiento de más de 150.000 personas.

Otra cuestión que destacas es la de que la BPS se creó bajo la dirección de algunos agentes de la policía política alemana, la Gestapo nazi. ¿Qué características tenían las dos organizaciones en común?

En general, durante la Guerra Civil, Alemania e Italia proporcionaron a Franco ayuda militar, económica, política… Aunque, sin duda, la más importante fue la policial. En 1938, antes de que el conflicto acabara, los dirigentes nazis y los del bando sublevado firmaron un pacto para estrechar la cooperación de sus cuerpos de seguridad.

Entre otras cosas, legalizaba la detención de los brigadistas internacionales alemanes que habían luchado aquí o la de los republicanos españoles que se escondieron tras el final de la guerra española en los territorios europeos que después invadieron los soldados de Hitler.

Funcionarios policiales alemanes muy importantes, como Paul Winzer o Heinrich Himmler, viajaron a España durante los primeros años de la década de 1940 para asesorar a sus homólogos franquistas sobre sus formas de actuación.

Sin embargo, la semejanza más clara entre la BPS y la Gestapo era su completa ideologización, porque estaban al servicio de Hitler y Franco. Se constituían en base a un aparato intelectual y propagandístico formado por boletines, revistas, libros… En el caso de la Brigada Político-Social, todos estos elementos generaban en la población una determinada visión de la historia de nuestro país, la masonería y el comunismo.

Además de crear una justificación para el golpe de Estado, los rebeldes depuraron las instituciones policiales de simpatizantes republicanos…

Claro. Es algo que también ocurrió con otros funcionarios, como los profesores. En concreto, los nuevos agentes de los cuerpos de seguridad se vieron obligados a pasar una especie de examen en el que les hacían preguntas como: ¿qué hiciste durante la Guerra Civil?, ¿dónde estuviste?, ¿votaste a alguna organización del Frente Popular?, o ¿estabas afiliado a algún sindicato?

Gracias a estas cuestiones, descubrí que el jefe de la BPS en Madrid, Saturnino Yagüe, había sido un infiltrado de la Quinta Columna. Pero las autoridades disponían de más medios para conocer la lealtad guardada por determinados individuos al régimen. Una posibilidad era la de pedir informes sobre esas personas a sacerdotes y miembros de Falange o de la Guardia Civil.

Puede que nunca lleguemos a saber cuál fue el número exacto de los depurados por las dificultades de acceso a las fuentes. Lo que está claro es que todo aquel que se significara al servicio de la República o de la revolución, o incluso en contra de la sublevación, fue apartado de sus anteriores responsabilidades como poco.

Con la derrota de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, la Brigada Político-Social comenzó a cooperar con la CIA y el FBI estadounidenses. ¿Qué tipo de asesoramiento recibió de estas organizaciones?

Hay que tener en cuenta que la victoria de los Aliados y el posterior enfrentamiento entre EE. UU. y la Unión Soviética posibilitó que Franco jugara sus cartas y pasara de ser el socio superviviente de los fascistas a un «líder» anticomunista, católico y proestadounidense.

Los nuevos dirigentes del «mundo libre» acordaron ayudar a socorrer y reformar la economía del régimen a cambio de obtener permiso para construir bases militares en territorio español y, por lo tanto, tener mayor control sobre el Mediterráneo.

La relación entre la CIA, el FBI y la BPS nació a partir de estos acuerdos. Los inspectores federales estadounidenses fueron los encargados de entrenar a sus compañeros españoles. Los agentes de inteligencia norteamericanos se limitaron a pedirles análisis de cuestiones políticas relacionadas con España.

En el libro, hablo de un caso que estaba ligado con el jefe de las fuerzas represoras estalinistas, Lavrenti Beria. Poco después de morir su protector, desapareció de la vida pública. Algunos dicen que huyó, y otros que lo asesinaron sus enemigos en el interior de la URSS. En 1956, el diario ABC publicó un artículo en el que se afirmaba que Beria estaba en España.

