¡Ya era hora!

La alegría ha sido inmensa, como no podía ser de otra forma, después de 100 querellas presentadas y rechazadas, una tras otra, por los jueces de este país de tan débil democracia. El muro de la impunidad, fraguado durante el franquismo y mantenido y reforzado durante la transición, ha impedido –hasta el momento–, que la justicia fuera una realidad para las víctimas del franquismo y la transición.

"No hay mal que cien años dure", dice el refrán, pero en este caso, han pasado casi cien años desde el golpe de estado de 1936 y, si largo se nos hizo el franquismo con Franco, mucho más largo se nos está haciendo su extendida sombra sobre una democracia siempre amenazada y temerosa de que los herederos que aquellos que actuaron para hacer desaparecer a cualquiera que se opusiera a su poder, vuelvan a repetirlo. Y no es baladí este temor puesto que ninguno de los instigadores, ejecutores, asesinos, prevaricadores, ladrones, torturadores, cómplices, delatores... que sembraron de terror nuestras tierras durante tantísimos años, ha pagado por ello. Por eso nuestra insistencia en seguir peleando para que la justicia haga su trabajo.

Hubo que luchar contra una sanguinaria dictadura y una cruenta transición para conseguir los derechos democráticos básicos que se nos habían negado durante décadas y sufrimos por ello detenciones ilegales, torturas, asesinatos, cárcel, persecución... Ya era hora de que una juez escuchase el relato de una víctima. Ya era hora de que se conozca la verdad de lo que pasó: que el terror campó a sus anchas, desde el golpe de estado de 1936 y hasta mucho después de la muerte de Franco.

El pacto de silencio refrendado con la Ley de Amnistía en 1977 –utilizada como Ley de Punto Final–, hace tiempo que saltó por los aires gracias a la continuada denuncia de organizaciones como la nuestra (La Comuna) y otras como CEAQUA, Amnistía Internacional y organismos de Derecho Internacional que consiguieron poner en la picota este método de amordazar a las víctimas de los crímenes del franquismo que funcionó durante demasiado tiempo. El Estado español tiene que cumplir con sus compromisos internacionales y con lo que organismos de derechos humanos le vienen exigiendo desde hace años.

Lo dijo Pablo de Greiff, Relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación y las Garantías de No Repetición, en su extenso informe de 2012 y lo ha repetido en muchas otras ocasiones Fabián Salvioli, quien le sustituyó en el cargo, y que, tanto en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en septiembre de 2018, como en sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de septiembre de 2021, ha insistido en la necesidad de que se establezca "un marco jurídico que pueda ayudar al país a sanar y, finalmente, hacer justicia a todas las víctimas de violaciones pasadas de los derechos humanos y el derecho humanitario".. Sabemos que ha recibido con alegría y esperanza la noticia de la admisión de esta querella, que va en la línea de lo que él siempre había recalcado: existe suficiente legislación para procesar los crímenes del franquismo, solo falta la voluntad política del Estado. Y en esas estamos, porque la semana pasada el Senado acordó no tramitar una Proposición de Ley de modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El principio de legalidad es otro de los obstáculos que invocan los Juzgados y Tribunales españoles para no investigar los crímenes franquistas.

Ha sido una lucha de larga trayectoria:  tras fracasar en el intento de acceder a la justicia en el Estado español, las víctimas de los graves delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra, la dictadura y la transición, en aplicación de la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, tuvieron que presentar una querella, el 14 de abril de 2010, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Núm. 1 de Buenos Aires (República Argentina) –a cargo de la Jueza María Servini de Cubría– "por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista" que acumula ya cientos de querellantes. Entre 2013 y 2014 la juez María de Servini dictó varias órdenes de detención –vía Interpol– contra policías torturadores (entre ellos el capitán Muñecas y González Pacheco, "Billy el Niño"), ministros y jueces de la dictadura y la transición (entre ellos, Fernando Suárez González y Martín Villa) y otros altos cargos. Y pidió la extradición de varios de ellos, a lo que se negó la Audiencia Nacional.

Apostamos por seguir peleando hasta que ese muro de impunidad deje de ser infranqueable. Nos han precedido muchas y valiosas personas a quienes se lo debemos. Y también al conjunto de una sociedad que, en su mayoría, vive en la ignorancia de lo que sufrieron durante décadas todas aquellas personas que tenían ansias de libertad y no se rindieron. De esa ignorancia cultivada por el propio Estado, abonada por los medios de comunicación, mantenida por las instituciones, vienen los vientos que nos quieren volver al fascismo más descarnado y que tan útiles son para los poderosos. Nunca más.

Todas y todos recibimos la alegre noticia recordando la lucha y la enorme sonrisa de dos personas que ya no están: Carlos Slepoy y Chato Galante que confiaron, y nos hicieron confiar, en que este momento sería posible. Acertaron.