El escudo social y las elecciones

Ayer, 19 de julio, los partidarios del cambio social recordamos la efeméride de la Revolución española de 1936. Hablar de los cambios que demanda la mayoría social en un marco histórico determinado, que fue el de la década de los años 30 del siglo XX, exige entender el proceso y contradicciones de dicha sociedad. La colonización de América, que siguió a la unificación nacional impulsada por el reino de Castilla y Aragón, es sin duda el punto de partida del imperio español y de una monarquía española más papista que el Papa. La explotación y el comercio de tan amplios y ricos territorios, como los que dominó la romana monarquía española -después de haberse repartido el mundo con la monarquía portuguesa con la complicidad de la bendición papal-, vino a catapultar la acumulación capitalista, aliñada con el gran comercio esclavo entre Europa, África y América, que sentó las bases materiales del imperio español del siglo XVI.

Del siglo XVI al XVII se fragua una gran riqueza para los sectores cortesanos, en medio de una decadencia general que le lleva más tarde a perder, como dicen los historiadores, “la carrera de la historia”. A las guerras contra los protestantes por el dominio marítimo le siguió la decadencia de la Contrarreforma y el jesuitismo; pero el fondo histórico de la decadencia no puede ser entendido al margen de la crisis que constituyó el saqueo colonial y la consiguiente acumulación capitalista. Los metales preciosos saqueados y su efecto sobre los precios se convirtieron en un freno sustancial de la actividad económica productiva, con el retroceso de la agricultura y los productos manufacturados. De forma que España no conoció tanta miseria sino como consecuencia del saqueo del oro y la plata. La colonización que tanto prometía a los personajes ligados a la Corte, financió sus aventuras militares-religiosas, a costa de una enorme inflación y especulación, lo que convertiría al imperio español en una potencia mundial con una economía cada vez más parasitaria. La ganadería, y en particular el cultivo del ganado lanar, se potenció frente a la agricultura y la industria. El Estado sufre las consecuencias de la crisis económica estructural, mientras que la monarquía goza de la privatización de los metales preciosos. Un viaje de un escritor anónimo europeo a España, en el reino de Carlos II, sintetiza la situación en los siguientes términos: “Las cosas bellas y buenas son aquí muy raras, todo es caro, todo grita miseria, mientras que nosotros gritamos al hambre y al ladrón”.

Tras la guerra de sucesión entre los Habsburgo y los Borbones, el atraso y el oscurantismo se impuso en la corte monárquica de España, y continuó de espaldas a los avances de la Revolución francesa. La monarquía española se vendió a Napoleón, y el pueblo se sublevó en armas. Guerra que fomenta los principios liberales expresados en la Constitución de Cádiz contra el viejo aparato de estado, que se acaba imponiendo con el terror de Fernando VII. El poder absoluto se establece en medio de las revoluciones americanas, y frente a la misma resistencia del ejército que se niega a embarcar para la reconquista de las colonias en armas, lo que se saldaría con el vil asesinato del general Riego. La burguesía española, débil y parasitaria, resultó incapaz de imponer sus condiciones y se termina aliando con el poder del trono y el altar…

Por ello, ante el golpe fascista de julio de 1936 contra la República de 1931 (impulsado por los monárquicos de Alfonso XIII en el exilio, el respaldo de la Italia fascista, la Alemania hitleriana y el Vaticano), las amplias masas de trabajadores y jornaleros llegan al convencimiento de que ha llegado su hora. Por eso, intervienen directamente para acabar con el golpe militar y enfrentarse a todas las estructuras de poder contrario a sus intereses: por la reforma agraria, por la socialización de los grandes medios de producción, en una alianza de hecho impulsada por trabajadores de la ciudad y del campo que personalizan la revolución social española de 19 de julio de 1936. Las principales potencias internacionales pactan el estrangulamiento de la República española y su revolución social en un baño de sangre, con la imposición de una dictadura criminal que volvería a traer la monarquía de los Borbones.

Este largo saludo histórico de la revolución española de 1936 nos debe ayudar a entender el momento político de las elecciones del 23 de julio próximo. Toda una serie de medidas anticrisis que se han tomado por el gobierno de coalición de la izquierda oficial, conocido como “escudo social”, deberían haber evitado el daño causado por más de un millón cien mil desahucios de familias trabajadoras, de las colas del paro y la precariedad, así como de las colas del hambre y otras muchas expresiones de la crisis capitalista. Baste señalar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, el Ingreso Mínimo Vital, el aumento del SMI…, como las medidas económicas y políticas más importantes de este supuesto escudo frente a la miseria y la recesión. Veamos si la implantación y efectos de estas medidas han conseguido o no modificar la dura realidad que sufren los sectores obreros y populares.

Los ERTE, una de las figuras más publicitadas, formaron parte de la no derogación de la contrarreforma laboral del PP de la ministra Fátima Báñez. Financiados con fondos de la Unión Europea, evitaron la multiplicación del número de trabajadores en paro a costa de sostener empresas privadas con fondos públicos: unos tres millones y medios de trabajadores estuvieron afectados por un ERTE, cuya financiación debe ser pagada en el capítulo de la deuda. Las empresas privadas siguen siendo privadas, pero los gastos que las han salvado se suman a la Deuda Pública. De nuevo, beneficios privados financiados con deuda pública.

El Ingreso Mínimo Vital, que se aplica desde hace tres años, se aprobó en las Cortes sin ningún voto en contra y debía haber ayudado a cerca de un millón de familias pobres. Los organismos públicos encargados de la fiscalización de la acción del Gobierno reconocen que ese ingreso ha llegado solo a 294.000 familias, lo que desvela que los enunciados del escudo social alcanzan a la cuarta parte de la población afectada por pobreza.

La subida del SMI por el gobierno de Pedro Sánchez, que ha beneficiado a 2,5 millones de trabajadores, sigue siendo uno de los más bajos de toda Europa, y de ninguna manera resuelve los graves problemas de empobrecimiento social. La subida de los precios de los productos básicos y de las hipotecas sigue poniendo en cuestión la alimentación de millones de familias trabajadoras. Bienvenidas sean las subidas efectuadas del SMI, pero estas son realmente muy insuficientes para responder a las necesidades sociales más elementales como la vivienda y la alimentación.

Las pensiones y las medidas de privatización impulsadas por la Unión Europea en beneficio de los Bancos y demás entidades financieras no aseguran la estabilidad de diez millones de pensionistas, y cuestiona el derecho a una pensión pública para los beneficiarios del sistema público de pensiones.

No podemos entrar, por falta de espacio físico de esta gacetilla, en cómo el “escudo social” de la educación y la sanidad pública -y de las demás conquistas sociales- se ha puesto en cuestión con las medidas de privatización continuadas, con el recorte de los gastos sociales que van a fomentar la financiación de grandes empresas y bancos.

En las elecciones generales anticipadas, las demandas sociales y la experiencia acumulada van a jugar un papel muy importante a la hora del voto. Sea cual sea el resultado final de las mismas, las demandas sociales no dejarán de reiterarse para defensa material de los sectores más dañados por la explotación y la crisis: por la defensa de las conquistas sociales y democráticas contra los recortes sociales y las privatizaciones.

El Primer DNI Republicano