Franco y la tragedia judicial

Un libro reciente contiene un estudio de los procedimientos por los cuales la dictadura de Francisco Franco juzgaba a sus enemigos reales o presuntos. Una masacre judicializada que causó multitud de víctimas.

Alfonso M. Villalta Luna.

Tragedia en tres actos: Los juicios sumarísimos del franquismo.

Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2022.

319 páginas.

El que nos ocupa es de esos libros que reflejan investigaciones de largo aliento, que ponen en juego amplias fuentes y vastas referencias teóricas. Todo con un enfoque equilibrado, que no confunde distancia crítica con pretensión de neutralidad.

El objeto de estudio es un modo particular de juzgamiento por tribunales militares, que le permitió al franquismo dar una pátina de supuesta legalidad a lo que durante parte de la guerra se ejecutó por medio de asesinatos sin ninguna forma judicial. Del “paseo” y el tiro en la nuca se pasa a una escena de supuesta deliberación jurídica, en su versión militarizada. En esos juicios se prodigan las condenas a muerte y asimismo las largas penas de prisión.

Todo con una “urgencia” que reducía al mínimo las garantías procesales y el derecho de defensa. Y un peculiar modo de construir las pruebas que reconocía en la delación un elemento fundamental. Y permitía acusaciones imprecisas por conductas que sólo una mirada sesgada podía considerar como delitos.

Los sumarísimos eran una herramienta para la represión de los vencidos republicanos y asimismo al servicio de disciplinar a toda la sociedad española en torno a “la justicia de Franco”. Cualquiera podía sufrir una denuncia que lo colocara al borde de una sentencia a la pena capital. O de una estadía prolongada en manos de un sistema penitenciario que funcionaba en las peores condiciones para los presos y presas.

A este tipo de juicio los vertebraba la ideología y la práctica de deshumanización de los derrotados, reducidos a “hordas marxistas” que el “Nuevo Estado” debía castigar con severidad. Era el modo adoptado para restaurar el orden frente a las consecuencias de un “terror rojo”, cuyos culpables debían recibir condigno castigo.

Todo para consolidar una organización social signada por el catolicismo integrista, el privilegio de pocos y un espíritu de venganza de clase contra los osados pecadores que habían soñado con una España diferente.

Muchas veces ni siquiera se apelaba a la atribución de hechos concretos para condenar. Podía bastar con profesar determinadas ideas o con pertenecer a organizaciones sindicales o de partidos de izquierda. Incluso no profesar el catolicismo era una actitud al borde de lo delictivo. Hasta la más arbitraria de las denuncias era difícil de contrarrestar ante una instancia siempre proclive a la condena.

Las voces en los juicios.

La materia prima principal de la investigación son los expedientes generados en el ámbito de la “justicia” militar, que proporcionan las marcas fundamentales de lo que eran esos procesos.

A lo largo del trabajo de Villalta aparecen diversas voces en torno al juicio, la mayor parte tomadas de los propios expedientes. Allí están los instructores de los procesos, los delatores que con sus denuncias ponen en funcionamiento el mecanismo, las autoridades civiles, partidarias o religiosas que refuerzan las acusaciones o, a veces, dan avales para que sobre algún preso no caiga todo el peso de la normativa franquista.

También se refleja el transcurso de interrogatorios de presos maltratados y hacinados, que sufren prisiones para confesar y facilitar así su condena.

Asimismo habitan esas páginas los familiares y amigos que tratan de defender a los presos, y los propios prisioneros que procuran salvarse de la pena de muerte y se defienden como pueden, incluso a costa de humillarse ante los jueces que pueden disponer de su vida.

Son una multiplicidad de protagonistas de lo que culminaba en un “consejo de guerra” en el que se determinaba el destino de los “reos”. En algunos casos, el autor se detiene en personajes que se muestran “anómalos” en el desempeño del rol que tienen asignado. Así un alférez que parece tomarse en serio su rol de defensor y se esfuerza por aliviar la suerte de sus defendidos. Peculiaridad frente al común de los defensores, que procedían de manera mecánica y solicitaban que el acusado fuera condenado a la pena inmediata menor a la solicitada por la acusación.

También tiene su lugar un recluso al que se le encarga mecanografiar los interrogatorios y luego se las arregla para adiestrar a sus compañeros sobre cómo responder a las preguntas y qué actitudes sostener para salir un poco mejor parados, en procura de su salvación.

O dos adolescentes casi niñas a las que se las encarcela y somete a juicio por una denuncia de hechos nimios y no susceptibles de comprobación.

Con estos juicios la dictadura española reemplazó las ejecuciones sin forma alguna de juicio por los que muchas veces se convertían en verdaderos asesinatos judiciales. Así puede calificarse a muchos millares de sentencias que condenaban por “rebelión militar” a quienes habían defendido a la República contra los golpistas que procuraban derrocarla.

Villalta vuelve una y otra vez sobre la “justicia al revés”. Así la denominó a posteriori un altísimo jerarca del régimen, Ramón Serrano Suñer. Los que enfrentaron la sublevación militar y civil resultaban condenados por rebeldes.

La exaltación de Franco y la venganza contra los vencidos.

El culto al Caudillo y las fórmulas preconcebidas para justificar todos los actos de los adherentes al régimen recorren los documentos. La retórica encomiástica hacia el “Glorioso Movimiento” va en el mismo sentido. Los vencedores lo eran todo, los vencidos eran poco más que polvo a merced de la renovada marcha triunfal de los constructores de la “Nueva España”.

Se buscaba la venganza y la humillación de los contrarios. Que no eran sólo los centenares de miles de presos sino todxs los que tuvieron algo que ver con las organizaciones identificadas con la república. Incluso se iba contra sus familiares y allegados, que podían ser culpados de “auxilio” o “adhesión” a las conductas de otros. Bastaba un carnet de afiliación a un sindicato o partido para desatar la furia represiva.

Villalta destaca el particular ensañamiento contra algunos protagonistas de los procesos: Los anarquistas, máximos candidatos a la pena de muerte si reconocían su condición de tales. Y los maestros, vistos como perturbadores del orden social que habían “envenenado” a niños y jóvenes y por tanto portadores de una culpa inmensa. Se detiene en procesos que tienen ese tipo de víctimas, y expone como el sistema judicial estrecha aún más el cerco sobre ellos, en dirección a la pena capital.

El conjunto de la obra pone en evidencia y analiza a fondo una perversa ficción de “orden y justicia”, que encubre la realidad de destrucción sistemática de los percibidos como enemigos. Y nos da idea de la dimensión alcanzada por esos procedimientos, al estimar que hubo más de un millón de estos procesos.

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Hay que agradecerle a Villalta Luna el haber aportado nuevos elementos para la comprensión de los mecanismos de aniquilación construidos por la represión franquista. Y la incorporación de una variedad de testimonios, con protagonistas muy diferentes entre sí. De ese modo exhibe el tinglado teatral que se despliega en “tragedia”. Una en la que las cuasi divinizadas instancias de la dictadura caen sobre sus víctimas predefinidas, sin atender a razones ni voluntades.

Por su peculiar modo de navegar por la historia y la antropología, este es un libro infrecuente, un modo de echar una luz distinta sobre hechos de barbarie ya lejanos en el tiempo. Ello a partir de traer al presente tanto a víctimas como a victimarios y desentrañar la lógica de un poder estatal que convirtió al padecimiento masivo en un instrumento de autoafirmación.

El Primer DNI Republicano