El informe se presenta en el marco del examen al que el referido Comité somete periódicamente (cada 4 años) los países que han ratificado la Convención Contra la Tortura. Esta semana (20 y 21 de julio) es el turno del Estado español que ratificó la convención en 1987. El informe recopila vulneraciones de la Convención contra la Tortura en distintos espacios, como las fronteras, las prisiones, los CIEs y el espacio público; y en diferentes ámbitos como el de la memoria histórica, la atención médica o el del uso de la fuerza por parte de la policía.

Entras las reclamaciones de la entidades hacia el Estado Español, destacan algunas como: prohibir las balas de goma; implementar la identificación total de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; crear un mecanismo de supervisión policial independiente y eficaz; o apoyar una mejor atención médica a las denunciantes de tortura; acabar con las contenciones mecánicas y el aislamiento prolongado en prisión; o favorecer una política de Estado integral en relación a la memoria histórica. Asimismo, el documento señala la necesidad urgente respetar los Derechos Humanos en la Frontera Sur y, por tanto, frenar las devoluciones en caliente que se producen en frontera de forma sistemática, e investigar y depurar responsabilidades por los hechos que tuvieron lugar el pasado 24 de junio de 2022, en donde tras la actuación por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza, se devolvieron de manera sumaria al menos 470 personas.

Las entidades firmantes piden al Estado que cumpla con los preceptos de la Convención, resolviendo aquellas cuestiones legales y prácticas que derivan en vulneraciones de DDHH e incumplen tanto este tratado como, en algunos casos, el derecho internacional. Las organizaciones esperamos que el organismo tenga en cuenta las recomendaciones y preocupaciones que se exponen en el informe a la hora de someter al país a examen este 20 de julio de 2023.

El Primer DNI Republicano