Entonces, el impulsor de la famosa «caza de brujas» en EE. UU., el senador Joseph McCarthy, pidió un informe sobre este asunto a la BPS a través de la CIA. Se conservan unas cuantas cartas en las que pide que lo busquen y en las que se le responde que no estaba aquí.

Debe haber sido muy trabajoso consultar toda esta información y sintetizarla en un libro que se lee de manera tan fluida. ¿Cómo lo has hecho?

La tesis me sirvió mucho, ya que para componerla tuve que hacer un trabajo de investigación previo. Pero consultar los archivos policiales ha sido muy difícil. He tenido que buscar con paciencia para encontrar los expedientes profesionales de los agentes franquistas a los que menciono en La Secreta de Franco.

Tienen unas 700 u 800 páginas, aunque son muy interesantes, ya que muestran qué organizaciones políticas desmantelaron, las compensaciones que recibieron y algunos otros datos importantes. A partir de ellos, podemos hacernos una idea del papel de cada uno de los agentes dentro de la organización: había especialistas en el movimiento obrero, otros eran expertos en la oposición estudiantil…

Lo que pasa es que para conseguir un expediente tienen que haber pasado al menos 25 años de la muerte de la persona a la que se refiere. De este modo, muchas veces tienes que usar otras fuentes: los consejos de guerra, el Archivo General de Defensa, el Tribunal de Orden Público, el Archivo Histórico del Partido Comunista de España (PCE), la Fundación Salvador Seguí, la Fundación Anselmo Lorenzo o la Fundación Pablo Iglesias.

En el Archivo Histórico Nacional, encontré los «boletines de investigación social», donde la BPS analizaba las detenciones que había llevado a cabo, las agrupaciones políticas o la sociedad española a nivel general. El problema es que muchos de ellos han desaparecido, o no se pueden consultar porque contienen nombres de personas vivas.

Deberían estar abiertos al público. El problema es que perjudican las figuras de los «padres de la democracia» al relacionarlas con la represión. En este sentido, el caso más claro es el del exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Mi opinión respecto a la cuestión es que son personajes públicos y que debemos saber su pasado. No se nos puede vetar la posibilidad de investigar sobre ellos.

¿Cuáles eran las labores fundamentales de la BPS?

Mucha gente piensa que sus funciones solo tenían un carácter represivo, pero, como decía antes, también poseían rasgos propagandísticos. Muchos policías de la Brigada se dedicaban a escribir libros, y algunos llegaron a ganar el Premio Planeta.

Es posible que a los lectores de la entrevista les suena el nombre de Eduardo Comín Colomer, que fue uno de esos agentes. La Biblioteca Nacional tiene su fondo personal, que está formado por más de 2.000 libros. Se dedicaba a realizar reflexiones intelectuales con las que justificar la represión.

Otro ejemplo es el de Mauricio Carlavilla, que decía que los homosexuales tenían la culpa de todos los males de España.

¿A quiénes perseguía?

Sus principales presas fueron los obreros y los estudiantes. Y, en los años 1940, los guerrilleros dirigidos por el PCE desde el exilio. La dictadura franquista siempre tuvo enfrente a un movimiento opositor. La gente no la recibió con pasividad e hizo todo lo posible por acabar con ella.

En la década de 1940, los guerrilleros no solo tenían presencia en las zonas montañosas de Asturias, Galicia o Levante. Había células comunistas y anarquistas armadas en ciudades como Madrid o Barcelona. Incluso se planeó una invasión de excombatientes del Ejército Popular Republicano (EPR) a través del valle de Arán en 1944, aunque fracasó.

El régimen mantuvo a España bajo el estado de guerra desde 1936 hasta 1948. Este concepto legal permitió a Franco delegar todo el poder de las autoridades civiles sobre el Ejército, por lo que la represión que ejecutaron contra sus enemigos fue salvaje.

El periodo de tiempo comprendido entre los años 1948 y 1955 se caracterizó por una cierta inactividad de los antifranquistas, aunque poco después consiguieron captar un gran apoyo entre los estudiantes universitarios de las clases medias y los trabajadores industriales. De hecho, un informe de la BPS fechado en 1965 afirmaba que un 30% del estudiantado colaboraba con ellos.

