El sábado 24 de junio se cumple un año de la matanza de Melilla donde al menos 40 personas perdieron la vida después de una acción coordinada por los gobiernos de España y Marruecos. Diferentes organizaciones sociales denuncian que cientos de personas sufrieron graves violencias como denegación de auxilio, torturas, tratos crueles y degradantes. Actualmente 77 personas siguen desaparecidas. En distintas partes del territorio se han convocado concentraciones para exigir justicia.
No sólo hace un año de la masacre sino también un año de impunidad de los actores políticos responsables de estas muertes. Responsabilidad que pesa no sólo sobre los ejecutores materiales de las violencias sino también sobre quienes la autorizaron y sobre quienes, posteriormente, garantizaron el encubrimiento de los hechos. No se nos olvida, por ejemplo, que Podemos pactó con el PSOE para defender la actuación de Grande-Marlaska a cambio del apoyo a Irene Montero cuestionada por la llamada ley del Solo sí es sí .
No se nos olvida, por ejemplo, que Podemos pactó con el PSOE para defender la actuación de Grande-Marlaska a cambio del apoyo a Irene Montero cuestionada por la llamada ley del Solo sí es sí
Tampoco se nos olvida la indiferencia de los movimientos sociales, en especial del feminismo y de las disidencias sexuales, que mantuvieron sus jornadas celebratorias “del orgullo” sin hacer referencia alguna –más allá de contadas excepciones– a la masacre ocurrida sólo unos días antes en sus fronteras. De hecho, en algunos espacios la consigna de “orgullo de país” sonaba como un insulto ante el dolor de tantas personas y comunidades que viven en este territorio y enfrentan de forma cotidiana el racismo social e institucional.
Así, asistimos a la normalización de las muertes de personas como resultado de las políticas migratorias europeas. Según documenta UNITED Against Refugee Deaths, en 30 años estas políticas produjeron la muerte de 52.760 personas. Estos crímenes ponen en evidencia la buena salud del sistema racista, capitalista y patriarcal que deshumaniza a parte de la población para garantizar el bienestar de las sociedades europeas. Especialmente, de esas personas que encajan con el modelo blanco de ciudadanía.
Asistimos a la normalización de las muertes como resultado de las políticas migratorias europeas. Según documenta UNITED Against Refugee Deaths, en 30 años han muerto 52.760 personas
También ponen en evidencia el carácter eminentemente colonial de los sistemas democráticos occidentales en los que vivimos. En el caso del reino de España, la violencia ejercida sobre las personas migrantes y la impunidad de los actores políticos responsables no responde al mal funcionamiento de la democracia, sino a una institucionalidad colonial, capitalista y patriarcal operando correctamente. En este sentido, Breny Mendoza explica cómo las democracias occidentales funcionan como un dispositivo del poder colonial construido a partir de la conquista de América que sigue vigente en nuestros días. Las democracias se constituyeron a partir de la usurpación de los territorios colonizados y los derechos de la gente del mundo, a través de guerras coloniales, de la destrucción violenta de otras formas de gobierno y de las organizaciones sociales.
En su libro Colonialidad, género y democracia , señala que es cada vez más urgente reconocer los orígenes coloniales e imperiales de la democracia occidental. Esto no sólo porque Occidente redobla sus esfuerzos en imponerse a través de la violencia y la guerra, sino también porque muchos pueblos oprimidos “siguen apostando a un modelo democrático, que en esencia, depende de su exclusión, eliminación y opresión”.
En épocas electorales como las actuales, que algunos llaman "la fiesta de la democracia", sus reflexiones son fundamentales para empezar a construir nuevos horizontes que vayan más allá de las propias políticas e instituciones de muerte instauradas hace más de 500 años.
Fuente → directo.cat
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