La exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera el pasado 24 de abril, tras el hito que representó la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos (hoy Cuelgamuros), supuso un nuevo capítulo en la aplicación de las leyes de memoria con respecto a la Guerra Civil y la dictadura, la primera aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la siguiente por el de Pedro Sánchez en octubre de 2022.

Quedan en cualquier caso muchas tareas por acometer en virtud de las legislaciones publicadas en el BOE por ambos presidentes socialistas y sin el consenso de la oposición de centroderecha. Algunas de ellas deberán sacarse adelante ante la oposición de ejecutivos autonómicos, municipios o de la Iglesia.

Fosas comunes

Según el último cálculo oficial, hecho público en 2008 en un auto judicial por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, permanecen en fosas comunes 114.000 republicanos ejecutados o desaparecidos entre 1936 y 1951. La recuperación de sus restos supone el mayor reto de la Ley de Memoria Democrática. Durante el mandato de Rodríguez Zapatero se ordenaron las exhumaciones, pero con Mariano Rajoy en la Moncloa el presupuesto para ello se redujo a cero. Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve a contemplar gastos para recuperar a las decenas de miles de ajusticiados de las cunetas donde yacen. Resta por ver si ese montante es suficiente y si se materializan todas las exhumaciones, interrogantes que podrían alargar años los procedimientos y estarían al albur de posibles cambios en el Gobierno.

Resignificar Cuelgamuros

El antiguo Valle de los Caídos, el mausoleo construido con presos republicanos por orden de Francisco Franco, ya no alberga las tumbas del dictador y de Primo de Rivera. Quedan aún así tareas pendientes, según las pretensiones del Gobierno y de la Ley de Memoria Democrática. La primera es la expulsión de la orden benedictina que habita en la basílica. Su prior es Santiago Cantera, quien en el pasado figuró en listas electorales de Falange, tal y como se esfuerza en recordar el Ejecutivo de Sánchez. En este punto, las negociaciones con a Conferencia Episcopal y hasta con el Vaticano resultarán cruciales.

Los benedictinos han puesto trabas a la exhumación de un centenar de víctimas de la Guerra Civil, la mayoría republicanos cuyos restos fueron trasladados a Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias. El último desafío es convertir el gran monumento del franquismo en un centro de reinterpretación de la dictadura y un lugar de recuperación de la memoria democrática; un plan que la ley no detalla. En cualquier caso, el pasado marzo el Ejecutivo madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) contraatacó con una ley autonómica apoyada por Vox para «preservar la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger».

Exhumaciones de Moscardó y Milans del Bosch

Solo dos militares golpistas quedan pendientes a priori de una exhumación, aunque en sus casos la ley no deja claro que se puedan realizar. José Moscardó -al frente de la defensa del Alcázar de Toledo en 1936- y Jaime Milans del Bosch -cadete en el Alcázar durante el ataque de las fuerzas republicanas y después uno de los líderes del 23-F- yacen en la fortificación toledana. Pese a las peticiones de exhumación, se encuentran en un habitáculo no expuesto a la exaltación del franquismo y cuya propiedad es del Ministerio de Defensa.

Anulación de juicios y condenas

La ley declara la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción, la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas. Esto da lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal. Quedan por revisar decenas de miles de condenas a muerte o trabajos forzados que las autoridades de la dictadura justificaron bajo el argumento de rebelión militar contra el bando nacional.

La ley fija que se deben restituir honores a estos represaliados, muchos de ellos fusilados tras el fin de la contienda. Uno de ellos fue el coronel Antonio Escobar, un ferviente católico que como coronel de la Guardia Civil en Barcelona se mantuvo fiel a la República tras el golpe de Estado. Fue fusilado en el castillo de Montjuic en 1940 y el pasado 18 de abril el Gobierno le reconoció el grado de general que se le otorgó durante la República. Miles de mandos republicanos yacen aún en el anonimato, como le sucedió a Escobar durante 63 años.

El Pazo de Meirás y el cortijo de Queipo de Llano

Según fija la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado octubre, «se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura». El pazo de Meirás, residencia coruñesa de verano de Franco, se ha recuperado como Patrimonio del Estado, una medida que apoyó Alberto Núñez Feijóo en su etapa como presidente de Galicia.

Aún así, la familia del dictador sigue litigando en los tribunales. Mientras la Justicia decide, a los descendientes del dictador solo se les ha permitido retirar del pazo algunas alfombras y cortinas de este palacete que, supuestamente, el pueblo gallego regaló a Franco. Otra gran propiedad en el punto de mira es el cortijo de la localidad sevillana de Camas que pertenece a la familia Queipo de Llano. Asociaciones de la memoria histórica exigen la expropiación de este terreno agrícola de 480 hectáreas. El general fue exhumado el pasado noviembre de la tumba en la que yacía en el interior de la basílica de la Macarena.Fundación Francisco Franco

La Ley de Memoria Democrática abre la puerta a ilegalizar fundaciones que hagan apología del franquismo, y muy especialmente de su líder. «Se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado», establece la norma. Desde la fundación sí se da por hecho que se propondrá su ilegalización en caso de que permanezca en el poder la coalición PSOE–Unidas Podemos.Llanos del Caudillo o San Leonardo de Yagüe

Quedan numerosas nomenclaturas de municipios y calles que, pese a la aprobación ya de la ley de 2007, mantienen nombres franquistas. Sin ir más lejos, sobre el mapa aún se leen nombres como Llanos del Caudillo (Ciudad Real) o San Leonardo de Yagüe (Soria). Este último pueblo es el lugar de nacimiento del general Juan Yagüe, responsable de la ejecución de al menos 3.000 prisioneros republicanos en Badajoz. La plaza de San Leonardo se llama Juan Yagüe. Fuente: heraldo.es