A partir de 1970, los profesionales liberales, los intelectuales, los artistas y parte de la judicatura y del Ejército se unieron a los adversarios de la dictadura. Sus fuerzas policiales fueron las únicas que le permanecieron leales hasta la Transición, y esto ocurrió por esa ideologización de la que hablábamos antes.

¿Cumplió con los objetivos que le habían sido marcados?

Sí y no. Por un lado, demostró una gran eficiencia en muchos aspectos. Pero, por el otro, durante las décadas de 1960 y 1970, el movimiento antifranquista se volvió masivo y la BPS no pudo hacer nada para contener su expansión ni la aparición de organizaciones terroristas como Euskadi Ta Askatasuna (ETA) o los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

Uno de los dirigentes del PCE durante la década de 1950, Jorge Semprún, contaba cómo, hasta aquellos años, la BPS conocía a casi todos los militantes clandestinos del partido, que ya estaban fichados porque habían participado en la defensa de la II República durante la Guerra Civil. Pero fue entonces cuando comenzaron a entrar personas que incluso pertenecían a las familias de altos cargos del régimen, y eso supuso una sorpresa para la Brigada.

Lo que más molestaba a los policías era que, cuando detenían a determinados afiliados, otros cuyas identidades les eran desconocidas reconstruían las células recién destruidas. Las claves de todo esto eran la falta de libertades y las malas condiciones sociales propugnadas por el franquismo para la mayoría de la población. Al final, hasta las asociaciones vecinales se pronunciaron contra las autoridades por el estado de sus barrios.

A finales de la década de 1970, la muerte de Franco y la transformación del sistema político dictatorial en una democracia monárquica y parlamentaria dejaron en una situación precaria a la BPS. ¿Qué ocurrió con sus funcionarios?

Lo mismo que con los de otras instituciones. Pasaron de ser miembros de la dictadura a «respetables» demócratas de la noche a la mañana. A pesar de formar parte de la lucha política en favor de la democracia y de ser una conquista de la izquierda, la Ley de Amnistía de 1977 fue utilizada por los integrantes de las élites franquistas para obtener inmunidad por los crímenes que habían cometido.

En 1975 y 1976, se celebraron varios juicios contra policías como Roberto Conesa o José Matute, el último de los cuales asesinó al militante del Partido Comunista de Unificación en Canarias (PCUC) Antonio González Ramos. A Matute le sentenciaron una pena de prisión, pero la Ley de Amnistía provocó que esa disposición judicial no se cumpliera.

El actual Ejecutivo español podría volver a gobernar tras las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio. En esta última legislatura ha aprobado una ley relacionada con la recuperación de la memoria histórica sobre las actividades represivas del franquismo. ¿Crees que podría hacer algo más con respecto a este asunto?

Durante los últimos años ha habido un impulso muy importante para ajustar cuentas con los crímenes del franquismo gracias a la sociedad civil. Uno de los más relevantes avances lo obtuvo el juez Baltasar Garzón al abrir su famosa investigación judicial sobre las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones cometidas por el régimen. También fue muy importante el caso de la «querella argentina» …

No obstante, las fuerzas políticas españolas están concediendo algunas migajas a la ciudadanía mientras luchan para mantener la impunidad de los criminales franquistas. Cuando individuos particulares o asociaciones colectivas han intentado demandar a delincuentes como el torturador Juan Antonio González Pacheco o el exministro Martín Villa, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y varios Gobiernos de distinto color lo han impedido.

En mi opinión, lo que quieren hacer es borrar las huellas de todos los que participaron en este asunto y, luego, promulgar unas medidas reparatorias leves con las que lavarse las manos. En concreto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 es un jarro de agua fría.

Es verdad que propugna avances en temas como el de la educación o el de las exhumaciones, pero no menciona nada sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura o sobre la necesaria reforma que se le debe hacer a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que dificulta el acceso de los historiadores a los archivos.